Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
Los análisis mediante técnicas de gestión de Big data permiten a los gobiernos comprender las necesidades de sus ciudadanos, combatir el fraude, minimizar errores en los sistemas y mejorar las operaciones, reduciendo costos y mejorando los servicios de cualquier entidad gubernamental.
Un análisis de movilidad mediante datos de localización y Big Data permite a los gobiernos y a las organizaciones del sector público ofrecer servicios más eficaces y seguros, así como responder con mayor rapidez y precisión a las necesidades de clientes y ciudadanos.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Rótulos, las agencias que se dedican a brindar servicios de publicidad impresa estiman que, los costos de las vallas aumentarán en 30% a causa de los nuevos pagos de impuestos que deberán hacerse a las municipalidades.
Según la Asamblea, el objeto de la Ley es establecer el marco jurídico para regular la publicidad y propaganda que se realiza mediante rótulos ubicados en los municipios del país, basado en el ordenamiento y desarrollo urbano, sub urbano y rural, así como los avances tecnológicos.
En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
En el segundo trimestre del año los ingresos fiscales disminuyeron en 14%, caída que estuvo influenciada por la baja en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta, situación que deriva de la crisis económica que surgió a causa del brote de covid19 a nivel global.
Cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Pública detallan que entre abril y junio de 2019, y el mismo período de 2020, la recaudación fiscal pasó de $549 millones a $471 millones, lo que equivale a una variación de 14,1%.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
Autoridades locales anunciaron que desde el 7 de marzo los vehículos de transporte de carga que transiten por el país y que viajen desde Costa Rica, ya no pagarán $50 en las aduanas nicaragüenses.
Debido a que los fertilizantes se encarecieron por la reforma tributaria aplicada el año pasado, para el ciclo agrícola 2019-2020 el volumen demandado en el país cayó en aproximadamente 220 mil quintales.
Los distribuidores en el país estiman que con la Ley de Concentración Tributaria aprobada a finales de febrero de 2019, los precios de los fertilizantes aumentaron hasta en un 17% y los agroquímicos entre un 20% y 30%.
Debido a que las autoridades nicaragüenses confirmaron que en 2020 volverán a revisar la Ley de Concertación Tributaria, el sector empresarial pide que se corrijan varias medidas que han descapitalizado a las compañías que operan en el país.
El 27 de febrero de 2019 fue aprobada la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consistió en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%.
Derivado de la reforma tributaria implementada en febrero de 2019, al inicio de 2020 se incrementaron los precios de las bebidas, principalmente las gaseosas comercializadas en envase de plástico.
En febrero del año pasado el régimen de Ortega aprobó la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consistió en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%.
A raíz de la reforma tributaria implementada en febrero de 2019, en Nicaragua se triplicó la carga impositiva a la importación de todo tipo de bebidas, y nueve meses después, los empresarios siguen esperando que el gobierno revise los cobros.
El 27 de febrero de 2019 fue aprobada la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consistió en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%, el sector ganadero ha reportado alzas considerables en sus costos de producción.
La propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética de Nicaragua, contempla la eliminación del impuesto de compra-venta de electricidad para los usuarios que generen su propia energía y decidan comercializar sus excedentes.
El pasado 21 de noviembre la administración Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa, que pretende exonerar del impuesto de comercialización, a los generadores que vendan su excedente de electricidad a Disnorte-Dissur.
La administración Ortega rechazó la petición de los cafetaleros nicaragüenses, que solicitaban que el impuesto de un dólar por quintal exportado no se aplicara en la cosecha 2020-2021.
La decisión de comenzar a realizar el cobro a partir del próximo año fue publicada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), en la edición de La Gaceta del 15 de octubre de 2019.
El panorama para los productores de azúcar en Nicaragua es complejo, pues deben enfrentar una caída en los precios internacionales, sumado al alza en los costos de operación a nivel local.
De acuerdo a reportes a nivel internacional, desde enero de 2018 a septiembre de 2019, el precio promedio del quintal de azúcar se ha mantenido por debajo de los $14, incluso ha caído hasta $10,46 en agosto de 2018.
La Alcaldía de Managua presentó una demanda judicial contra Millicom, argumentando que la empresa tiene una deuda de casi $1 millón por concepto de cinco años de mora en el pago del impuesto de Bienes Inmuebles.
La deuda que reclama la Alcaldía capitalina, corresponde a la supuesta omisión en el pago del impuesto municipal correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, período en el que los activos aún pertenecían a Telefónica.