Las entidades de gobierno y municipales pueden aprovechar la inteligencia de localización para optimizar la planificación estratégica, mejorar la calidad de los servicios públicos y optimizar sus presupuestos.
¿Qué proporciona la inteligencia de localización a los gobiernos?
Los datos de localización brindan a los responsables del sector público la capacidad de mejorar la planificación estratégica y las políticas operativas. Estos datos son un recurso imprescindible para las organizaciones del sector público encargadas de hacer frente a los complejos retos actuales.
En plena pandemia y crisis económica, el presidente de Costa Rica anunció, en cadena nacional, un plan de reactivación económica sin rumbo claro, sin responsables asignados y sin acciones concretas.
En el mensaje emitido la noche del 12 de julio, el presidente Carlos Alvarado explicó, de forma vaga, parte del plan que se pretende adoptar para salir de la crisis sanitaria y económica que se ha generado a raíz de la propagación del covid19.
Con la aplicación de la regla fiscal, en Costa Rica para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos ordinarios de las entidades del Sector Público no Financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.
Del comunicado del Ministerio de Hacienda:
25 de Marzo de 2019. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, informó hoy, que como resultado de la aplicación de la regla fiscal, para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos ordinarios de las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.
La administración Alvarado celebra la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica anunciando una serie de iniciativas que contemplan, entre otras cosas, un proyecto de reforma del empleo público.
Luego de un año de trámite en el Congreso y después de haber sido revisado por una Sala Constitucional, finalmente fue aprobado por la Asamblea del país el expediente 20.580.
Aunque insuficiente, el paquete de medidas de contención del gasto de gobierno que propone la administración Alvarado es un buen primer paso en el camino a seguir para resolver la delicada situación fiscal de Costa Rica.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, presentó ante la Asamblea Legislativa un plan de contención del gasto gubernamental que contempla, entre otras medidas, decretar "...
Al cierre del primer trimestre de este año el déficit financiero aumentó a 1,5% del PIB, desde 1,3% reportado al mismo periodo de 2017, acompañado de una desaceleración de los ingresos tributarios.
Según el ministerio de Hacienda "... Los resultados fiscales al cierre del primer trimestre de marzo evidencian, una vez más, la necesidad de contar con una reforma estructural que permita aumentar ingresos y desacelerar el crecimiento del gasto público, objetivo que busca el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas."
El presidente Solís ordenó a los ministerios suspender todos los procesos de licitación de vehículos, equipos e insumos, alquiler de edificios y consultorías que no hayan comenzado.
En el caso de los procesos de contratación que ya estén en marcha, será el ministro de cada cartera quien decidirá si los suspende o si los considera indispensables para la operación del ministerio.
La gremial de empresas privadas presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva de la refinadora estatal Recope.
Del comunicado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado:
Costarricenses tendríamos que pagar salarios por asuetos durante fiestas patronales, subsidios para comprar anteojos y becas por estudiar en el exterior, entre otros.
Unión de Cámaras impugna estos beneficios, pagados con fondos públicos, por irracionales y desproporcionados.
Los gastos del Estado siguen siendo superiores a los ingresos fiscales mientras el gobierno clama por la aprobación legislativa de la reforma fiscal propuesta.
A octubre los ingresos totales sumaron ¢3.241.326 millones ($6047 millones), registrando una variación interanual de 8,5%, mientras que los gastos totales llegaron a ¢4.589.189 millones ($8561 millones), creciendo 9,6% respecto a igual periodo de 2014.
Señalan que la solución a la debacle financiera del Estado de Costa Rica pasa ineludiblemente por replantear el sistema de incentivos y salarios de los funcionarios públicos.
El artículo en Crhoy.com reseña que "... Economistas y ex ministros de Hacienda aseguraron que es bueno que se haga una contención del gasto público, pero que si el actual Gobierno y los diputados realmente quieren solucionar el déficit fiscal no deben quedarse únicamente con medidas administrativas y deben entrarle al tema de los salarios públicos."
Con un grave y creciente déficit fiscal, la administración Solís presentó para el 2015 un plan de gastos para el gobierno central 19% más alto que el de 2014.
Aunque el déficit fiscal a julio se ubica ya en un 3% del Producto Interno Bruto, el gobierno decidió aumentar en un 19% el presupuesto estatal para el 2015, lo cual sumado al aumento de 4% aprobado para los salarios públicos y el incremento de 14% en los recursos girados a las universidades del Estado, amenaza con presionar al alza las tasas de interés y complicar aún más el escenario económico.
La nueva administración Solís proyecta instaurar el Impuesto al Valor Agregado y exigir constancia de pago de impuestos para trámites en instituciones públicas y para solicitar créditos bancarios.
La reforma fiscal en preparación incluye un proyecto de ley para reformar el tributo de renta. Esto es parte de un proyecto del Ministerio de Hacienda que incluye 55 acciones específicas entre las cuales se encuentran cambios en el área de ingresos, reducción del gasto público y control del endeudamiento estatal.
En enero de 2014 el gasto corriente aumentó casi 8% con respecto a enero del año 2013, con el rubro Remuneraciones creciendo 11%.
El reporte Cifras mensuales de Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central publicado por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, muestra que el incremento en los ingresos totales en enero de 2014 fue de casi 11%, lo que significó una reducción del déficit fiscal financiero con respecto al PIB del 0,7%.
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