Sorprendente diferencia entre las ofertas que recibió el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, en un concurso realizado exclusivamente entre entes estatales para evitar los controles obligatorios en las licitaciones públicas.
EDITORIAL
En Costa Rica ocurre un fenómeno que antes no ocurría: lo ilógico ya no sorprende, y, lo que es peor, lo inexplicable es aceptado con naturalidad.
Seis años después de la apertura del mercado las autoridades evaluarán si existe competencia efectiva como para eliminar topes y liberar las tarifas de telefonía e internet para celulares.
La metodología para determinar si existe o no competencia efectiva o genuina en el mercado de telecomunicaciones ya está aprobada y la Superintendencia de Telecomunicaciones espera tener los resultados a más tardar a fin de año.
Los topes que impone la Superintendencia a las tarifas por servicios de telecomunicaciones restringen la competencia al impedir a los operadores ofrecer paquetes más costosos a segmentos de mayor poder adquisitivo.
El sector telecomunicaciones solicita la liberación de las tarifas con el objetivo que sea el mismo mercado el que se encargue de definirlas, con la supervisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El mercado ya la desahució hace varios años, pero el gobierno de Costa Rica la mantiene viva artificialmente a costa del bolsillo de los contribuyentes.
EDITORIAL
Radiográfica Costarricense (Racsa), es una empresa estatal subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), principal actor de las telecomunicaciones de Costa Rica, aún después de la apertura del mercado en el 2010.
Mientras se pide la competencia efectiva en el mercado, la Superintendencia de Telecomunicaciones se convierte en la piedra en el zapato de las empresas de telecomunicaciones.
En los trámites realizados por Holst Van Patten S. A. en el que adquiere los servicios de internet satelital, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) pidió gestionar una autorización de concentración y más tarde se retractó aclarando que no procedía.
Los operadores del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica piden que se elimine la intervención del regulador en las tarifas y se opere en un marco de libertad comercial real.
Luego de más de seis años de haberse promulgado las leyes que abrieron el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica, ningún operador tiene la posibilidad de fijar unilateralmente los precios finales o manipular las condiciones del mercado de las telecomunicaciones.
La participación en el mercado de telefonía celular de la estatal Instituto Costarricense de Electricidad cayó al 65%.
Al cierre del 2012 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) poseía el 79% de participación en el mercado de telefonía móvil, cifra que se redujo a 65% a setiembre de 2013. Esa porción del mercado fue absorbida por los competidores extranjeros Claro y Movistar.
Cinco años después de la caída del monopolio, hay más empresas, más usuarios y más oferta de servicios, con un crecimiento del 45% en el aporte del sector al PIB.
Según datos reportados por las compañías de telecomunicaciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el aporte del sector a la economía ha crecido un 45% en los últimos cinco años.
Las telecoms de Costa Rica exigen que se deroge el decreto que permite al Gobierno adjudicar sin concurso proyectos específicos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
De acuerdo con la Cámara de Infocomunicación y Tecnología esto podría causar distorsiones en el mercado y advierten que el decreto podría tener implicaciones y consecuencias ante posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (Cafta).
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