En Guatemala el presidente Alejandro Giammattei decidió vetar las reformas a la Ley de Contrataciones y anunció que el proyecto será devuelto al Congreso con las respectivas observaciones.
Según el Giammattei, las observaciones consisten en que las reformas a la Ley de Contrataciones sólo deben aplicar para las compras que realicen las Municipalidades y no para las licitaciones que realizan las instituciones del Ejecutivo.
En Guatemala las Cámaras de Industria, Construcción, Comercio y del Agro, coinciden en que las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado constituyen un retroceso en materia de transparencia y abren la puerta para mayor opacidad en el gasto público.
El Congreso de la República de Guatemala aprobó en tercer debate y por redacción final las reformas a la Ley de Zonas Francas, normativa forma parte del paquete de leyes de reactivación económica para el país.
Esta propuesta fue presentada ante Dirección Legislativa en 2016 por el legislador Oscar Stuardo Chinchilla y los exdiputados Carlos Enrique Chavarría Pérez y Carlos Rafael Fión Morales.
En Guatemala el sector exportador espera que con la nueva "Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos", los trámites largos, costosos y burocráticos serán cosa del pasado.
El proyecto de decreto aprobado por los diputados pretende promover la digitalización de trámites administrativos, permitiéndole a los guatemaltecos a utilizar la tecnología que tienen a su alcance para efectuar trámites e interactuar con el gobierno, destaca un comunicado oficial.
En Guatemala el Congreso de la República aprobó las modificaciones al Decreto 57-92, que permiten ampliar los montos de compra directa y de baja cuantía.
Con el voto favorable de 82 congresistas, el Pleno del Congreso aprobó la noche de este miércoles 28 de abril, el Decreto 4-2021, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, informó el Organismo Legislativo.
Por la posible comisión del delito de Defraudación Tributaria, la Superintendencia de Administración Tributaria intervino a la empresa mercantil J.I. Cohen.
La intervención fue autorizada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Municipio y Departamento de Guatemala, informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Argumentando que las medidas aplicadas por el gobierno perjudica directamente a empleados y dueños de restaurantes y bares, en Guatemala un grupo de empresarios interpuso un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad.
Las restricciones a la actividad productiva ya se aplican desde días atrás, pues con el objetivo de impulsar acciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de la enfermedad Covid19, el pasado 17 de abril fue publicado en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Ministerial 87-2021, marco regulatorio que obliga a reducir al 25% el aforo en los centros comerciales, plazas comerciales, tiendas de conveniencia y restaurantes.
Con el objetivo de promover la competencia leal entre empresas e incentivar el cumplimiento de la legislación laboral vigente, el Ministerio de Trabajo creó la Constancia de Buenas Prácticas Laborales.
Al obtener la Constancia de Buenas Prácticas Laborales (BPL), el empleador contará con un documento físico emitido por el ente rector en materia laboral a nivel nacional, que evidencia que cumple con lo establecido en el Código de Trabajo, informó el Ministerio de Trabajo.
A pocas semanas de que en Guatemala asuman los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el sector empresarial pide que los nuevos integrantes de la máxima corte aboguen por un estado de derecho real y se le brinde seguridad jurídica a las inversiones.
En los últimos años la Corte de Constitucional (CC) de Guatemala ha ganado protagonismo en el ámbito económico del país, pues sus fallos han afectado a distintas inversiones que ya operaban a nivel local.
El Congreso aprobó por artículos y redacción final la Ley de leasing, marco jurídico que establece mecanismos para que las personas puedan rentar con opción a compra.
Con 101 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el Decreto 2-2021, Ley de Leasing, con el cual se regula el arrendamiento con opción a compra en la legislación guatemalteca, informó el organismo legislativo.
Dos años después que entrara en vigencia en Guatemala la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, sólo se han inscrito 40 empresas bajo la figura de Sociedades de Emprendimiento, situación que se explica en parte por la falta de incentivos que brinda el marco jurídico.
Argumentando que los efectos económicos y sociales de la pandemia del covid19 en el país han sido considerables, las autoridades locales decidieron que durante 2021 el salario mínimo no aumentará.
En ningún caso los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado en el Acuerdo Gubernativo 250-2020 que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2021, destaca el comunicado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Debido a que en Guatemala el plan piloto que pretende comprobar la eficiencia del uso del etanol en las gasolinas ha dado los primeros resultados positivos, las autoridades prevén presentar en el primer trimestre del 2021 una propuesta de ley para regular su uso.
Con la reforma del acuerdo gubernativo 17-2020, en Guatemala se retrasó por un año la entrada en vigencia de la norma que obliga a las unidades de transporte de pasajeros y carga a contratar un seguro de responsabilidad civil.
A más de dos años de haberse presentado en Guatemala una iniciativa para crear una entidad autónoma conformada por gobierno e inversionistas privados, que estaría encargada de planificar y ejecutar obras viales, la propuesta aún no recibe el aval por parte del Legislativo y la red vial continúa en mal estado.
Durante el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2017 surgió la propuesta de crear la Superintendencia de Infraestructura Vial (Sivial), institución que sería una entidad autónoma con la función de planificar, licitar y contratar obras de infraestructura.
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