La nueva acusación de fraude fiscal contra Aceros de Guatemala pone de manifiesto cómo lo engorroso de los trámites de créditos fiscales propicia la deshonestidad de funcionarios y empresarios.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusan a la empresa Aceros de Guatemala de haber cometido los delitos defraudación tributaria y defraudación aduanera, por un monto superior a los $33 millones, que estaría vinculado a la estructura de defraudación aduanera desmantelada meses atrás y conocida como "La Línea".
La creciente debilidad institucional en varios países del istmo pone en primer plano la responsabilidad que tiene el sector empresarial de mantener en marcha la economía de esta región.
EDITORIAL
Actualmente, los gobiernos de varios países centroamericanos muestran debilidades que -con distintos grados- señalan un pronunciado descenso de la calidad institucional.
Christian Calderon Cedillos, sociólogo guatemalteco, revisa en artículo de Estrategiaynegocios.net, las posibles consecuencias del escándalo suscitado por el alcance de la red de corrupción aduanera, que llega al primer nivel del gobierno, dado que el sindicado como jefe de la organización delictiva -aún prófugo en el exterior del país- era el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
La desarticulación de la red de corrupción existente al más alto nivel del sistema tributario muestra la validez y necesidad que tiene Centroamérica de instancias como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
EDITORIAL
Dirigentes empresariales guatemaltecos se pronunciaron en ese sentido, tras la difusión de las actuaciones de la CICIG arrojando luz sobre el grupo de delincuentes que, desde el más alto nivel de la administración aduanera, manejaba contrabando y defraudación tributaria en el país. Ver: Red de defraudación aduanera en Guatemala
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