Fue aprobado por la Asamblea Nacional el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, cuando el monto defraudado en un periodo fiscal de un año sea igual o superior a los $300 mil.
Con una votación mayoritaria, se aprobó en tercer debate el Proyecto 591 que tipifica la evasión fiscal en el Código Penal y se considera como delito producto del lavado de capitales, informó la Asamblea Legislativa.
El gobierno panameño asegura que si no se aprueba el proyecto de ley que tipifica como delito la evasión fiscal, el país se expone a ingresar nuevamente a la lista gris del Gafi en 2019.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
El Ministerio de Economía y Finanzas considera necesario para Panamá que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley que eleva la evasión fiscal a delito penal y como precedente de lavado de dinero.
El proyecto de ley aprobado en primer debate en Panamá establece penas de dos a cuatro años de cárcel por la evasión de $300 mil o más, y podría utilizarse como antecedente del blanqueo de capitales.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de ley 591, el cual considera como delito la evasión fiscal.
En el contexto de la discusión de un proyecto de ley de evasión fiscal, el sector empresarial panameño solicita que el monto defraudado para que se considere un delito penal se eleve de $300 mil a $500 mil.
En relación a la solicitud hecha por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que "... existen puntos que los gremios les gustaría se modifiquen, lo cual debilitaría el proyecto de ley a tal punto que el objetivo de la misma se perdería. Panamá necesita una propuesta robusta. Solicitar que se eleve a 500 mil balboas el monto de defraudación, no demuestra seriedad en combatir el Blanqueo de Capital."
El proyecto de ley presentado por la administración Varela en la Asamblea Nacional estipula sanciones de 2 a 5 años y multas hasta 10 veces el importe defraudado.
Del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas:
18 de enero 2018. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó hoy ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que propone la inclusión del delito de fraude fiscal como delito en el Código Penal.
Cerca de $14 millones habrían defraudado al fisco de Guatemala un grupo de personas que a través de empresas de cartón, emitían facturas falsas para simular la compra de ganado.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de 150 empresas que estarían involucradas en el caso de evasión tributaria a través de la creación de entidades de fachada o de cartón.
En Panamá el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que convierte en delito penal la evasión de impuestos por más de $300 mil, con sanciones de 2 a 5 años y multas de hasta 10 veces el importe defraudado.
En Panamá un proyecto de ley de la administración Varela propone que la defraudación fiscal de $300 mil o más sea tipificada como delito penal, y sancionado con 1 a 3 años de cárcel.
El Ministerio de Finanzas y Economía insiste en que el país corre riesgo de volver a ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera si no se tipifica como delito la evasión fiscal. Panamá es uno de los pocos países donde la evasión de impuestos no se considera un delito penal.
Proponen tipificar como delito la evasión tributaria en Panamá, donde, a diferencia de países, solo se considera una falta administrativa.
Para evitar volver a la lista gris y mejorar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero y transparencia fiscal, el gobierno panameño presentó un estudio comparativo sobre el delito tributario en Panamá y otros países, para iniciar el debate para tipificar como delito la evasión fiscal en el país.
Se estima que en 2015 el comercio ilícito y la defraudación aduanera sumaron $2.200 millones, equivalente al 3,5% del PIB.
Cereales, productos animales, carne y productos de carne, productos de panadería, azúcar, macarrones y fideos, lácteos, bebidas alcohólicas y textiles encabezan la lista de los productos más afectados por el comercio ilícito, según un estudio realizado por Asíes.
La Superintendencia del Mercado de Valores podrá acceder a la información bancaria cuando se realicen investigaciones por incumplimientos en el mercado bursátil.
El decreto comenzó a regir el 17 de diciembre de 2016, y establece que cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) requiera información bancaria de losdepositantes y sus pasivos, será solicitada a través de la Superintendencia de Bancosde Panamá. Además, los dos reguladores firmaron un memorando de entendimientopara facilitar el intercambio de información.
Con el aval legislativo a la Ley contra el fraude fiscal el Ministerio de Hacienda podrá tener acceso a la lista de accionistas de las sociedades anónimas, y las personas detrás de otros entes jurídicos.
En el proyecto de ley aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa se estipula la obligación de aceptar como medio de pago, además del efectivo, las tarjetas de crédito y débito; obliga a estar al día con los pagos tributarios para poder contratar o gestionar permisos, concesiones o autorizaciones ante cualquier institución del Estado; introduce sanciones para los asesores tributarios que ejecuten maniobras ilegales para evadir o reducir el monto que deben pagar los contribuyentes; y fortalece los procesos de cobro judicial.
La oposición legislativa en Costa Rica volvió a presentar un texto sustitutivo de la ley contra el fraude fiscal, eliminando del proyecto el embargo de cuentas bancarias de empresas sospechosas de evasión fiscal.
Con la moción presentada por los diputados de oposición se busca impedir que la Dirección General de Tributación tenga capacidad para embargar o solicitar a un juez el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes sospechosos de evasión fiscal.
Un proyecto de ley aprobado en Comisión Legislativa crea el registro de accionistas al que tendría acceso irrestricto la autoridad tributaria.
El objetivo principal del proyecto contra el fraude fiscal es permitir a la Dirección General de Tributación embargar bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes calificados como morosos, con la orden de un juez. Los embargos se podrían extender por un plazo hasta de dos años.
El gobierno panameño anunció su voluntad de revisar prácticas vigentes en el sistema legal y financiero y de colaborar con otros gobiernos en procesos judiciales por delitos financieros y fiscales.
A raíz de la filtración masiva de información financiera de una firma de abogados panameña, el Gobierno anunció que evaluará las prácticas que tienen que ver con su sistema financiero y que colaborará con otras jurisdicciones que investiguen a ciudadanos sospechosos de actividades criminales, incluyendo evasión fiscal. El anuncio lo hizo el presidente Juan Carlos Varela.
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