Fomilenio II financiará los estudios de factibilidad de cuatro proyectos de plantas de tratamiento y uno de asistencia técnica presentados por empresas privadas, estimados en $32 millones.
Estos cinco estudios tendrán un costo aproximado de $570.000 aportados por FOMILENIO II, para determinar la viabilidad de las inversiones públicas. Los inversionistas, en conjunto, proyectan invertir $31,7 millones.
En más de $5 mil millones estarían valorados los proyectos de inversión que la administración Ortega propone desarrollar por medio de inversión pública, privada y en asociación.
Entre los proyectos propuestos por el gobierno nicaragüense y abiertos a propuestas de financiamiento se encuentran:
-Proyecto de la Carretera Costanera del Pacifico ($120 millones).
El crecimiento sostenido de la inversión privada no será suficiente para compensar la baja en los montos de inversión en infraestructura pública en los próximos 4 años.
A la proyección de menor infraestructura pública se suma la expectativa de una recaudación tributaria deficiente para el periodo en cuestión, según el análisis de la firma Indesa. Las proyecciones de la empresa señalan que "...la inversión del sector público no financiero (SPNF) pasaría de $4,160 millones en 2014 y se ubicaría en $3,946 millones en 2015, en $2,736 millones en 2016 y en $2,760 millones en 2017."
Empresarios señalan a la inestabilidad política, los costos de la energía y la falta de infraestructura como los principales factores que alejan la inversión y reducen la competitividad del país.
La encuesta realizada a empresarios por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) arrojó como primer resultado la falta de competitividad del país para atraer inversión extranjera, debido a la incertidumbre que genera la inestabilidad política.
En un plazo de 20 años se planifica construir un puerto en el Caribe, mejorar las carreteras en sectores productivos y ordenar el transporte público.
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Gobierno nicaragüense presentaron el estudio del Plan Nacional de Transporte de Nicaragua. En un plazo de 20 años se planifica construir un puerto en el Caribe, mejorar las carreteras en los sectores productivos y ordenar el transporte público, todo a un costo de $8 mil millones.
El enrarecido clima político e institucional hondureño genera confusión sobre el papel de la Comisión para la Promoción de Alianzas Público–Privadas
En artículo en Laprensa.hn, José Antonio Pineda, comisionado presidente de la Comisión para la Promoción de Alianzas Público–Privadas (Coalianza), ante la pregunta de si "Coalianza, concesiona, vende o privatiza", responde que "En realidad no hacemos privatización porque esta transfiere los activos o los bienes del Estado a un privado. Eso no lo hacemos. Los bienes siempre son del Estado, los puertos, las carreteras, los aeropuertos. Lo que se hace es un contrato de asociación público-privada (APP), donde un privado invierte capitales en instituciones del Estado, ya que este no tiene capacidad de invertir. Se le permite al inversionista que administre durante un período para que pueda recuperar su inversión."
El presidente Martinelli anunció que el proyecto de ley 349 que crea el régimen de Asociación Pública Privada será enviado a la Concertación Nacional para el Desarrollo para que sea más ampliamente discutido.
El anuncio fue visto con buenos ojos por dirigentes médicos que mantienen desde el pasado 20 de octubre un paro de labores en represalia al nuevo proyecto.
El Consejo de Alianzas para el Desarrollo será el responsable de aprobar proyectos de inversión e infraestructura a construirse conjuntamente entre gobierno y sector privado.
La Ley de Alianzas Público, Privadas permitirá la inversión para infraestructura económica, por ejemplo carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura turística, conducción y comercialización eléctrica y ferroviaria, entre otras, que contarán con el aporte económico a través del sector público y el Estado.
En Panamá el rechazo de los profesionales médicos, que se mantienen en huelga desde hace una semana, obligó a suspender el proceso legislativo del proyecto, hasta no lograr consenso.
El concepto principal del proyecto de Ley implica que, a diferencia del esquema tradicional, donde las empresas simplemente son contratadas por el Estado para la construcción o desarrollo de obras públicas, de aprobarse el régimen de APP, el sector privado podría asumir un papel más importante en los proyectos, financiando las obras para luego recibir pagos por la prestación de los servicios, en contratos a largo plazo.
El Congreso de Guatemala aprobó la norma que prevé capital nacional y extranjero en proyectos de infraestructura pública.
La nueva Ley prevé que proyectos de obra pública puedan realizarse con inversión privada que el Estado deberá cancelar a plazos.
"En la norma se establece que el Estado asumirá un compromiso de pago con una empresa privada, por lo que deberá contabilizarse como deuda pública y crear un fondo para amortizar los proyectos autorizados", reseña Kenia Reyes para el Elperiodico.com.gt.
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