Ante el fracaso de un primer proyecto de reforma fiscal, el Gobierno anuncia más impuestos, el fin de muchas exenciones a bienes de lujo y gravámenes de utilidades de remesas al exterior.
Tras la derrota de la llamada ‘Ley de Tributación Solidaria’ en la Corte Suprema del país, el Gobierno se ve forzado a rehacer sus planes fiscales y tributarios y a lanzar un nuevo paquete legal en el Parlamento.
La nueva ley que obliga al uso de las impresoras fiscales también establece multas para los consumidores que no exijan su factura, que van desde un $1 hasta un 7% de la compra realizada.
Inspectores de la Dirección General de Ingresos (DGI) en forma aleatoria controlarán que sea exigida la factura de compra.
Luis Cucalón, director de la DGI, "... optó por no revelar el número de inspectores que estarán vigilando a los consumidores, pero sí afirmó en una conferencia de prensa reciente que los comerciantes que no tengan su impresora fiscal, en el término que establece la Ley 72 del 2011, serán multados por la DIG, con sanciones de entre $1000 a $5000, la primera vez. De ahí en adelante con más dureza, de ser reincidentes en no cumplir", reseña Panamaamerica.com.pa.
En Panamá el Estado asumirá el costo de las impresoras fiscales de los comercios pequeños, en forma de crédito fiscal.
Los comercios panameños, con facturación inferior a $36 mil anuales accederán a un crédito fiscal por hasta el 100% del valor del equipo. El crédito es para la compra de un solo equipo cuyo precio no puede superar los $850.
La entrada en vigencia de las impresoras se había establecido inicialmente para el 30 de setiembre 2011, pero la misma fue modificada y dependerá de la provincia y el tipo de máquina, siendo el plazo máximo abril del 2012.