La oposición legislativa en Costa Rica volvió a presentar un texto sustitutivo de la ley contra el fraude fiscal, eliminando del proyecto el embargo de cuentas bancarias de empresas sospechosas de evasión fiscal.
Con la moción presentada por los diputados de oposición se busca impedir que la Dirección General de Tributación tenga capacidad para embargar o solicitar a un juez el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes sospechosos de evasión fiscal.
En Costa Rica eliminan del proyecto de ley contra el fraude fiscal la potestad de la Administración Tributaria de cobrar y ejecutar embargos mediante resolución administrativa.
En su lugar, los diputados del partido oficialista apoyarán la propuesta de que las deudas de impuestos se resuelvan en los tribunales de justicia, "... como lo negoció el Ministerio de Hacienda con diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Movimiento Libertario." La única condición impuesta por el Partido Acción Ciudadana (PAC) es las solicitudes de embargo sean resueltas por los jueces en un plazo máximo de 3 días hábiles.
En Costa Rica la mayoría de los diputados rechazan proyecto de ley que otorgaría a Tributación capacidades para sancionar contribuyentes morosos que se consideran exclusivas del Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo deberá modificar el proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal si pretende que la Asamblea Legislativa lo apruebe. La oposición rechaza principalmente la posibilidad que otorga el proyecto de ejecutar cobros y embargos sin una orden judicial, y además "... objetan que los asesores en materia de impuestos puedan ser condenados a pagar parte de las deudas de los contribuyentes, si la Administración considera que aconsejaron mal."
El Proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal autoriza a la autoridad tributaria a embargar bienes y cuentas bancarias de contribuyentes morosos, sin mediar orden de un juez.
El artículo en Nacion.com reseña que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señala que con norma propuesta "... se podrían afectar los derechos a la propiedad y a la intimidad de las personas porque los funcionarios de Tributación podrían tomar posesión de cualquier dinero depositado en cuentas bancarias, ingresos provenientes de salarios y pensiones." y que "... sin orden judicial, la Administración Tributaria podría embargar bienes y entrar a negocios o establecimientos."
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