Reportan que una de las 17 zonas francas que opera en el país comenzó el proceso para cerrar sus operaciones por completo, debido a la inseguridad jurídica que ha generado la ley emergente de empleo.
Las empresas que operan en zonas francas llevan varios meses reclamando la grave situación que han debido enfrentar desde que se implementó la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que en lugar de favorecer la inversión y generación de empleo, ha resultado en un buen ejemplo de cómo desincentivar la inversión en un país.
Con la acción de inconstitucionalidad la gremial de zonas francas pretende que vuelvan a incluirse los 25 sectores que quedaron excluidos de los beneficios fiscales en la nueva ley.
El reglamento de la polémica Ley Emergente para la Conservación del Empleo aún está en proceso de revisión por parte de la Procuraduría General de la Nación, y las autoridades del Ministerio de Economía aeguraron que evaluarán la posibilidad de modificarlo, ya que la ley ya está vigente y solo puede ser revisada por el Congreso.
Las empresas usuarias denuncian falta de certeza jurídica por la implementación de la ley emergente de empleo, que estableció una lista de actividades y mercancías que ya no pueden realizar ni comercializar.
Pérdida de inversión extranjera por inseguridad jurídica y eliminación de puestos de trabajo es parte de lo que la Asociación de Zonas Francas de Guatemala espera en el mediano plazo si no se revierte parte de lo establecido en el Acuerdo 65-89 de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, que entró en vigencia en marzo.
La nueva ley prohíbe a bancos y entidades financieras implementar prácticas abusivas para lograr el cobro de deudas.
Del comunicado del Congreso de Guatemala:
Con 108 votos a favor, los diputados al Congreso aprobaron las reformas a la Ley de Bancos, con lo cual se prohíbe el acoso y practicas abusivas de la cobranza por parte de entidades crediticias.
Empresas de zonas francas reclaman que la falta del reglamento a la ley emergente de empleo les impide comercializar productos que fueron terminados antes de la entrada en vigencia de la ley.
A los productos terminados y listos para ser comercializados se suman también materia prima, maquinaria y otros insumos de producción que ingresaron a la zona franca antes de que se aprobara la nueva ley y que ahora se encuentran en un vacío legal, al no existir un reglamento que establezca el tratamiento que se les debe dar en el contexto de la nueva legislación.
A partir de diciembre de 2016 el país asiático impedirá el ingreso de productos agrícolas que contengan algún residuo de agroquímicos.
Del comunicado del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica:
Las autoridades del SFE comunican a los exportadores de productos vegetales no procesados con destino a Corea, que esta nación estableció una nueva legislación en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas.
El sector empresarial llama a retomar la discusión para aprobar una ley de aguas que garantice el suministro del recurso de forma sostenible y racional.
Del comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF):
CACIF y las cámaras del sector privado organizado promueven entre sus agremiados una agenda de compromiso con el medio ambiente y el uso racional y cuidado del agua, como un recurso vital.
La ley regula la constitución, autorización, fusión, funcionamiento, operaciones, servicios, suspensión y liquidación de Microfinancieras de Ahorro y Crédito y de las Microfinancieras de Inversión y Crédito.
Del comunicado del Ministerio de Comercio:
Guatemala, 13 de abril de 2016. El Congreso de la República aprobó este martes 12 de abril la Iniciativa 4791: Ley de Entidades de Microfinanzas y de Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro, a la cual le corresponde el Decreto 25-2016. La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de 105 diputados, 9 en contra y 44 ausentes.
Corte superior la anuló temporalmente debido a falta de dictamen del Banco de Guatemala y a que el Congreso la aprobó sin la mayoría estipulada por ley.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente la Ley de Tarjetas de Crédito, vigente desde el 8 de marzo pasado. Gloria Porras, presidenta de la CC, dijo a Prensalibre.com que uno de los principales vicios fue que el Congreso no aprobó la Ley con mayoría calificada de 105 votos.
En el mismo día de su entrada en vigencia, la gremial de empresarios presentó una acción de inconstitucionalidad en su contra, argumentando que es lesiva para el libre mercado financiero.
Por segunda vez presentaron un recurso para suspender provisionalmente la entrada en vigencia de la ley, volviendo a argumentar que no se siguieron los procesos correspondientes y que su aplicación tendrá efectos negativos sobre el mercado financiero guatemalteco.
El amparo interpuesto contra la ley que establece topes a las tasas de interés que cobran las emisoras de tarjetas fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó los amparos interpuestos en contra la Ley de Tarjetas de Crédito, presentados en enero por la Asociación de Bancos de Guatemala (ABG), la Asociación de Emisores de Medios de Pago (AEMPG) y el diputado Ronald Arango, informó Republica.com.gt.
Los recursos de inconstitucionalidad presentados por entidades bancarias y la Asociación de Emisores de Medios de Pago podrían postergar la entrada en vigencia de la ley, prevista para marzo de 2015.
Las acciones de inconstitucionalidad argumentan que al momento de aprobar la polémica ley, el congreso no siguió los procesos correspondientes, entre ellos, la solicitud de la opinión de la Junta Monetaria por parte de los diputados.
La polémica ley que limita las tasas de interés que pueden cobrar los emisores de tarjetas de crédito fue sancionada por el presidente Maldonado y entrará en vigencia el 8 de marzo de 2016.
Pese al pedido del sector financiero de vetar la nueva ley, el presidente Maldonado decidió sancionarla en su totalidad, y ahora la Superintendencia de Bancos deberá emitir los reglamentos necesarios para su aplicación.
Con la aprobación de las últimas reformas a la Ley de Compras Públicas se limitan las adquisiciones por medio de contratos abiertos y se prohíbe la participación de funcionarios públicos como proveedores.
Los funcionarios y sus familiares no podrán venderle bienes o servicios al Estado mientras estén ejerciendo sus cargos, y tampoco podrán actuar como proveedores quienes hayan financiado con montos anuales superiores a $3800 campañas electorales u organizaciones políticas en el proceso electoral inmediato previo a la administración que esté vigente.
Las empresas emisoras objetan especialmente el tope al interés que pueden cobrar, señalando que aumentará el riesgo crediticio y reducirá el número de tarjetahabientes.
El artículo en Lahora.gt reseña que "... Roberto Fuentes, de la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), indicó que la Ley de Tarjetas de Crédito no cuenta con las bases técnicas necesarias para que realmente tenga un efecto positivo sobre los usuarios.
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