Con la aplicación de la regla fiscal, en Costa Rica para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos ordinarios de las entidades del Sector Público no Financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.
La administración Alvarado celebra la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica anunciando una serie de iniciativas que contemplan, entre otras cosas, un proyecto de reforma del empleo público.
Luego de un año de trámite en el Congreso y después de haber sido revisado por una Sala Constitucional, finalmente fue aprobado por la Asamblea del país el expediente 20.580.
Aunque insuficiente, el paquete de medidas de contención del gasto de gobierno que propone la administración Alvarado es un buen primer paso en el camino a seguir para resolver la delicada situación fiscal de Costa Rica.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó ante la Asamblea Legislativa un plan de contención del gasto gubernamental que contempla, entre otras medidas, decretar "... semestralmente un mismo monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del Gobierno, suma que pretende evitar un crecimiento exponencial de la masa salarial y proteger los salarios más bajos. Se calculará como el resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo. El impacto anual de esta medida se estima en ¢12.600 millones ($22 millones) incluyendo cargas sociales, cifra equivalente a la suma de los presupuestos ejecutados por el Ministerio de Comercio Exterior y Presidencia en el 2017."
Al cierre del primer trimestre de este año el déficit financiero aumentó a 1,5% del PIB, desde 1,3% reportado al mismo periodo de 2017, acompañado de una desaceleración de los ingresos tributarios.
Según el ministerio de Hacienda "... Los resultados fiscales al cierre del primer trimestre de marzo evidencian, una vez más, la necesidad de contar con una reforma estructural que permita aumentar ingresos y desacelerar el crecimiento del gasto público, objetivo que busca el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas."
El presidente Solís ordenó a los ministerios suspender todos los procesos de licitación de vehículos, equipos e insumos, alquiler de edificios y consultorías que no hayan comenzado.
En el caso de los procesos de contratación que ya estén en marcha, será el ministro de cada cartera quien decidirá si los suspende o si los considera indispensables para la operación del ministerio.
Los gastos del Estado siguen siendo superiores a los ingresos fiscales mientras el gobierno clama por la aprobación legislativa de la reforma fiscal propuesta.
A octubre los ingresos totales sumaron ¢3.241.326 millones ($6047 millones), registrando una variación interanual de 8,5%, mientras que los gastos totales llegaron a ¢4.589.189 millones ($8561 millones), creciendo 9,6% respecto a igual periodo de 2014.
Señalan que la solución a la debacle financiera del Estado de Costa Rica pasa ineludiblemente por replantear el sistema de incentivos y salarios de los funcionarios públicos.
El artículo en Crhoy.com reseña que "... Economistas y ex ministros de Hacienda aseguraron que es bueno que se haga una contención del gasto público, pero que si el actual Gobierno y los diputados realmente quieren solucionar el déficit fiscal no deben quedarse únicamente con medidas administrativas y deben entrarle al tema de los salarios públicos."
Con un grave y creciente déficit fiscal, la administración Solís presentó para el 2015 un plan de gastos para el gobierno central 19% más alto que el de 2014.
Aunque el déficit fiscal a julio se ubica ya en un 3% del Producto Interno Bruto, el gobierno decidió aumentar en un 19% el presupuesto estatal para el 2015, lo cual sumado al aumento de 4% aprobado para los salarios públicos y el incremento de 14% en los recursos girados a las universidades del Estado, amenaza con presionar al alza las tasas de interés y complicar aún más el escenario económico.
En enero de 2014 el gasto corriente aumentó casi 8% con respecto a enero del año 2013, con el rubro Remuneraciones creciendo 11%.
El reporte Cifras mensuales de Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central publicado por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, muestra que el incremento en los ingresos totales en enero de 2014 fue de casi 11%, lo que significó una reducción del déficit fiscal financiero con respecto al PIB del 0,7%.
La necesidad de dólares llevó al Ministerio de Hacienda a comprar $259 millones en el mercado local en apenas dos meses.
Entre octubre y noviembre Hacienda captó del mercado local el equivalente al 91% de todo lo que ha captado en bonos denominados en la moneda estadounidense, reflejando la necesidad que la entidad tiene por obtener fondos frescos en dólares.
Advierten que la próxima administración del 2014 heredará un déficit fiscal de tal magnitud que requerirá de decisiones de alto impacto.
Así lo explicó la contralora Marta Acosta durante una sesión ante el Congreso costarricense donde se presentó un informe del plan del presupuesto de la República para el 2014. En cuanto a “decisiones de alto impacto”, la funcionaria dijo que se debe aumentar en $1.798 millones los ingresos públicos, lo que equivale a 3,4% del PIB.
En relación al Producto Interno Bruto los gastos del Estado costarricenses son los más altos entre todos los países centroamericanos.
Así lo revela un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). El segundo puesto es ocupado por el Gobierno de Panamá con 23% del PIB seguido por Guatemala que registra uno de los más bajos con 15,1% de la producción.
El propio ministro de Hacienda califica como "frágil e insostenible" la situación financiera del Estado costarricense.
El editorial en Elfinancierocr.com destaca que "Los próximos meses de la gestión de Ayales al frente de las finanzas públicas serán muy difíciles por cuatro razones."
Entre esas razones está la coyuntura político electoral, que asegura el incremento del gasto público, por la necesidad de concretar por lo menos algunos proyectos antes de finalizar el actual mandato, y en especial por la acción de los grupos de presión en demanda de concesiones del gobierno.
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