La proporción de la deuda pública sobre el PIB está cerca de llegar a 60%, límite máximo permitido por ley, lo que obligará a restringir el gasto en capital en los próximos años, para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Las autoridades de Hacienda indicaron que al cierre de 2019 la deuda pública del país representará el 59% de la producción, escenario adverso para la inversión, pues según la regla fiscal, en el momento en que la proporción llegue al 60% se afectará el gasto en capital, ya que el gobierno deberá comenzar a contener los egresos.
En el primer semestre del año entidades de gobierno de los países de la región presentaron 73 estudios de impacto ambiental para construir diversas obras de infraestructura pública.
La plataforma interactiva "Construcción en Centroamérica", del Área de Inteligencia Comercial de CentralAmericaData, contempla el listado actualizado de los proyectos de construcción públicos y privados que presentan los estudios de impacto ambiental (EIA) ante las respectivas instituciones de cada país.
El Ministerio de Educación de Costa Rica utilizó parte de un fideicomiso de $167 millones, destinado originalmente a la construcción de 79 colegios, para pagar las sanciones que el BID le impuso por el retraso en la ejecución de dichas obras.
Alrededor de $1,7 millones fue lo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) utilizó para pagar la sanción que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le impuso por no ejecutar el fideicomiso por $167,5 millones en los plazos establecidos, destinado a construir 79 centros educativos y 24 canchas techadas.
La OCDE advierte que la "subinversión" en infraestructura es un elemento crítico que inhibe la capacidad de comercio del país.
Un análisis del grado de apertura del mercado realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), arrojó resultados positivos y negativos, destacándose entre los favorables el aumento anual de 9% en el volumen de exportaciones de bienes entre 1994 y 2013 y la reducción de aranceles y negociación de tratados de libre comercio.
En Costa Rica proponen flexibilizar las normas sobre acceso a los mercados financiero y bursátil, para canalizar ahorro e inversión locales hacia obras de infraestructura pública.
El artículo en Nacion.com reseña que "... Una amplia reforma a la regulación bursátil y financiera del país pretende allanar el camino para el financiamiento de infraestructura pública y privada."
El exceso de trámites demora las inversiones en los puertos del país, mientras las autoridades se adjudican responsabilidades unas a otras.
Las inversiones previstas en los puertos de Limón, Caldera y Puntarenas han sido frenadas por el exceso de trámites y la falta de responsabilidad de las autoridades, que se echan las culpas entre sí por los retrasos.
En Costa Rica trámites burocráticos y lentitud en la aprobación legislativa de los préstamos para infraestructura son factores principales de la pésima ejecución de los proyectos.
De acuerdo con autoridades del Ministerio de Hacienda la lentitud en la ejecución de proyectos que son financiados por organismos internacionales se debe a “la burocracia relacionada con las autorizaciones de créditos externos y el tiempo que pasan los proyectos en la Asamblea Legislativa, a la espera de aprobación”, reseña el artículo de Nación.com.
Mientras que para este año el país proyectó utilizar 1,4% del PIB en inversión en infraestructura, El Salvador proyecta utilizar 3,1% y Panamá hasta 10,8%.
“Costa Rica es el país del Istmo que menos gasto público, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), utiliza en inversión en infraestructura, según el estudio Sostenibilidad de la deuda en Centroamérica, presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)”, reseña el artículo de Nacion.com.
Proyectan obtener mejor rendimiento de los fondos acumulados para jubilaciones del Magisterio de Costa Rica invirtiendo en infraestructura pública.
Promueven dos iniciativas de ley para fortalecer al Régimen de Capitalización Colectiva costarricense con el que se podrían invertir $1,8 mil millones en infraestructura pública.
Quien impulsa ambas iniciativas es la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
6 proyectos de inversión pública, incluyendo infraestructura y telecomunicaciones, están listos para ser titularizados por el Banco Nacional.
Según Nacion.com, "Juan Carlos Araya, subgerente del Banco, dijo que esas seis iniciativas ya fueron aprobadas por la Contraloría General de la República, y sólo falta ajustar los prospectos a la nueva normativa".
La caída en este año de la construcción pública, agrava la situación del sector, ya golpeado desde inicio de la crisis en el 2008.
La finalización de grandes proyectos y la falta de presupuesto en gran parte de las entidades para iniciar obras, son algunas de las causas de la desaceleración de la construcción destinada al sector público.
"La construcción privada, muy golpeada con la crisis, continúa cayendo, pero al menos a un ritmo cada vez menor en el último año.", señala Nacion.com
Los Bancos estatales podrán prestar ahora hasta el 20% de su capital a instituciones estales.
Con la aprobación del proyecto se incrementa en 8,6 veces la cartera disponible de créditos de los bancos estatales.
"La modificación aumenta de un 6% a un 20% el tope del capital y reservas que los bancos estatales y el Popular pueden otorgar en créditos a las instituciones públicas.
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