Luego de superar los tres debates en la Asamblea Nacional, el presidente Cortizo sancionó la ley que crea el régimen de Asociación Pública-Privada en Panamá.
Según el texto de la Ley que llegó a manos del Ejecutivo, las empresas que estén morosas en el pago de las multas por incumplimiento de contratos, tendrán limitaciones para participar en estos modelo de concesión pública.
En Panamá aprobaron en tercer debate el proyecto de Ley que crea el régimen de Asociación Pública-Privada, que en su última versión fijó limitaciones a empresas señaladas en actos de corrupción.
Según el texto aprobado y que espera la aprobación del Ejecutivo, las empresas que estén morosas en el pago de las multas por incumplimiento de contratos, también tendrán limitaciones para participar en estos modelo de concesión pública.
El uso de un certificado de operación, la identificación del auto con el logo de Uber y que el conductor tenga una licencia tipo E1, son algunas de las propuestas que recopila un proyecto de ley presentado ante la Asamblea.
El 9 de septiembre se presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para modificar el "Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017", por medio del cual se pretende imponer requisitos a los conductores que presten el servicio de transporte, mediante la plataforma de Uber. Ver iniciativa completa.
La eliminación de lo relativo a la inhabilitación para contratar las personas naturales y jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción, es uno de los cambios más importantes realizados al proyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público - Privada.
Proponen modificar la ley para que se limite a una sola vez, el otorgamiento de la dispensa de la sanción penal cuando se pague el monto de la obligación tributaria defraudada antes de la sentencia de primera instancia o durante la fase de investigación.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará próximamente un proyecto para modificar el artículo No. 288-J de la Ley No. 70 de enero de 2019, propuesta que es respaldada por el sector empresarial.
Fue presentada una propuesta de ley que establece los derechos y responsabilidades de los empleadores y trabajadores que en el país recurran a la modalidad de teletrabajo.
Para regular la nueva tendencia laboral de Teletrabajo en nuestro país, la Comisión de Trabajo recibió el anteproyecto de ley No. 125 propuesto por el diputado Raúl Fernández, informó la Asamble Nacional.
Luego de que sectores obreros y sindicales rechazaran el proyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público - Privada en Panamá, la Asamblea decidió suspender su discusión en segundo debate.
En atención a la solicitud de extender el periodo de consultas por parte de un sector del país, el pleno de la Asamblea Nacional suspendió la discusión del segundo debate del proyecto de Ley 12, que crea el Régimen de la Asociación Público Privada (APP) como una herramienta para el desarrollo a la inversión del sector privado, social y la creación de empleos, informó el gobierno el 27 de agosto de 2019.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia. Sin embargo, esta no puede operar, debido a la inexistencia de un marco jurídico.
Hacer excepciones del registro sanitario de los productos farmacéuticos en situaciones de desabastecimiento crítico, es el cambio más importante que se proponen las autoridades.
Luego de recibir el visto bueno por parte del Consejo de Gabinete, se tiene previsto que la próxima semana, la ministra de Salud, Rosario Turner Montenegro, presente ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley, que busca modificar la Ley 1 de Medicamentos.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate el proyecto de ley que crea el Régimen de Asociación Público - Privada.
El 19 de agosto la Comisión de Economía y Finanzas, aprobó en primer debate el proyecto que busca regular los contratos, generalmente de largo plazo, entre el sector público y el sector privado para el diseño, construcción, reparación, expansión, financiamiento, explotación, operación, mantenimiento, administración y/o suministro de proyectos y servicios tales como carreteras, energía, telecomunicaciones, transporte público, puertos y tratamiento de aguas, entre otros.
La administración Cortizo prepara un proyecto de ley para crear el Sistema de Control Integrado en la frontera con Costa Rica, con el objetivo de simplificar el tránsito de personas, vehículos y mercancías entre ambos países.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que, Alejandro Ferrer, jerarca de la institución, con el apoyo de la Directora de la Autoridad de Aduanas de Panamá, Tayra Barsallo, presentó al Consejo de Gabinete, el proyecto de Ley por el cual se aprueba el acuerdo marco para implementar sistemas de control integrado binacional en los pasos de frontera entre Panamá y Costa Rica (Paso Canoa, Río Sereno y Sixaola).
Con la propuesta del marco regulatorio para las Alianzas Público Privadas en Panamá, empresarios de la construcción esperan que se logre asegurar que los proyectos concluyan con los parámetros exigidos y que los procesos sean transparentes.
Los cambios en las legislaciones encaminados a restringir el uso de envases y recipientes descartables de plástico, obligan a las empresas a buscar otras opciones, algunas de las cuales podrían ser hasta cinco veces más costosas.
De enero a abril de este año se suscribieron en Panamá $105 millones en primas de autos, 7% más que lo reportado en igual período de 2018, lo que se explica en parte por las modificaciones en el seguro básico de accidentes de tránsito.
El último reporte de la Contraloría General de la República precisa que entre el primer cuatrimestre de 2018 y el mismo período de 2019, el valor de las primas suscritas en el ramo de automóviles creció desde $98,1 millones a $104,5 millones, lo que equivale a un aumento de 6,5%.
En Costa Rica la Asamblea Legislativa ratificó la prohibición de la importación, comercialización y distribución de recipientes de poliestireno expandido, más conocido como estereofón.
Con la aprobación en Segundo Debate del expediente 19.833 “Adición de un artículo 42 bis, un inciso d) al artículo 50 y los transitorios XIII, XIV Y XV a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N.° 8839, los diputados acordaron prohibir la importación al territorio nacional, la comercialización y la entrega de envases y recipientes de poliestireno expandido en cualquier establecimiento comercial, informó la Asamblea mediante un comunicado.
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