El proyecto inicialmente conocido como Chan II está demorado porque "no se ha completado el proceso de diálogo con las comunidades para comenzar los trabajos".
La sociedad Odebrecht Energy Luxemburgo, ahora denominada Odebrecht Latin Fund, ya solicitó dos veces la extensión del plazo de la construcción de la obra que le fue adjudicada en junio de 2014.
La concesionaria del proyecto hidroeléctrico asegura no ser parte del acuerdo anunciado por el gobierno y no descarta tomar acciones legales para proteger su inversión.
Del comunicado de Genisa Generadora del Istmo:
Ha transcurrido aproximadamente un año y medio desde que el Gobierno Nacional decidió instaurar una mesa de diálogo con la Comisión Indígena en torno al proyecto Barro Blanco.
La propiedad de Barro Blanco será traspasada a un fideicomiso que contratará una empresa para operar la central hidroeléctrica, y Genisa deberá recibir el repago de su inversión en el proyecto.
Por su parte la concesionaria del proyecto hidroeléctrico asegura no ser parte del acuerdo anunciado por el gobierno y no descarta tomar acciones legales para proteger su inversión.
Un acuerdo entre el gobierno y la comunidad indígena de la zona pondría fin a un conflicto que generó pérdidas por más de $20 millones a la concesionaria.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
La firma de un acuerdo sobre la incompatibilidades del proyecto Hidroeléctrico de Barro Blanco pone de relieve la manera como el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela ha enfrentado los retos de la Comarca Ngabe Buglé: en lugar de la confrontación y el abandono característicos de administraciones pasadas, una política de diálogo y un fuerte plan de inversión pública.
La propuesta de reforma fiscal de la administración Morales incluiría un nuevo impuesto a la telefonía e incrementos en los tributos a cemento, hidroeléctricas y bebidas alcohólicas.
Se desconocen aún los montos y características que tendrían los impuestos, pero en una reunión entre representantes del Congreso y el Poder Ejecutivo se detallaron las actividades productivas que están incluidas en la propuesta del gobierno.
Los conflictos por el uso de las tierras y acciones legales de ambientalistas mantienen paralizados catorce proyectos de generación de energía hidroeléctrica.
De los catorce proyectos hidroeléctricos que están detenidos, según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), seis fueron suspendidos por haberse declarado inconstitucionales, dos están en "proceso de diálogo", uno pendiente de resolver por la Corte de Constitucionalidad y otros "...cinco que no se desarrollarán por la conflictividad".
Anuncian que un tribunal en Brasil suspendió el otorgamiento de fondos al proyecto en Nicaragua, argumentando que la situación financiera de Eletrobras no justifica una inversión en el extranjero.
Por medio de una medida cautelar aprobada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador del uso de los recursos del Estado de Brasil, se suspenderá el traspaso de recursos que iban dirigidos a Eletrobras para la construcción, en consorcio con la constructora Queiroz y Galvao de la hidroeléctrica Tumarín, en Nicaragua.
Pese a que el gobierno aún no ha llegado a un acuerdo con los grupos indígenas que se oponen a la represa, anunciaron el llenado del embalse de forma temporal para realizar pruebas de operación.
Del comunicado de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos:
El llenado del embalse es de carácter temporal y para la realización de pruebas únicamente. El llenado definitivo y la operación no iniciarán hasta tanto no culminen los acuerdos de las mesas técnicas de diálogo.
Con capacidad para generar hasta 17,58 MW inició operaciones la central hidroeléctrica Bijagua, en Upala, provincia de Alajuela.
Del comunicado de Presidencia de Costa Rica:
Bijagua, Upala 14 de abril de 2016. La cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste entregó su nueva Central Hidroeléctrica Bijagua, ubicada en el cantón de Upala, provincia de Alajuela, la cual llevará energía a 21 mil hogares.
De confirmarse la renuncia al proyecto Tumarín por parte del consorcio brasileño, Nicaragua debería iniciar un nuevo proceso para licitar una obra imprescindible para el desarrollo del país.
La construcción de la hidroeléctrica ha estado rodeada de secretismo y poca transparencia, conflictos de intereses, incertidumbre jurídica y política y casos de corrupción en el país inversor.
La estatal de electricidad informó que la primera turbina del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón de 73 MW entró en operación, y que durante 2016 se pondrán en marcha los otros 4 generadores.
La largamente esperada entrada en servicio de la planta hidroeléctrica Reventazón promete traer algo de alivio a las tarifas eléctricas que en los últimos años han sido un factor de preocupación del sector manufacturero de Costa Rica, además de volver a poner al país en la senda elegida ya hace décadas hacia una matriz energética no contaminante.
Una historia que ya lleva veinte años podría retomarse con la aprobación de un marco legal para consultar con los indígenas de la zona donde se construiría la planta de 650 MW.
EDITORIAL
Finalmente existe un marco legal para iniciar de una vez por todas el "diálogo intercultural" que se necesita para poder dar luz verde a la construcción de uno de los proyectos hidroeléctricos más relevantes para el futuro abastecimiento de energía del país.
La Comisión Ejecutiva Autónoma del Río Lempa de El Salvador contrató a la estatal eléctrica costarricense para supervisar las obras de ampliación de la hidroeléctrica 5 de noviembre.
El contrato es por $3,4 millones y consiste en la supervisión, durante 14 meses, de la ampliación de la hidroeléctrica 5 de noviembre.
Reseña Elsalvador.com que "... El proyecto busca ampliar la potencia de la planta mediante la instalación de dos unidades generadoras adicionales de 40 megavatios (MW), cada una en una nueva casa de máquinas, con una capacidad de producción anual promedio de 130,34 gigavatios."
La estatal eléctrica de Costa Rica disolvió el contrato con Hidrotárcoles S.A., que había sido seleccionada en 2012 para construir una represa en la provincia de Alajuela, bajo el esquema de llave en mano.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) argumenta que la disolución del contrato se debe al incumplimiento de los plazos fijados en el contrato.
Otorgaron a La Esperanza S.A. licencia para construir y operar por el plazo de 50 años una represa hidroeléctrica de 15 MW en el municipio de San Miguel Pochuta, en Chimaltenango.
El acuerdo 359-2015 establece que la empresa La Esperanza S.A. cuenta con la autorización para construir y explotar una central de generación de energía hidroeléctrica en San Miguel Pochuta, que utilizará el cauce de los ríos Madre Vieja y San Jorge, que pasan por las fincas del mismo nombre.
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