A pocas semanas de que en Guatemala asuman los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el sector empresarial pide que los nuevos integrantes de la máxima corte aboguen por un estado de derecho real y se le brinde seguridad jurídica a las inversiones.
En los últimos años la Corte de Constitucional (CC) de Guatemala ha ganado protagonismo en el ámbito económico del país, pues sus fallos han afectado a distintas inversiones que ya operaban a nivel local.
Dos años después que entrara en vigencia en Guatemala la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, sólo se han inscrito 40 empresas bajo la figura de Sociedades de Emprendimiento, situación que se explica en parte por la falta de incentivos que brinda el marco jurídico.
Luego de que en 2015 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendiera la puesta en funcionamiento de salarios diferenciados, la administración Giammattei prevé discutir durante 2021 la aplicación de sueldos mínimos regionales y el plan es que entren en vigencia en 2022.
En el 2015 el gobierno de Guatemala estableció salarios diferenciados para los municipios de Masagua, en Escuintla, Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso, y Estanzuelas, en Zacapa.
El reglamento para las Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas, que entró en vigencia en Guatemala el 4 de febrero, establece incentivos fiscales a las compañías que operen bajo este esquema.
Entre los beneficios fiscales que contempla la Ley de Zonas de Desarrollo Económicas Especiales Públicas (ZDEEP), destacan la exoneración por 10 años del 100% del Impuesto Sobre la Renta, así como la suspensión temporal de los impuestos asociados a las importaciones.
A dos años de haberse presentado en el Congreso de Guatemala, la iniciativa para reformar la Ley de Zonas Francas sigue a la espera de ser aprobada.
En 2016 fue presentada ante el Congreso de la República la iniciativa 5174, que ha sido debatida en citaciones hechas por los diputados y en reuniones del Gabinete Económico del Poder Ejecutivo, sin llegar a aprobarse.
La nueva ley de garantías mobiliarias promete a las pequeñas y medianas empresas un acceso rápido a líneas de crédito, pues se simplifican los trámites de constitución y ejecución de las garantías.
La semana pasada el Congreso de la República, aprobó las reformas a la Ley de Garantías Mobiliarias que existía desde el 2007 para facilitar el acceso a créditos bancarios. Con las modificaciones se tipifica como garantía mobiliaria toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación del deudor con el acreedor.
En Guatemala ahora las empresas tendrán la opción de acceder a financiamiento utilizando como garantía su inventario, productos agrícolas, maquinaria, equipos y otros activos.
El Congreso de la República aprobó las reformas al Decreto 51-2007, de la Ley de Garantías Mobiliarias, que tiene por objeto regular las garantías mobiliarias sobre créditos, obligaciones no dinerarias, títulos de crédito y títulos representativos de mercaderías, entre otras. Los cambios entrarán en vigencia un mes después que sean publicados en el Diario de Centroamérica.
El estancamiento del proyecto en el Parlamento guatemalteco mantiene paralizadas decisiones de inversión, a la espera de que exista certeza sobre las reglas que regirán en el país.
Por su parte, el Presidente Pérez Molina volvió a urgir la aprobación de esa Ley:
Del artículo en Guatemala.gob.gt:
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, hizo énfasis en la necesidad de aprobar la Iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo que fue presentada por el organismo Ejecutivo en enero del 2013 y es un paquete de reformas o nuevas legislaciones que facilitarán la instalación de empresas en el país.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores pide al Congreso la aprobación con urgencia de normas vitales para procurar mejores condiciones para la inversión y la generación de más empleo.
Del comunicado de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT):
Empresarios de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, hacen un llamado de urgencia al Congreso de la República, para que se dé la aprobación del Decreto 46-44, Ley de Inversión y Empleo en el menor tiempo posible, porque está en incertidumbre la permanencia en el país de docenas de empresas y, la estabilidad laboral de al menos 80 mil empleos, los cuales responden al producto que ocupa el lugar número uno en las exportaciones de Guatemala, la industria de vestuario y textiles así como de otros productos manufacturados.
Veintisiete enmiendas con las observaciones realizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria contemplará el proyecto de ley que será discutido por el Congreso.
Del comunicado de prensa del Gobierno de Guatemala:
La ley de inversión y empleo, propuesta por el Gobierno de Guatemala, no afectará la recaudación tributaria del país, por lo que ha encontrado los consensos para ser conocida y aprobada por el Congreso de Guatemala.
El Congreso sigue trabado y se demoran leyes imprescindibles para dar seguridad jurídica a las inversiones textiles, entre otras.
La iniciativa de ley para atraer inversión y empleo presentada en enero de 2013 no ha sido aprobada, esto impide que se sienten las bases de una industria que no puede avanzar sin un marco regulatorio.
“Uno de los objetivos de esa propuesta legislativa es cumplir con los compromisos que Guatemala asumió ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El proceso de fijación de precios, la estructura de impuestos y la falta de inversión en distribución traban el desarrollo de un mercado de gran potencial.
Del reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos:
“Guatemala es el país productor de biocombustibles con mayor potencial en Centroamérica gracias a la producción de caña de azúcar y aceite de palma y a sus eficientes industrias locales.
Presentan varios proyectos de ley sobre inversión y empleo, inclusión laboral, competitividad y productividad, propiedad industrial, garantías inmobiliarias, factoraje y leasing, entre otros temas.
Del comunicado del Ministerio de Economía:
Esta mañana el presidente de la República, Otto Pérez Molina, presentó ante el Congreso de la República: 3 nuevas leyes, 2 reformas y 4 iniciativas que cuentan con dictamen favorable, con el objetivo de impulsar y favorecer la generación de empleo formal en Guatemala.
El Congreso de Guatemala aprobó la norma que prevé capital nacional y extranjero en proyectos de infraestructura pública.
La nueva Ley prevé que proyectos de obra pública puedan realizarse con inversión privada que el Estado deberá cancelar a plazos.
"En la norma se establece que el Estado asumirá un compromiso de pago con una empresa privada, por lo que deberá contabilizarse como deuda pública y crear un fondo para amortizar los proyectos autorizados", reseña Kenia Reyes para el Elperiodico.com.gt.
Los potenciales inversionistas en este sector se mantienen expectantes frente a los nueve proyectos de reforma en curso.
Carlos Horacio Fernández, gerente general de la Asociación Nacional de Generadores (ANG), manifestó que los inversionistas se encuentran nerviosos, ya que la redacción actual de algunas de las propuestas afecta el derecho individual en cuanto a las inversiones hidroeléctricas.
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