En El Salvador cada semana al menos dos negocios reportan su intención de cerrar debido al impacto de las extorsiones, un problema que, lejos de resolverse, parece empeorar cada año.
Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), manifestaron que los empresarios del país no perciben ninguna mejora significativa en el clima de seguridad, luego de que en abril pasado se extendiera, por seis meses más, las medidas extraordinarias de la administración Sánchez Cerén para intentar controlar la delincuencia y la inseguridad.
Las empresas deben destinar hasta el 15% de sus gastos a seguridad, como consecuencia de la creciente violencia en el país.
Una empresa que desee operar en Guatemala debe destinar entre el 8 al 15% de sus gastos en seguridad para poder operar. El dato lo dio Víctor Guillén, gerente de compras, importaciones y exportaciones de Dagas, difundido por Elperiodico.com.gt, quien reveló que su empresa destina Q250 mil ($32 mil) al mes para la seguridad de sus plantas, camiones y trabajadores.
Empresarios rechazan categóricamente las declaraciones de funcionario de gobierno que confunden extorsiones con financiamiento del crimen organizado.
Las declaraciones del secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, Roberto Lorenzana, contra las empresas que sufren extorsiones en el país generaron una fuerte reacción por parte del sector privado, cuatro días después de que Industrias La Constancia anunciara públicamente que suspendía la operación de una de sus plantas por el incremento de la inseguridad y la violencia.
El presidente Sánchez Cerén sancionó la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, con la que se espera mejorar el combate a una desafortunada práctica que afecta principalmente al sector empresarial.
Del comunicado de la Presidencia de El Salvador:
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sancionó el Decreto Legislativo N° 953 que contiene la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, propuesta por el gobierno para hacer más eficiente la persecución de este ilícito.
La Asamblea Legislativa aprobó la ley que autoriza a la Fiscalía General a realizar investigaciones de oficio, sin necesidad de que exista denuncia formal.
Del comunicado de la Asamblea Legislativa de El Salvador:
El Pleno Legislativo aprobó de forma unánime la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión, que permitirá endurecer las sanciones penales y procesales, así como también medidas administrativas para la prevención, investigación, enjuiciamiento del delito de extorsión.
"Recibir una llamada de un desconocido que intimida y pide una fuerte suma de dinero a cambio de no hacer realidad sus amenazas es una de las preocupaciones más grandes de los guatemaltecos".
Articulo de Corinne Dedik en la edición 169 de la revista Mundo Comercial de la Cámara de Comercio de Guatemala:
Las extorsiones: la gran preocupación de los guatemaltecos
En los últimos tres años los delitos de extorsión han aumentado 20%, afectando la competitividad y reduciendo la capacidad del país para atraer inversión extranjera.
El sector empresarial exige al gobierno acelerar la aprobación de los proyectos de ley que pretenden mejorar la competitividad del país e incrementar el seguimiento que dan las instituciones del Estado a las medidas preventivas.
Las empresas distribuidoras de productos en el norte de Centroamérica llegan a pagar cuotas mensuales de $100 por camión a los grupos criminales organizados.
Lejos de reducirse, el costo y los problemas que conllevan las extorsiones para las empresas en Centroamérica, continúa aumentando y perjudicando al comercio regional. Solo en Honduras, reporte Eleconomista.net, "...
En Guatemala cuatro ataques armados en tan solo diez días contra camiones que transportaban bebidas dentro la capital reflejan la impunidad de la delincuencia organizada.
Según investigaciones de las autoridades, los ataques en distintas zonas de la capital se dieron como respuesta al no pago de extorsiones por parte de algunas empresas distribuidoras de bebidas.
Solo en la contratación de agentes de seguridad las empresas gastan por año $243 millones, además del pago por las extorsiones a los transportistas en las carreteras.
La delincuencia e impunidad que existe afecta no solo a las empresas de transporte de mercancías que operan en el país, sino que reduce cada vez más la posibilidad de Guatemala de atraer más y mejor inversión extranjera que coadyuve al desarrollo socioeconómico.
El 90% de los pequeños empresarios son extorsionados y muchos han debido abandonar el país, denuncian representantes del sector.
Aunque el porcentaje de extorsiones a las PyMEs ha aumentado 20% en 8 meses, el 76% de los empresarios afectados no realiza las denuncias de los hechos por temor a represalias. La percepción empresarial general es de un incremento en el comportamiento delincuencial, amenazas permanentes de grupos organizados y una mayor desconfianza en la Policía Nacional Civil (PNC), según informe del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES).
Pese al aumento en los pagos por extorsión, en El Salvador en el 2013 murieron 33 conductores a manos de los delincuentes.
Catalino Miranda, representante de la Federación de Cooperativas de Transporte (FECOATRANS), explicó “que esta cantidad de dinero fue pagada por los empresarios de las 10.500 unidades que existen a escala nacional”. En 2012 se reportaron $18 millones en pago por extorsiones.
Las extorsiones y los robos a tiendas y a los camiones que transportan mercadería provocan el cierre de las pequeñas empresas.
De acuerdo con Howard Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio filial San Miguel, la delincuencia está imparable y las autoridades no dan abasto para detener el delito. Solo en esa filial se reporta el cierre de 15 negocios.
Compañías constructoras víctimas de las extorsiones han tenido que cerrar operaciones dejando sin empleo a unas tres mil personas.
De acuerdo con Silvio Larios, gerente general de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), los empresarios han buscado manejar ese tema con discreción, pero ya no pueden pagar siquiera las cuotas de la Cámara de la Construcción, y han cesado operaciones dejando sin empleo a miles de personas.
El 70% de las PyMEs salvadoreñas son víctimas de delitos de extorsión, que son denunciados en un mínimo porcentaje por temor a represalias.
La Fiscalía General de la República de El Salvador se propone asesorar y proteger a pequeños y microempresarios para que denuncien las extorsiones de las que son víctimas.
La información fue confirmada por Ernesto Vilanova, presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), tras una reunión que tuvieron con el fiscal general Luis Martínez en la que abordaron la problemática que se vive a nivel nacional.
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