En este escenario de crisis económica, caída de la recaudación fiscal y necesidad de financiar programas de reactivación, en Guatemala y Costa Rica ya se propone aumentar los impuestos actuales y crear nuevos.
Las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021, año en que la economía deberá afrontar los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19.
De enero a julio de 2020 los ingresos del gobierno salvadoreño ascendieron a $2.856 millones, 12% menos de lo reportado en igual período de 2019, caída que se explica por la merma de la actividad económica que se propició por el brote de covid19.
El Ministerio de Hacienda reportó que entre los primeros siete meses de 2019 y el mismo período de este año, los ingresos disminuyeron en $658 millones, al pasar de $3.234 millones a $2.856 millones.
Con el objetivo de compartir información de empresas para fines de inteligencia tributaria y así combatir la evasión fiscal, en El Salvador el ministro de Hacienda y el superintendente del sistema financiero firmarán un convenio.
Este anuncio se da en el contexto de una crisis económica, que deriva de las severas restricciones impuestas por el gobierno desde el pasado mes de marzo, a causa del brote de covid19.
En la Asamblea Legislativa de El Salvador se discutirá una iniciativa que como objetivo aplazar postergar hasta el 30 de junio de 2020, la declaración del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2019.
La medida busca apoyar a todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, que se han visto afectadas económicamente por el estado de emergencia a causa del Covid19, informó la Asamblea.
Mientras dure la emergencia sanitaria en El Salvador, las compras en línea que realicen personas naturales a empresas de Estados Unidos y cuyo monto no supere los $200, no pagarán impuestos.
Ante el brote de covid19 en el país se emitió la Ley de Facilitación de Compras en Línea, la cual permite promover y facilitar la importación de bienes o mercancías sin carácter comercial, es decir de uso personal, por salvadoreños a través de compras en línea, detalla un comunicado de la Asamblea.
Ante la crisis sanitaria que afecta a la economía salvadoreña, empresarios del sector industrial pidieron al gobierno que se posponga hasta junio de 2020 la declaración del impuesto a la renta.
Otra de las peticiones concretas de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), consiste en la pronta devolución a los exportadores del Impuesto al Valor Agregado, a través de Notas del Tesoro.
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo gravar en el país la venta y autoconsumo de cemento importado o producido a nivel local.
La iniciativa que a mediados de febrero fue aprobada en primer debate en la Asamblea y que aún está pendiente del aval del Poder Ejecutivo, establece que elimpuestoserá sobre elcementoimportado y producido a nivel nacional, en bolsa o a granel, para venta o autoconsumo, de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y comercialización del producto a nivel nacional.
En Nicaragua las autoridades informaron que decidieron suspender el cobro de la tarifa adicional de $0,05 por cada kilogramo que se exporte o importe, vía aérea.
El cobro extra entró en vigencia el pasado 25 de abril, pero desde el inicio el sector privado se manifestó en contra, pues se argumentaba que la tarifa que aplicaría el gobierno nicaragüense, pondría al borde del cierre a algunas empresas locales y provocaría una baja de cerca de $50 millones anuales.
Luego de que el año pasado en el El Salvador se eliminara el Impuesto a las Operaciones Financieras, el crédito al sector productivo pasó de crecer 5% en 2018 hasta 9% al inicio de 2019.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo, en el que se ordenó dejar de cobrar al final de 2018 un impuesto que gravaba con 0,25 % a las operaciones financieras de $1.000 en adelante.
Los empresarios centroamericanos aseguran que el impuesto aduanero al transporte de carga en tránsito o con destino final que pretende imponer el gobierno nicaragüense "atenta contra los instrumentos de la integración centroamericana, y se convierte en obstáculo al comercio intrarregional".
Semanas atrás se informó que a partir del 15 de marzo se comenzaría a cobrar el impuesto aduanero, sin embargo, las autoridades no precisaron cual será el monto exigido a los transportistas.
Las autoridades nicaragüenses pretenden imponer a partir del 15 de marzo un impuesto aduanero al transporte de carga que esté en tránsito o con destino final en el país.
La resolución que permitirá realizar el cobro fue firmada el pasado 28 de febrero por el director general de la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, sin embargo, las autoridades aún no precisan cual será el monto exigido a los transportistas.
Se estima que en El Salvador la facturación electrónica estará vigente en 2020, pues aún deben realizarse reformas al Código Tributario y a la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles.
Autoridades del Ministerio de Hacienda informaron que para la puesta en funcionamiento de la facturación electrónica, ya se reúnen con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y además esperan la llegada de expertos de Costa Rica.
El buen funcionamiento de la institución que recauda los impuestos es vital para asegurar el desarrollo económico, en tanto las empresas honestas y cumplidoras de sus obligaciones fiscales no están en desventaja con las que las incumplen.
EDITORIAL
En Costa Rica una mejor gestión administrativa permitió alcanzar cifras de recaudación del impuesto a la renta superiores a las previstas con simples aumentos del tributo.
Señalando que se violaba el derecho a la propiedad, declaran inconstitucional un impuesto que la Alcaldía de San Salvador cobraba a las empresas privadas calculándolo sobre sus activos.
El fallo en cuestión elimina el artículo 1.021.1 de la Tarifa de Arbitrios de la Municipalidad de San Salvador, departamento de San Salvador, que establecía que el cobro del impuesto municipal debía calcularse con base en los activos de las empresas.
En promedio en Costa Rica no pagan impuestos más de la quinta parte de las empresas catalogadas como Grandes Contribuyentes.
COMENTARIO EDITORIAL:
Cuando el fisco no cumple a cabalidad sus funciones, la competencia entre las empresas no se dirime tanto por la calidad de sus productos o servicios, o por la excelencia de sus cuadros gerenciales y de su dirección estratégica, como por la habilidad de sus asesores fiscales para reducir el monto de los impuestos a pagar.