En los próximos meses iniciaría el proceso de precalificación internacional de empresas para seleccionar un cuarto operador de telefonía móvil.
En agosto se licitó la contratación de una empresa que se encargue del diseño del pliego de la licitación para habilitar la banda de 900 Mhz y 2500 Mhz, que según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se realizará en los próximos meses.
Los problemas en la asignación de concesiones y la falta de normativa contra prácticas anti competitivas siembran dudas entre las empresas del sector.
La Asamblea Legislativa tendrá solamente los tres meses que le otorgó la Sala de lo Constitucional, a partir de la fecha, para hacer las reformas a la Ley de Telecomunicaciones (LT).
Mientras tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) estudió el Anteproyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria a la Asamblea Legislativa y también el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Públicos presentado por el expresidente Mauricio Funes, el 19 de septiembre de 2013, ambos proyectos competen a la misma LT.
Una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo da razón a la telecom estatal y obliga al ente regulador a actualizar los datos relevantes del mercado y equiparar las condiciones para todos los operadores.
En la demanda, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) argumentaba que la falta de actualización de los datos de mercados y operadores relevantes impedían a la Superintendencia de Telecomunicaciones brindar un trato igualitario a todas las empresas de telecomunicaciones que operan en el país. Debido a esto, reseña Crhoy.com, "... sólo al ICE pueden aplicarle multas y castigos por incumplimiento."
La imprescindible modernización de las normas técnicas y administrativas que regulan el sector se ve entorpecida por la pretendida inclusión de reglas para el control de los contenidos.
EDITORIAL
El vodevil (De la Real Academia Española: Comedia frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco) presentado y representado por el gobierno de Costa Rica, sobre la elaboración y "socialización" del proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones, dejó como resultado primario la acefalía del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Mientras se pide la competencia efectiva en el mercado, la Superintendencia de Telecomunicaciones se convierte en la piedra en el zapato de las empresas de telecomunicaciones.
En los trámites realizados por Holst Van Patten S. A. en el que adquiere los servicios de internet satelital, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) pidió gestionar una autorización de concentración y más tarde se retractó aclarando que no procedía.
El sector pide que se permita la competencia efectiva para que sea el mercado el que establezca las tarifas y no la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Las operadoras de servicios de telefonía e internet exigen que se elimine la fijación de tarifas máximas por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), aplicando lo que se contempla en la Ley de Telecomunicaciones, que permite la posibilidad de no internvenir en la fijación tarifaria. Las empresas señalan que "...los precios del mercado son hasta seis veces más bajos que la tarifa máxima que establece Sutel."
Advierten que la nueva ley tiene deficiencias técnicas y que atenta contra la libre competencia al crear condiciones diferenciadas para las empresas del sector.
La Gremial de Operadores de Televisión por Cable rechaza la rápida aprobación de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad, por haber carecido de consulta y consensos con el sector, presentar vacíos técnicos y jurídicos y perjudicar a las empresas nacionales, al generar privilegios y monopolios con el amparo del Estado.
Con la entrada en vigencia a finales de noviembre, tanto el organismo regulador como las compañías telefónicas auguran una reñida competencia por retener y atraer a más clientes.
“Este derecho promueve una dinámica más fuerte en el mercado y da al usuario el poder de negociar lo que más le convenga. Obliga a las empresas a cuidarlo más. Es un clima de verdadera competencia comercial”, dijo Eduardo Castellón, vocero de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La compañía cuenta con dos meses para presentar un nuevo plan al Ejecutivo sobre integración de un gobierno corporativo y la búsqueda de un nuevo aliado estratégico.
Así lo dispuso la ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén. Esto se da luego de que se concediera una prórroga a la vigencia de la Comisión Interventora de la Empresa Hondureña de Telecomunicación (Hondutel).
El país era el único en Centroamérica que no tenía legislación sobre el tema.
Las compañías telefónicas tendrán hasta el 30 de setiembre próximo para realizar todo lo que la ley manda para comenzar a operar la portabilidad numérica el 1 de octubre.
De acuerdo con el diputado Tomás Zambrano, la ley vendrá a beneficiar a más de siete millones de usuarios que están suscritos a tres compañías móviles, entre ellas Tigo, Claro y Hondutel.
El supervisor de telecomunicaciones y los principales operadores acordaron poner en marcha la portabilidad numérica en noviembre de 2013.
Tras alegar que le era imposible técnicamente implementar los equipos necesarios sino hasta marzo del 2014, "el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) accedió a acelerar la compra de los equipos para implementar la portabilidad numérica, mientras los operadores Claro y Movistar flexibilizaron los plazos para desarrollar el sistema que habían sido acordados meses atrás", reseña el artículo de Elfinancierocr.com.
La estatal de telecomunicaciones afirma que no puede adecuar sus sistemas a la portabilidad numérica antes de marzo del 2014.
El ICE ha puesto en funcionamiento todos los recursos legales y administrativos posibles para impedir la entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica, para perpetuar la ventaja comercial (clientes cautivos) que tiene frente a los nuevos operadores.
En Guatemala ya surgen propuestas de modificación a la recientemente sancionada Ley General de Comunicaciones, que prorroga por 20 años las concesiones radioeléctricas.
Frente a la entrada en vigencia, diputados que integran la Comisión de Transparencia preparan una iniciativa de ley. Sobre la misma, el diputado Carlos Barreda, miembro de dicha sala, señaló "Se debe establecer que la entrega de usufructos sea por medio de una subasta pública o implementar un pago por su renovación".
La extensión sin cargos por otros 20 años de las concesiones de frecuencias priva al Estado guatemalteco de millonarios ingresos, y quita transparencia al mercado.
Mientras en otros países las concesiones para el uso de las frecuencias radioeléctricas aportan muchos millones de dólares a las arcas estatales, en Guatemala el Congreso aprobó una ley que prorroga por 20 años las licencias actualmente en vigencia, sin costo para los concesionarios, que además, al término de ese nuevo período de usufructo, podrán renovarlas nuevamente.
El Congreso de Guatemala modificó la Ley de Telecomunicaciones, incrementando a 20 años el tiempo de usufructo de las frecuencias de radio, televisión y telefonía.
Una vez vencido el plazo se puede solicitar una ampliación por un periodo similar.
"Cuando se les consultó a los parlamentarios acerca del por qué apoyaron la reforma, la mayoría coincidió en que se hizo para crear certeza jurídica a las empresas trasnacionales que deseen invertir en el país.