La Asamblea de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
El documento en su capítulo II, sobre Registro de Agentes Residentes, establece que todo abogado o firma de abogados, que presten sus servicios profesionales como agente residente para una o más personas jurídicas, constituidas o registradas en el país, deberán registrarse y mantener vigente su registro ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, informó la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en segundo debate el proyecto de ley, por medio del cual se pretende crear la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Este proyecto legislativo, enviado por el Órgano Ejecutivo para ser analizado en las sesiones extraordinarias, busca establecer la competencia privativa para regular y supervisar en la vía administrativa a los sujetos obligados no financieros con la intención de prevenir el blanqueo de capitales, el financimiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, informó la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
El acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica establece que la información se intercambiará independientemente de que la conducta investigada constituya o no un delito.
Del comunicado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica:
Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 18840 Aprobación del convenio entre la República de Costa Rica y la República de Ecuador sobre intercambio de información en materia tributaria.
Presentaron un proyecto de ley que incorpora la figura de defraudación aduanera y del contrabando al Código Penal y establece sanciones desde 5 a 12 años de prisión.
El proyecto establece penas diversas de prisión, que van desde los 5 hasta los 12 años. Porcell explicó que estas figuras serán incorporadas al Código Penal y al mismo tiempo serán consideradas como delitos precedentes del blanqueo de capitales.
La entidad urge al gobierno panameño acelerar las medidas necesarias para salir de la lista gris para evitar a mediano plazo efectos contraproducentes sobre la economía.
Del comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI):
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Luca Antonio Ricci, visitó la Ciudad de Panamá del 3 al 13 de marzo para realizar la consulta anual del Artículo IV en el país, como parte de la supervisión periódica que realiza el FMI en todos los países miembros. Al término de las conversaciones, el Sr. Ricci emitió la siguiente declaración:
El Consejo de Gabinete aprobó el anteproyecto de ley que incorpora a sectores no financieros como zonas francas y bienes raíces a la lista de entidades obligadas a reportar información de acuerdo a la ley.
Del comunicado del Gobierno de Panamá:
Con el interés de proteger a importantes sectores de la economía panameña y cumplir con los estándares internacionales de transparencia y diligencia debida, el Consejo de Gabinete aprobó este martes el anteproyecto de Ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Bancos con dificultades para mantener sus corresponsalías y restricciones para empresas panameñas en el mercado financiero externo, son algunas de las consecuencias de estar en la lista gris de la GAFI.
El gobierno panameño espera presentar, durante el próximo mes, el proyecto de ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, que busca controlar la gran mayoría de actividades económicas exigiendo controles adicionales a las que no tienen mayor supervisión. Con esto se pretende salir de la lista gris y cumplir con el plazo otorgado por el Grupo De Acción Financiera, que se vence en junio próximo.
El proyecto de ley a presentar ante la Asamblea Nacional en febrero establece la obligación de reportar operaciones sospechosas en actividades no específicamente financieras.
Esta iniciativa es parte del paquete de reformas pactadas con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para reforzar la legislación contra el blanqueo de capitales y para salir de las denominadas "listas grises".
Un anteproyecto de ley propone que el Estado incaute los bienes provenientes del blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.
“Se está planteando la presentación de una ley que guarda relación con la extinción de dominio, porque son tantos ingresos y bienes que se generan, pero no sabemos qué hacer con esos bienes” dijo Ana Belfon, procuradora general de la Nación.
Banqueros panameños consideran que el sector no se verá afectado con la nueva disposición, y solicitan que entre en vigencia rápidamente.
La Asociación Bancaria de Panamá se manifestó a favor de la aprobación del proyecto que adopta un régimen aplicable a las acciones emitidas al portador, y considera que una vez aprobada la ley, debe entrar a regir en los siguientes tres meses, y no en dos años como lo contempla la ley.
Se estudia una ley para inmovilizar las acciones al portador, en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales en relación al combate al lavado de dinero.
Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas, aseguró que "Panamá no perderá competitividad por la creación de la ley, sino que mejorará su imagen en el tema de la evasión y blanqueo de capitales."
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