El proyecto de ley que se discute en Costa Rica en esencia busca extinguir los activos del crimen organizado, pero hay quienes aseguran que tal como está planteado, pone en riesgo la presunción de inocencia de los individuos.
La extinción de dominio es un concepto que en la práctica refiere a incautar o decomisar bienes ligados a actividades delictivas, para luego trasladarlos a favor del Estado.
En mayo se aprobaría el reglamento de la ley que obliga a agentes inmobiliarios, casas de empeño y abogados, entre otros, a reportar operaciones sospechosas de más de $10 mil.
El proceso de socialización del reglamento de la Ley para la regulación de actividades profesionales no financieras designadas (APNFD) ya terminó, y en el Congreso estiman que el mes próximo podría aprobarse.
Entra en vigencia la ley que obliga a los bancos a registrar como atípicas todas las transacciones de más de $4 mil que se realicen en efectivo.
El decreto del Banco Central que regirá a partir de Abril establece nuevas exigencias de parte de los bancos en el tratamiento de las transacciones que se realicen tanto en moneda nacional como extranjera, así como en efectivo o a través de otros medios.
El mercado inmobiliario, los casinos, el negocio de conciertos, y hasta el sector ganadero son usados para blanquear capitales en los países centroamericanos.
Extraído del reporte "International Narcotics Control Strategy Report, Volume II, Money Laundering and Financial Crimes" del Departamento de Estado de EE.UU:
Costa Rica Las organizaciones criminales transnacionales continúan favoreciendo a Costa Rica como base para cometer crímenes financieros debido a su ubicación y limitadas capacidades de aplicación. El gobierno de Costa Rica ha intentado fortalecer el marco legal para la supervisión y ejecución; sin embargo, aún quedan retos para mitigar los riesgos de lavado de dinero. Costa Rica es un punto de tránsito que también se utiliza cada vez más como base de operaciones para el narcotráfico; Y sigue habiendo un importante lavado de fondos procedentes de actividades ilícitas. Costa Rica debe seguir cerrando brechas legislativas en delitos financieros y asignar recursos para investigación y procesamiento.
La propuesta incluye modificar las condiciones que deben presentarse para decretar la liquidación forzosa de una institución, facilitando la lucha contra actividades financieras conexas con delitos.
El propósito de la reforma que prepara el Poder Ejecutivo es endurecer los controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para poder identificar eventuales situaciones sospechosas y evitar así la liquidación forzosa de la entidad, como debió hacerse en 2015 en el caso del Banco Continental.
Parte de los cambios que propondrá la Comisión Nacional de Bancos y Seguros implica una definición más clara sobre las etapas de supervisión de la banca.
También se pretende con la reforma evitar que se tenga que cerrar de forma forzosa alguna entidad bancaria, como sucedió en octubre de 2015 cuando se decidió liquidar el Banco Continental luego de que la organización Rosenthal fuera señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Aunque quedan dos artículos pendientes de aprobación, la ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos aprobada por el congreso establece sanciones más severas para el blanqueo de dinero.
Del comunicado del Congreso Nacional de Honduras:
El Congreso Nacional aprobó en la sesión de este jueves en tercer y último debate, del artículo 74 al 92 del proyecto de Ley Especial Contra el Delito del Lavado de Activos quedando únicamente dos artículos para que Honduras cuente con una nueva legislación que incluye la lucha contra la corrupción pública y establece sanciones más severas para los culpables de formas de blanqueo de dinero y que se concatena con otras legislaciones orientadas a implementar figuras anticorrupción.