La Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la licencia ambiental otorgada al proyecto hidroeléctrico de 40 MW Rocja Pontilá, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.
La resolución de la Corte se fundamenta en un amparo que presentaron miembros de las comunidades del área cercana a la laguna de Lachúa, quienes argumentan que el Ministerio de Ambiente otorgó el permiso para desarrollar el proyecto "de forma anómala".
El Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala licita el servicio de dragado de la presa Agua Caliente de la Planta Hidroeléctrica de Aguacapa, ubicada en Escuintla.
Compra del Gobierno de Guatemala 6397344:
"El servicio consiste en dragar veinticinco mil (25.000) metros cúbicos de dragado, trasiego, carga, traslado y tendido de material sedimentado.
La Corte de Constitucionalidad autorizó la continuación de las operaciones de Oxec I y II por un plazo de 12 meses, mientras se realiza la consulta a los pueblos indígenas de la zona.
De forma unánime la Corte Constitucional declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el ministerio de Energía y Minas y representantes de Oxec I y II, y resolvió autorizar la reanudación de las operaciones solo por 12 meses prorrogables.
A dos meses de haber sido suspendidos en Guatemala los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, los inversionistas amenazan con recurrir a la justicia internacional.
Un arbitraje internacional con un alto costo para la imagen del país como destino de inversión podría ser el resultado del proceso que inició con la suspensión de la licencia a los concesionarios de las hidroeléctricas Oxec I y II.
La Empresa de Generación Eléctrica tendrá ahora a su cargo la concesión, mientras la administración Varela evalúa cómo y cuándo vuelve a licitar el proyecto.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
El Consejo de Gabinete aprobó este martes la suscripción de un Acuerdo de terminación por mutuo acuerdo, del Contrato de Asociación del Proyecto Hidroeléctrico Chan II.
La concesionaria del proyecto hidroeléctrico Oxec II podrá completar parte de las obras que quedaron pendientes luego de que la Corte Constitucional suspendiera la licencia.
La autorización de la Corte de Constitucionalidad no implica un levantamiento de la suspensión, sino solamente un permiso para completar ciertas obras para "...evitar daños y perjuicios tanto a las obras ya avanzadas como a las comunidades."
El sector empresarial cuestiona la decisión de la Corte Constitucional de suspender la operación de dos hidroeléctricas y le exige que tome decisiones con base en criterios legales, priorizando el interés nacional.
Del comunicado de Cacif Guatemala:
28 de febrero 2017. Los eventos que han sucedido en los últimos días han provocado incertidumbre y preocupación en distintos sectores del país, entre ellos el productivo.
Licitan en El Salvador la construcción de pantallas de impermeabilización, drenaje para presa, vertedero y cuenco amortiguador, en la central hidroeléctrica El Chaparral.
Compra del Gobierno de El Salvador CEL-LP 06/17:
"Consiste en la construcción de las obras civiles del vertedero y cuenco amortiguador de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, de conformidad con lo establecido en estas especificaciones técnicas y los planos de diseño."
La Corte de Constitucionalidad mantuvo vigente la suspensión de la licencia a las hidroeléctricas Oxec I y II, por supuestamente no haber consultado a los pueblos indígenas de la zona antes de comenzar los proyectos.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) es vista por el sector privado como una amenaza a la seguridad jurídica en el país, por los proyectos que están en juego y por el efecto que tendrá sobre otras inversiones que podrían dejar de realizarse en Guatemala si siguen ordenando la suspensión de proyectos mineros y de energía.
Después de haberle retirado la concesión para construir la hidroeléctrica Bocas del Toro a Odebrecht, el gobierno anunció que reformulará el proyecto para convocar una nueva licitación.
El objetivo de la administración Varela es volver a revisar las características del proyecto original, que consistía en la concesión para diseñar, construir y operar una central hidroeléctrica en Bocas del Toro, denominada anteriormente Chan II.
La constructora tiene una semana para responder a la propuesta del gobierno panameño, que pretende cancelar la concesión de la hidroeléctrica Chan II sin costo para el Estado.
El Ministerio de Economía y Finanzas entregó la propuesta a la constructora brasileña el 26 de enero, y tiene una semana para responder y comenzar a coordinar su salida del proyecto de construcción de la represa denominada anteriormente Bocas del Toro.
El sector empresarial se opone a realizar consultas retroactivas sobre proyectos de minería y energía que ya están en desarrollo y exige reglamentar la aplicación del Convenio 169 de OIT para proteger las inversiones.
Del comunicado de Cacif:
Ante los recientes fallos judiciales de las Cortes, relacionados con las consultas del Convenio 169 de la OIT, así como a actos violentos cometidos contra algunos proyectos, los cuales impactan social y económicamente a millones de guatemaltecos, el sector privado organizado hace saber que:
Las empresas presentaron ofertas de generación con fuentes hídrica, térmica y fotovoltaica en la licitación para contratar el suministro de potencia firme y energía por 4 años.
"... Entre las empresas de generación destacan las hidroeléctricas, las térmicas que utilizan búnker, pero también hubo una propuesta que generará energía con gas metano y otra con energía fotovoltaica."
Las concesiones para la explotación de recursos hidráulicos y geotérmicos serán otorgadas por un plazo máximo de 30 años y no de forma permanente.
Del comunicado de la Asamblea de El Salvador:
Con 58 votos, se aprobó el dictamen favorable parcial de la Comisión Ad Hoc creada para estudiar las implicaciones de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre las inconstitucionalidades de algunos artículos de la Ley General de Electricidad y su reglamento y de la Ley de Telecomunicaciones.
Un proyecto de ley propone prohibir por 25 años el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y las concesiones para extracción de materiales mineros en el cauce del río Naranjo, en Puntarenas.
Los diputados que proponen el proyecto de ley argumentan que es necesario establecer esta prohibición debido a los daños y contaminación que se observa en el Parque Nacional Manuel Antonio debido a la "...explotación indiscriminada de la cuenca del Río Naranjo."
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