En El Salvador cada semana al menos dos negocios reportan su intención de cerrar debido al impacto de las extorsiones, un problema que, lejos de resolverse, parece empeorar cada año.
Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), manifestaron que los empresarios del país no perciben ninguna mejora significativa en el clima de seguridad, luego de que en abril pasado se extendiera, por seis meses más, las medidas extraordinarias de la administración Sánchez Cerén para intentar controlar la delincuencia y la inseguridad.
Empresarios rechazan categóricamente las declaraciones de funcionario de gobierno que confunden extorsiones con financiamiento del crimen organizado.
Las declaraciones del secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador, Roberto Lorenzana, contra las empresas que sufren extorsiones en el país generaron una fuerte reacción por parte del sector privado, cuatro días después de que Industrias La Constancia anunciara públicamente que suspendía la operación de una de sus plantas por el incremento de la inseguridad y la violencia.
El presidente Sánchez Cerén sancionó la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, con la que se espera mejorar el combate a una desafortunada práctica que afecta principalmente al sector empresarial.
Del comunicado de la Presidencia de El Salvador:
El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sancionó el Decreto Legislativo N° 953 que contiene la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, propuesta por el gobierno para hacer más eficiente la persecución de este ilícito.
Las empresas distribuidoras de productos en el norte de Centroamérica llegan a pagar cuotas mensuales de $100 por camión a los grupos criminales organizados.
Lejos de reducirse, el costo y los problemas que conllevan las extorsiones para las empresas en Centroamérica, continúa aumentando y perjudicando al comercio regional. Solo en Honduras, reporte Eleconomista.net, "...
El 90% de los pequeños empresarios son extorsionados y muchos han debido abandonar el país, denuncian representantes del sector.
Aunque el porcentaje de extorsiones a las PyMEs ha aumentado 20% en 8 meses, el 76% de los empresarios afectados no realiza las denuncias de los hechos por temor a represalias. La percepción empresarial general es de un incremento en el comportamiento delincuencial, amenazas permanentes de grupos organizados y una mayor desconfianza en la Policía Nacional Civil (PNC), según informe del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES).
Las extorsiones y los robos a tiendas y a los camiones que transportan mercadería provocan el cierre de las pequeñas empresas.
De acuerdo con Howard Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio filial San Miguel, la delincuencia está imparable y las autoridades no dan abasto para detener el delito. Solo en esa filial se reporta el cierre de 15 negocios.
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