La analítica de big data es una solución eficaz para identificar patrones de comportamiento y establecer estrategias que ayuden a detectar y prevenir fraudes en diversos sectores de negocios.
La mayoría de las empresas no son conscientes de la información que poseen ni de cómo aprovecharla, analizarla y comprenderla, con lo que pueden llegar a perder gran cantidad de datos potencialmente útiles, y hacer que el fraude y otras actividades delictivas se normalicen en sus procesos y se vuelvan difíciles de detectar.
Con el aval legislativo a la Ley contra el fraude fiscal el Ministerio de Hacienda podrá tener acceso a la lista de accionistas de las sociedades anónimas, y las personas detrás de otros entes jurídicos.
En el proyecto de ley aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa se estipula la obligación de aceptar como medio de pago, además del efectivo, las tarjetas de crédito y débito; obliga a estar al día con los pagos tributarios para poder contratar o gestionar permisos, concesiones o autorizaciones ante cualquier institución del Estado; introduce sanciones para los asesores tributarios que ejecuten maniobras ilegales para evadir o reducir el monto que deben pagar los contribuyentes; y fortalece los procesos de cobro judicial.
La oposición legislativa en Costa Rica volvió a presentar un texto sustitutivo de la ley contra el fraude fiscal, eliminando del proyecto el embargo de cuentas bancarias de empresas sospechosas de evasión fiscal.
Con la moción presentada por los diputados de oposición se busca impedir que la Dirección General de Tributación tenga capacidad para embargar o solicitar a un juez el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes sospechosos de evasión fiscal.
Un proyecto de ley aprobado en Comisión Legislativa crea el registro de accionistas al que tendría acceso irrestricto la autoridad tributaria.
El objetivo principal del proyecto contra el fraude fiscal es permitir a la Dirección General de Tributación embargar bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes calificados como morosos, con la orden de un juez. Los embargos se podrían extender por un plazo hasta de dos años.
La nueva acusación de fraude fiscal contra Aceros de Guatemala pone de manifiesto cómo lo engorroso de los trámites de créditos fiscales propicia la deshonestidad de funcionarios y empresarios.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusan a la empresa Aceros de Guatemala de haber cometido los delitos defraudación tributaria y defraudación aduanera, por un monto superior a los $33 millones, que estaría vinculado a la estructura de defraudación aduanera desmantelada meses atrás y conocida como "La Línea".
Datos de Hacienda señalan que en el impuesto sobre la renta las personas jurídicas incumplieron un 70% sobre el potencial recaudatorio, lo que representa un 4,23% del PIB.
“…Seguimos encontrando maniobras fraudulentas, contrabandos, omisos, morosos y contribuyentes que haciendo uso de las debilidades que tienen nuestras leyes, siguen buscando la manera de incumplir con sus obligaciones, por eso nuestro objetivo de mejorar los controles y nuestra legislación tributaria”, manifestó Helio Fallas, ministro de Hacienda de Costa Rica.
En Costa Rica eliminan del proyecto de ley contra el fraude fiscal la potestad de la Administración Tributaria de cobrar y ejecutar embargos mediante resolución administrativa.
En su lugar, los diputados del partido oficialista apoyarán la propuesta de que las deudas de impuestos se resuelvan en los tribunales de justicia, "... como lo negoció el Ministerio de Hacienda con diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario." La única condición impuesta por el Partido Acción Ciudadana (PAC) es las solicitudes de embargo sean resueltas por los jueces en un plazo máximo de 3 días hábiles.
El nuevo proyecto de ley de fraude fiscal que preparó la oposición y que deberá ser revisado por el Ministerio de Hacienda excluye la figura de cobro y embargo por vía administrativa.
Luego de que se negociara que el bloque de oposición en el Congreso modificaría el proyecto de ley presentado inicialmente por el Ministerio de Hacienda, el nuevo proyecto de ley está listo y entre los cambios que incorpora está la eliminación de la figura de cobro y embargo por vía administrativa. Sí se mantiene el cobro y embargo de deudas tributarias por vía judicial.
En Costa Rica la mayoría de los diputados rechazan proyecto de ley que otorgaría a Tributación capacidades para sancionar contribuyentes morosos que se consideran exclusivas del Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo deberá modificar el proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal si pretende que la Asamblea Legislativa lo apruebe. La oposición rechaza principalmente la posibilidad que otorga el proyecto de ejecutar cobros y embargos sin una orden judicial, y además "... objetan que los asesores en materia de impuestos puedan ser condenados a pagar parte de las deudas de los contribuyentes, si la Administración considera que aconsejaron mal."
El Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal autoriza a la autoridad tributaria a embargar bienes y cuentas bancarias de contribuyentes morosos, sin mediar orden de un juez.
El artículo en Nacion.com reseña que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señala que con norma propuesta "... se podrían afectar los derechos a la propiedad y a la intimidad de las personas porque los funcionarios de Tributación podrían tomar posesión de cualquier dinero depositado en cuentas bancarias, ingresos provenientes de salarios y pensiones." y que "... sin orden judicial, la Administración Tributaria podría embargar bienes y entrar a negocios o establecimientos."
La creciente debilidad institucional en varios países del istmo pone en primer plano la responsabilidad que tiene el sector empresarial de mantener en marcha la economía de esta región.
EDITORIAL
Actualmente, los gobiernos de varios países centroamericanos muestran debilidades que -con distintos grados- señalan un pronunciado descenso de la calidad institucional.
El desmantelamiento de una red de corrupción al más alto nivel en la Superintendencia de la Administración Tributaria obliga al análisis de la estabilidad del gobierno de Otto Pérez Molina.
Christian Calderon Cedillos, sociólogo guatemalteco, revisa en artículo de Estrategiaynegocios.net, las posibles consecuencias del escándalo suscitado por el alcance de la red de corrupción aduanera, que llega al primer nivel del gobierno, dado que el sindicado como jefe de la organización delictiva -aún prófugo en el exterior del país- era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
La desarticulación de la red de corrupción existente al más alto nivel del sistema tributario muestra la validez y necesidad que tiene Centroamérica de instancias como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
EDITORIAL
Dirigentes empresariales guatemaltecos se pronunciaron en ese sentido, tras la difusión de las actuaciones de la CICIG arrojando luz sobre el grupo de delincuentes que, desde el más alto nivel de la administración aduanera, manejaba contrabando y defraudación tributaria en el país. Ver: Red de defraudación aduanera en Guatemala
El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno hacer del dominio público los nombres de personas y empresas que estén en mora en el pago de impuestos.
La iniciativa de ley es promovida por el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa costarricense y cuenta con apoyo de diputados de distintas bancadas e incluso del Ejecutivo.
Según la reforma, “será de acceso público la información sobre los nombres de las personas físicas y jurídicas que tienen deudas tributarias con la Hacienda Pública, y el monto de dichas deudas”, informó Nacion.com.
El Gobierno de Costa Rica constituirá una nueva Unidad Especial Antifraude y emitió una directriz para restringir la conciliación en casos de evasión fiscal.
Del comunicado de la Casa Presidencial:
La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda manifestó que “Costa Rica ha venido dando pasos en la dirección correcta para mejorar su gestión tributaria, no solo se han implementado modelos de gestión de vanguardia, sino que se han propuesto importantes cambios a las leyes tanto de impuestos como de procedimientos, en una clara convicción y compromiso de esta Administración por mejorar las finanzas públicas trabajando con afán en las fallas estructurales de nuestro sistema fiscal”.