El pasado 2 de diciembre nueva propuesta de Ley de Tarjetas de Crédito recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía del Congreso de Guatemala, y ahora deberá pasar a discusión en el pleno.
La falta de una ley de competencia en Guatemala podría exponer al país a recibir sanciones por parte de las autoridades europeas, pues es un requisito exigido en la normativa del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
El Acuerdo de Asociación (AdA) exigía desde finales de 2016 que Guatemala debía tener una ley en la materia, ya que en 2019 se tendría que crear una autoridad centroamericana de competencia.
Implementar un sistema mixto de tasas de interés compuesto por una fija con contrato por un determinado tiempo y otra variable pactada entre el cuentahabiente y el emisor, es una de las propuestas que se discuten en el Congreso de Guatemala.
La propuesta de dos tasas de interés fue presentada por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies), ante la Comisión de Economía del Congreso, encargada de discutir las propuestas para los cambios de la Ley de tarjetas de crédito 5544.
Se presentará ante el Congreso de la República de Guatemala una iniciativa de ley que pretende obligar a contadores públicos, auditores, abogados y notarios, a reportar sus transacciones.
El proyecto de Ley que busca ampliar los alcances de las personas obligadas sujetas a control del lavado de dinero, y que será presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB), va dirigido principalmente a los profesionales como personas individuales, pero también incluirá empresas inmobiliarias, agencias de vehículos y casinos.
A dos años de haberse presentado en el Congreso de Guatemala, la iniciativa para reformar la Ley de Zonas Francas sigue a la espera de ser aprobada.
En 2016 fue presentada ante el Congreso de la República la iniciativa 5174, que ha sido debatida en citaciones hechas por los diputados y en reuniones del Gabinete Económico del Poder Ejecutivo, sin llegar a aprobarse.
En Guatemala empresarios del sector alimentario se oponen a cinco iniciativas de ley que modificarían las reglas de etiquetado y aumentarían el impuesto a las bebidas azucaradas.
Según la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), los proyectos de ley que pretenden incrementar el IVA de 12% a 20% a las bebidas azucaradas y cambiar las reglas de etiquetado, están fundamentados en desinformación.
Luego de realizar más de 40 enmiendas al proyecto anterior, la comisión legislativa presentará la propuesta y espera que el proceso avance sin más modificaciones.
La Comisión de Economía del Congreso de la República informó que presentaron un segundo dictamen de la iniciativa de Ley de Competencia, y aprovecharon para explicar que entre los partidos que participaron en la sala de trabajo, acordaron que el tema se conocerá en una sola lectura y que no se presentarán enmiendas de última hora.
Se contempla la creación de un Viceministerio de recurso hídrico para supervisar su uso y sanciones a quienes realicen desvíos de ríos sin autorización.
La propuesta de ley además crea tarifas de pago por el uso directo de la toma de agua, multas, regulaciones, proyectos de reforestación y sostenibilidad de cuencas, entre otros temas.
Del comunicado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales:
El gremio volvió a insistirle al gobierno sobre la urgencia de aprobar la ley que confiere incentivos fiscales a la industria de maquilas para mantener su competitividad en el mercado global.
Una vez sea aprobada la ley de Inversión y Empleo, decreto 4644, entrarían en vigencia "... Incentivos fiscales a la industria de maquilas, con plazos de exoneraciones del Impuesto Sobre la Renta a 15 años para las que se instalen en la capital y 25 para las que vayan a los departamentos."
Un proyecto de ley presentado por el gobierno pretende flexibilizar el acceso al mercado panameño de las empresas extranjeras en la prestación de servicios marítimos auxiliares.
Extraído del proyecto de ley presentado por el gobierno de Panamá:
La Ley 41 de 14 de junio de 2013, mediante la cual se reforma el Decreto Ley N.° 8 de 1998, la Ley 56 de 2008 y la Ley 57 de 2008 que dicta otras disposiciones sobre el trabajo en el mar y las vías navegables, restringe significativamente el acceso al mercado panameño a los inversionistas extranjeros en la prestación de los servicios marítimos auxiliares en la República de Panamá.
La propuesta pretende regular el precio final de los medicamentos y crear un ente superior al Ministerio de Salud que sería el encargado de verificar los precios y la calidad de los mismos.
Deficiencias, incongruencias e inconstitucionalidades han sido señaladas luego que se diera a conocer la iniciativa de Ley de medicamentos, bienes y servicios relacionados a la salud, propuesta por el diputado independiente Carlos Herrera y que busca regular el precio final de los medicamentos al consumidor.
El sector industrial y comercial de Guatemala considera la medida como un mensaje contradictorio y poco amigable a la inversión.
De acuerdo con el presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, Mario Marroquín, “se manda un mensaje contradictorio, porque hace pocos días se realizó el Investment Summit 2013, donde se presentó a Guatemala como un potencial para invertir en muchos sectores, incluidos el minero, y ahora se dice que no habrá otorgamiento de licencias, ¿qué pasa entonces con quienes se interesaron en el país?”.
El Gobierno guatemalteco pretende una moratoria de dos años para la industria minera, con el fin de estudiar una nueva ley para el sector.
De la nota de prensa del Gobierno de Guatemala:
El mandatario Otto Pérez Molina anunció que su gobierno asumió la decisión “trascendente” de proponer una moratoria para la industria minera, que se concretará con el proyecto de ley que se presentará este miércoles al Congreso de la República.
Un proyecto de Ley pretende la reforma de los artículos 30, inciso d y 37 del Código de Trabajo, para fortalecer la aplicación del Principio de Continuidad en las relaciones regidas por el Derecho Laboral.
Luis Guillermo Rodríguez
lrodríguez@bdsasesores.com
El Principio de Continuidad es uno de los principios propios del Derecho Laboral, cuya finalidad primordial es buscar la estabilidad de las relaciones laborales en beneficio del trabajador.
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