A pesar que trabajar desde la casa es considerado un incentivo no salarial por la flexibilidad y beneficios que brinda al empleado, esta modalidad de trabajo aún no es tendencia para las empresas en Guatemala.
Implementar el trabajo desde casa o home office, es una modalidad cada vez más frecuente entre ejecutivos y profesionales que ven los beneficios que proporciona el teletrabajo.
Empresarios de Centroamérica y República Dominicana piden que no se ratifique el Convenio 190 de la OIT, argumentando que en los países ya existe normativa para regular acciones en materia de violencia y acoso en ambientes laborales.
La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), por medio de un comunicado de fecha 9 de agosto informó que acordaron solicitar a los gobiernos "... la no ratificación del Convenio 190 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), sobre el cual ya había un pronunciamiento en contra por parte de los empleadores, lo anterior con el propósito de no perjudicar la generación de empleos."
Empresarios del sector industrial en Nicaragua aseguran que desde que se implementó la reforma tributaria en el primer trimestre del año, el empleo ha caído entre 30% y 35%.
El 27 de febrero de 2019 fue aprobada la reforma a Ley de Concertación Tributaria, que consiste en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta.
En los últimos años el sector en Guatemala ha perdido cerca de 30 mil empleos, pues los altos costos que resultan de tener uno de los salarios mínimos más elevados de la región, ocasiona que sea más rentable sólo exportar materia prima, en vez de confeccionarla en el país.
Las cifras de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex) evidencian que en los últimos años se han perdido varios empleos en el sector, dado que entre 2006 y 2018 la industria a perdido un considerable número de puestos de trabajo, pues pasó de 82.109 a 53.636 plazas, lo que equivale a una merma de 35%.
La baja en el número de empresas en las zonas francas de Nicaragua explica en parte la pérdida de cerca de 1.700 puestos de trabajo en los primeros dos meses del año.
Cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) precisan que entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, el número de trabajadores disminuyó en 1.697, al pasar de 125.550 a 123.853.
El número de empresas en zonas francas también disminuyó en el inicio el año a la baja, al pasar de 194 en diciembre de 2018 a 187 en febrero de 2019.
La creciente tendencia por trabajar para empresas que ofrecen la flexibilidad de laborar desde casa o en espacios fuera de la oficina, está provoca variaciones en el rendimiento de los empleados y hasta cambios en el mercado inmobiliario.
Expertos en el tema opinan que en Panamá se reporta una tendencia que va en crecimiento, que consiste en que los empleados prefieren no trabajar en los ambientes eminentemente corporativos y hacerlo en coworkings, cafeterías y oficinas vanguardistas, o incluso laborar desde casa.
Debido a que en Guatemala no existe aun un reglamento para el empleo a tiempo parcial, los empresarios del sector textil estiman que el país pierde entre 40 y 70 mil plazas de trabajo.
Para los representantes de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), los altos costos de operación y mano de obra que hay en Guatemala, ocasiona que los empresarios envíen piezas cortadas a Honduras, El Salvador y Nicaragua para ser ensambladas.
Fuerte caída de la actividad productiva, salida de inversiones y la desaparición de miles de empleos formales, son algunas de las consecuencias a un año de la crisis política y económica en Nicaragua.
En marzo de 2018 en CentralAmericaData reportábamos las cifras que reflejaban el boom económico que vivía Nicaragua: el empleo formal crecía a un ritmo interanual cercano al 3%, la actividad económica cada mes registraba tasas de crecimiento interanual de entre 4% y 5%, mientras el consumo y las importaciones crecían. Solo un mes después, el viernes 19 de abril, se desencadenó una serie de hechos que determinaron un cambio radical en la tendencia que se observaba hasta entonces. El anuncio de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social fue el detonante de una crisis social, política y económica, que el país sufre hasta ahora.
En línea con las disminuciones reportadas el año pasado, en febrero 2019 se registró la afiliación de 755.908 trabajadores al seguro social, 17% menos que en igual mes de 2018.
La reducción en la cantidad de trabajadores inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se explica por el comportamiento del nivel de empleo en las actividades de comercio, construcción, financiero y transporte, almacenamiento y comunicaciones, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN).
La informalidad, el acceso a servicios sociales y la educación permanente, son algunos de los aspectos en los que deben enfocarse las economías de la región para mejorar la condiciones del mercado laboral.
Representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron en San José, Costa Rica, el reporte "Trabajar para un futuro más prometedor", elaborado por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, el cual describe los factores que afectan al trabajo en los países de la región.
Entre diciembre de 2017 y el mismo mes del año pasado el número de trabajadores afiliados al Seguro Social cayó 17%, debido al impacto de la crisis que afecta al país desde abril del año pasado.
El último reporte del Banco Central de Nicaragua (BCN) detalla que entre el último mes de 2017 y diciembre del año pasado la cantidad de trabajadores afiliados al Seguro Social pasó de 913.797 a 755.874, lo que equivale a una caída de 17%.
A pesar de la ubicación y los beneficios fiscales que en algunos casos ofrecen los países de la región, la falta de formación de la población será el principal obstáculo para seguir atrayendo grandes inversiones.
La falta de garantía de encontrar el capital humano competente y sostenible necesario para la adecuada operación de las empresas, es un tema que influye negativamente en la atracción de inversiones importantes en Centroamérica.
El 5 de enero de 2019 entró en vigencia en Nicaragua el alza de 8,25% en el salario mínimo de los trabajadores en zonas francas.
Según el Ministerio del Trabajo el año pasado el salario mínimo mensual en las zonas francas ascendió a $168 durante 2018, y con el aumento que rige desde inicios del año el pago mínimo mensual será de $182.
El alza en el salario obedece a que empresarios y trabajadores firmaron un acuerdo multianual para incrementar el salario mínimo anualmente en un porcentaje de 8,25%, en el período 2018-2022.
La definición de cuánto y cómo debe ajustarse el salario mínimo, algo que en ocasiones parece hacerse de forma antojadiza y con fines políticos, sigue siendo uno de los factores que más enfrenta a empresarios y gobiernos de Centroamérica.
En Costa Rica se aprobó para 2019 un incremento de 3% en el salario mínimo; en El Salvador, se prevé discutir un aumento, y en Guatemala, la comisión a cargo del tema informó que este año no se harán incrementos.
En la región centroamericana se estima que la tasa de desempleo promedio de quienes tienen entre 15 y 24 años ronda el 11%, siendo la falta de experiencia laboral la principal barrera para acceder al primer trabajo.
Según cifras del Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social, Costa Rica y Panamá son los países de la región con mayores tasas de desempleo juvenil, con 27% y 15%, respectivamente.
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