La empresa Oceana Gold pagó los $8 millones que debía por el arbitraje internacional que perdió frente al Estado salvadoreño y anunció que no tiene planes de continuar realizando actividades mineras en el país.
Con el pago de $8 millones más intereses se pone fin al litigio que comenzó años atrás entre Pacifi Rim, ahora Oceana Gold, y el Estado salvadoreño.
Un nuevo fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones obliga a la minera OceanaGold a pagar intereses sobre los $8 millones que debe al Estado salvadoreño.
Del comunicado de la Fiscalía General de la República:
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) notificó que la empresa minera Oceana Gold (antes Pacific Rim) debe pagar intereses al Estado de El Salvador sobre las costas procesales adeudadas por mencionada trasnacional.
Centroamérica debe tomar nota de que el gobierno canadiense se aleja de posturas ambientalistas y promueve y defiende los intereses de las inversiones de sus empresas minera en otros territorios.
El gobierno salvadoreño pretende lograr apoyos en Canadá en su litigio contra Oceana Gold, la empresa de capitales australianos y canadienses que comprara Pacific Rim, que había demandado al El Salvador por $301 millones porque no lo otorgaron los permisos para explotar una mina de oro en el Norte del país.
Lo que pierda el Estado de Costa Rica por el litigio por la fallida concesión de la mina Crucitas, saldrá del bolsillo de los que pagan impuestos.
EDITORIAL
Durante los 20 años que dura esta novela de la mina de oro Crucitas, ninguna de las personas físicas de una u otra manera involucradas, sufrieron perjuicio económico alguno y muchas, por el contrario, vieron aumentados sus ingresos y sus cuentas bancarias.
Las mineras y petroleras trasnacionales llevan a los estados a arbitrajes internacionales donde "sacan el dinero que ni siquiera llegaron a invertir".
Así lo afirma Manuel Pérez Rocha, coordinador de la Red para la Justicia en la Inversión Global, en Washington, quien explica que cuando algún estado latinoamericano suspende permisos de exploración o explotación, las trasnacionales siempre logran extraer ganancias a partir de los tribunales internacionales, particularmente en el Centro de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi).
El arbitraje entre el Estado salvadoreño y la minera Pacific Rim está en sus etapas finales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La minera canadiense había sido autorizada a explotar la mina El Dorado en el año 2002, durante la administración del presidente Francisco Flores, pero su sucesor Antonio Saca anunció -y cumplió- que no autorizaría ningún proyecto minero, posición que también mantuvo el actual presidente Mauricio Funes.