En Panamá la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que regulará el arrendamiento de bienes inmuebles, para que el cliente que alquila una propiedad tenga la opción de comprarla.
Con el aval legislativo de esta propuesta, se espera que los inquilinos tengan opción a comprar el inmueble que están alquilando, se reactive el mercado de viviendas, que se ha visto dañado severamente a causa de la crisis económica que afecta al país.
La administración Cortizo decidió extender hasta el 30 de junio del próximo año, la vigencia de la ley que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por bancos, cooperativas y financieras públicas y privadas.
La ley que promulgada el 1 de julio en la Gaceta Oficial, señala que hasta el 31 de diciembre de 2020 se podría acoger a los beneficios de la moratoria las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias aplicadas por el covid19. Con las nueva medida anunciada por la Presidencia, el plazo se amplió por seis meses más.
Fue presentada ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que pretende regular el arrendamiento de bienes inmuebles, para que el cliente que alquila una propiedad tenga la opción de comprarla.
Para regular el arrendamiento financiero de bienes inmuebles conocido como leasing inmobiliario o leasing habitacional, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, fue el funcionario el Ejecutivo que presentó el proyecto ante la Asamblea.
A raíz de los cambios que en Panamá realizó la Asamblea respecto al pago total de los recursos depositados en los casos en que los bancos se encuentren en proceso de liquidación, la Asociación Bancaria pide que se construyan políticas públicas consensuadas.
El pleno de la Asamblea tras las corregir las formulaciones hechas al documento por el Ejecutivo pasó en tercer debate el Proyecto 308 que adiciona disposiciones al Decreto Ley 9 de 1998 sobre el Régimen Bancario en Panamá, informó el pasado 30 de septiembre el órgano legislativo.
Fue publicada en La Gaceta la ley que establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas, hasta el 31 de diciembre de 2020, para personas naturales y jurídicas afectadas por la pandemia.
La ley promulgada el 1 de julio en la Gaceta Oficial, señala que podrá acogerse a los beneficios de la moratoria las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias aplicadas por el covid19.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate una iniciativa que busca extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la moratoria sobre préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras, para los clientes que hayan sido afectados por el brote de covid19.
El pleno legislativo aprobó el 17 de junio en segundo debate las modificaciones al Proyecto de Ley No. 287, que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del covid19 en la República de Panamá, tras ser vetada parcialmente por el Ejecutivo. Los diputados aprobaron modificaciones a los artículos 2, 4, 5, 7 y la eliminación del 3, informó la Asamblea Nacional.
Luego de que el presidente Cortizo vetara parcialmente el proyecto de ley de moratoria, la Asamblea Nacional discute en segundo debate la iniciativa, innecesario para el Superintendente de Bancos, quien asegura que la banca ya ha implementado las medidas necesarias.
A pesar de que el 4 de mayo el presidente Laurentino Cortizo y la representante de la Asociación Bancaria de Panamá, Aimee de Grimaldo, firmaron un acuerdo para extender la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020 debido a la crisis económica causada por el covid19, los diputados se declararon en sesión permanente para discutir en segundo debate el proyecto de moratoria (ya vetado por el presidente) en sesiones extraordinarias del 15 al 18 de junio.
Presentaron ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley que en materia de expedición de tarjetas propone prohibir la práctica del descuento adelantado por el cargo de morosidad.
El documento también contempla que los bancos accedan a pactar un arreglo de pago con el deudor cuando el cliente presente una morosidad en su préstamo de más de 90 días.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley, por medio del cual se pretende crear la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Este proyecto legislativo, enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias, busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financimiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley aprobado por la Asamblea establece quiénes y cómo podrán obtener la licencia fiduciaria, y los procedimientos a seguir para fusionar o modificar fideicomisos.
La ley establece nuevos parámetros para las empresas de cumplimiento, el fortalecimiento de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, el otorgamiento, a la Superintendencia de Bancos de Panamá, de responsabilidades de supervisión de otros sujetos financieros, entre otros aspectos contemplados en la iniciativa. Además, el proyecto de Ley 412 propone el establecimiento de una plataforma legal para promover el mercado local.
El Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto de ley que incorpora a sectores no financieros como zonas francas y bienes raíces a la lista de entidades obligadas a reportar información de acuerdo a la ley.
Bancos con dificultades para mantener sus corresponsalías y restricciones para empresas panameñas en el mercado financiero externo, son algunas de las consecuencias de estar en la lista gris de la GAFI.
El gobierno panameño espera presentar, durante el próximo mes, el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, que busca controlar la gran mayoría de actividades económicas exigiendo controles adicionales a las que no tienen mayor supervisión. Con esto se pretende salir de la lista gris y cumplir con el plazo otorgado por el Grupo De Acción Financiera, que se vence en junio próximo.
El proyecto de ley a presentar ante la Asamblea Nacional en febrero establece la obligación de reportar operaciones sospechosas en actividades no específicamente financieras.
Esta iniciativa es parte del paquete de reformas pactadas con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para reforzar la legislación contra el blanqueo de capitales y para salir de las denominadas "listas grises". Se espera que para junio del 2015 ya se cuente con una estructura legal actualizada.
Las autoridades financieras de Panamá analizan establecer una tasa de regulación y supervisión, y modificar aspectos como requisitos de licencia para ejercer el negocio y montos mínimos de capital requeridos para operar.
Los ajustes que se proyectan realizar se dividen en dos grandes áreas: las funciones de regulación y supervisión y los ajustes legales del propio negocio de fideicomiso, que incluyen temas como las facultades y competencias privativas de la Superintendencia de Bancos de Panamá para regular y supervisar a las empresas fiduciarias y al negocio de fideicomiso.
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