La canadiense Infinito Gold cesó operaciones y solicitó la suspensión temporal del arbitraje contra Costa Rica por la fallida concesión de la mina de oro Crucitas.
El cese de operaciones de la empresa por falta de recursos financieros, anunciado a mediados de julio, cuando renunciaron todos sus directores y gerentes, sería la principal razón por la que decidió pedir la suspensión temporal del proceso contra Costa Rica por la mina de oro Crucitas, por el cual exigían $94 millones por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá.
Infinito Gold reclama $94 millones perdidos por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá.
Industrias Infinito confirmó que su casa matriz, Infinito Gold, presentó una demanda contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en busca de una compensación a raíz de sus inversiones en el cancelado proyecto minero Crucitas.
La minera Bellavista acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para que se le permita reactivar la extracción de oro en Puntarenas.
De acuerdo con el gerente general de Metales Procesados MRW S.A., Donald Brown, la demanda contra el Estado costarricense fue puesta desde mayo pasado pero la información no se había dado a conocer hasta ahora. El funcionario afirma que no buscan ningún tipo de indemnización, únicamente pretenden que se les autorice reactivar las operaciones.
Tras la decisión final de la Sala Constitucional descartando sus demandas, Industrias Infinito anunció que continuará el litigio en tribunales internacionales.
“Industrias Infinito elevó a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) desde abril pasado, la firma solicita al Estado el pago de $1.092 millones de indemnización por el freno a la concesión minera”, reseña el artículo de Nacion.com.
Infinito Gold propuso como alternativas al Estado costarricense llegar a un acuerdo para reanudar su proyecto de minería de oro, o enfrentarse a una demanda internacional por $1.092 millones.
La minera canadiense había obtenido inicialmente permisos para la explotación de una mina de oro en el territorio costarricense, y ya había iniciado el proyecto cuando una sentencia judicial anuló la concesión, señalando vicios en el proceso de otorgamiento de los permisos, y daños ambientales.