Se estima que en 2015 el comercio ilícito y la defraudación aduanera sumaron $2.200 millones, equivalente al 3,5% del PIB.
Cereales, productos animales, carne y productos de carne, productos de panadería, azúcar, macarrones y fideos, lácteos, bebidas alcohólicas y textiles encabezan la lista de los productos más afectados por el comercio ilícito, según un estudio realizado por Asíes.
La Superintendencia del Mercado de Valores podrá acceder a la información bancaria cuando se realicen investigaciones por incumplimientos en el mercado bursátil.
El decreto comenzó a regir el 17 de diciembre de 2016, y establece que cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) requiera información bancaria de losdepositantes y sus pasivos, será solicitada a través de la Superintendencia de Bancosde Panamá. Además, los dos reguladores firmaron un memorando de entendimientopara facilitar el intercambio de información.
Como parte de una investigación por defraudación, ordenaron el cierre temporal de diez tiendas que el panameño Grupo Wisa opera en el aeropuerto guatemalteco, bajo la marca La Riviera.
La orden del Ministerio Público de Guatemala es parte de una investigación abierta por defraudación, e implica el cierre temporal de diez locales y una bodega de la empresa Tiendas Libres de Guatemala S.A., conocida como La Riviera.
El expresidente guatemalteco deberá enfrentar el juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
El juez Miguel Angel Gálvez dictó auto de procesamiento contra el ex presidente Otto Pérez Molina, luego de analizar la evidencia presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig).
Horas después de que el Congreso votara quitarle la inmunidad, el Ministerio Público anunció que una vez sea citado en el juzgado, solicitará el cese de funciones del presidente guatemalteco.
El anuncio fue realizado por la fiscal general del Ministerio Público, que aseguró, según reseña Prensalibre.com, "... que cuando el presidente Otto Pérez Molina llegue al juzgado pedirá que sea cesado de su cargo."
La Corte Constitucional considera que la evidencia presentada por el Ministerio Público es suficiente para dar trámite al antejuicio y que el Congreso decida si retira o no la inmunidad al mandatario.
La decisión de levantar la inmunidad al presidente Pérez Molina para que enfrente las acusaciones por corrupción recae ahora en el poder legislativo. Los diputados que integran la Comisión Pesquisidora deberán investigar en base a las pruebas presentadas por los fiscales, y definir posteriormente en el plenario, su decisión.
Para el sector privado la decisión del presidente Pérez Molina de no renunciar a su cargo deteriora aún más la imagen del país, en momentos en que la economía muestra señales de estabilidad.
Así como la decisión de realizar la investigación por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) fue aplaudida por el sector empresarial guatemalteco, la decisión del presidente de permanecer en su cargo genera repudio y gran preocupación, principalmente por el impacto negativo que tiene sobre el país como destino de inversiones extranjeras.
El desmantelamiento de una red de corrupción al más alto nivel en la Superintendencia de la Administración Tributaria obliga al análisis de la estabilidad del gobierno de Otto Pérez Molina.
Christian Calderon Cedillos, sociólogo guatemalteco, revisa en artículo de Estrategiaynegocios.net, las posibles consecuencias del escándalo suscitado por el alcance de la red de corrupción aduanera, que llega al primer nivel del gobierno, dado que el sindicado como jefe de la organización delictiva -aún prófugo en el exterior del país- era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El presidente Pérez Molina anunció que solicitará extender hasta el 2017 el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en el país.
Del comunicado del Gobierno de Guatemala:
El presidente Otto Pérez Molina anunció la decisión de su gobierno de solicitar a las Naciones Unidas un nuevo mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que continúe sus funciones hasta el 2017.
La desarticulación de la red de corrupción existente al más alto nivel del sistema tributario muestra la validez y necesidad que tiene Centroamérica de instancias como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
EDITORIAL
Dirigentes empresariales guatemaltecos se pronunciaron en ese sentido, tras la difusión de las actuaciones de la CICIG arrojando luz sobre el grupo de delincuentes que, desde el más alto nivel de la administración aduanera, manejaba contrabando y defraudación tributaria en el país. Ver: Red de defraudación aduanera en Guatemala