La analítica de big data es una solución eficaz para identificar patrones de comportamiento y establecer estrategias que ayuden a detectar y prevenir fraudes en diversos sectores de negocios.
La mayoría de las empresas no son conscientes de la información que poseen ni de cómo aprovecharla, analizarla y comprenderla, con lo que pueden llegar a perder gran cantidad de datos potencialmente útiles, y hacer que el fraude y otras actividades delictivas se normalicen en sus procesos y se vuelvan difíciles de detectar.
La Superintendencia del Mercado de Valores podrá acceder a la información bancaria cuando se realicen investigaciones por incumplimientos en el mercado bursátil.
El decreto comenzó a regir el 17 de diciembre de 2016, y establece que cuando la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) requiera información bancaria de losdepositantes y sus pasivos, será solicitada a través de la Superintendencia de Bancosde Panamá. Además, los dos reguladores firmaron un memorando de entendimientopara facilitar el intercambio de información.
La nueva acusación de fraude fiscal contra Aceros de Guatemala pone de manifiesto cómo lo engorroso de los trámites de créditos fiscales propicia la deshonestidad de funcionarios y empresarios.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala acusan a la empresa Aceros de Guatemala de haber cometido los delitos defraudación tributaria y defraudación aduanera, por un monto superior a los $33 millones, que estaría vinculado a la estructura de defraudación aduanera desmantelada meses atrás y conocida como "La Línea".
Como parte de una investigación por defraudación, ordenaron el cierre temporal de diez tiendas que el panameño Grupo Wisa opera en el aeropuerto guatemalteco, bajo la marca La Riviera.
La orden del Ministerio Público de Guatemala es parte de una investigación abierta por defraudación, e implica el cierre temporal de diez locales y una bodega de la empresa Tiendas Libres de Guatemala S.A., conocida como La Riviera.
La creciente debilidad institucional en varios países del istmo pone en primer plano la responsabilidad que tiene el sector empresarial de mantener en marcha la economía de esta región.
EDITORIAL
Actualmente, los gobiernos de varios países centroamericanos muestran debilidades que -con distintos grados- señalan un pronunciado descenso de la calidad institucional.
El presidente Pérez Molina anunció que solicitará extender hasta el 2017 el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en el país.
Del comunicado del Gobierno de Guatemala:
El presidente Otto Pérez Molina anunció la decisión de su gobierno de solicitar a las Naciones Unidas un nuevo mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que continúe sus funciones hasta el 2017.
La desarticulación de la red de corrupción existente al más alto nivel del sistema tributario muestra la validez y necesidad que tiene Centroamérica de instancias como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
EDITORIAL
Dirigentes empresariales guatemaltecos se pronunciaron en ese sentido, tras la difusión de las actuaciones de la CICIG arrojando luz sobre el grupo de delincuentes que, desde el más alto nivel de la administración aduanera, manejaba contrabando y defraudación tributaria en el país. Ver: Red de defraudación aduanera en Guatemala
Detuvieron a Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex titular la SAT, y a otras 19 altos funcionarios, empleados y particulares.
Del comunicado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig):
DESMANTELAN RED DE DEFRAUDACIÓN ADUANERA
Capturan jefe y ex titular de la SAT
Si prospera la iniciativa de ley que discute la Asamblea Legislativa de Costa Rica, los accionistas de las sociedades anónimas podrían ser responsabilizados en casos de fraude.
La Comisión de Asuntos Jurídicos avaló el proyecto de ley Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica, para que sea discutido en el plenario de la Asamblea Legislativa. La iniciativa pretende reformar el Código de Comercio para que los accionistas de las sociedades anónimas sean responsabilizados por los actos de la empresa en caso de incumplimiento legal o violación de derechos.
Mientras en Colombia las actividades de la empresa ya fueron declaradas ilegales, en Panamá habrían vacíos normativos que impedirían una definición clara al respecto.
El artículo en Prensa.com reseña que "... tanto la Superintendencia de Bancos (SBP) como la del Mercado de Valores de Panamá (SMV), emitieron un comunicado en conjunto en el que le solicitaban al Ministerio Público (MP) que investigara a Emgoldex Panamá para determinar si las actividades que suman unos seis meses en el país “están enmarcadas como conductas delictivas en la legislación penal”.
La Superintendencia de Bancos advierte que la empresa, que en Colombia está intervenida, no está autorizada a captar fondos del público de forma directa o indirecta.
Los representantes de la empresa Emgoldex en Panamá aún no han sido localizados por las autoridades del mercado financiero, quienes sí detectaron supuestos clientes "premium" de la empresa, que invitaban a otros posibles inversionistas a invertir $700 dólares para luego a su vez ingresar al esquema a otras dos personas para obtener un bono equivalente a $4 mil.
La Superintendencia de Sociedades señala hechos objetivos y notorios de captación ilegal masiva de dineros del público por parte de la operación de Emgoldex, que actualmente también opera en Panamá.
Del comunicado de la Superintendencia de Sociedades de Colombia:
SuperSociedades ordena intervención de las operaciones de Emgoldex en Colombia
Bogotá, 12 may (SS).
El reciente anuncio de la construcción de un parque temático Disney en Costa Rica fue desmentido por la propia Corporación Disney.
EDITORIAL
El anuncio hecho por el alcalde de la ciudad de Liberia en un programa matutino de variedades, fue replicado rápidamente por distintos medios, para pocas horas después ser desmentido no solo por la Corporación Disney y por la empresa desarrolladora aparentemente involucrada, sino incluso por el propio alcalde, que habría reconocido no poder confirmar la información.
Mario Brol Samayoa fue sentenciado por lavado de dinero, defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria y defraudación aduanera.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Brol Samayoa exportó gasolina hacia países como Taiwán, México, Honduras y El Salvador, sin pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Por esa defraudación el Estado dejó de percibir $91 millones”, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)”.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica analiza un proyecto de ley para extender la responsabilidad de las personas jurídicas a los socios, en casos de fraude o incumplimientos.
El promotor del proyecto de ley, el diputado José María Villalta, señaló que “Si se demuestra en un juicio que se está haciendo un uso fraudulento o abusivo de la personalidad jurídica para burlar la ley, lo que se hace es que se rompe el principio de separación y limitación de responsabilidad entre la sociedad y sus socios”.