En línea con el fallo de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender de forma temporal el derecho de la minera Fenix, que se ubica en El Estor, departamento de Izabal.
Después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, el sector privado pide a las autoridades que se inicie lo más pronto posible el proceso de consulta comunitaria, de forma objetiva y transparente.
Las operaciones de la mina ubicada en el departamento de Izabal fueron suspendidas desde julio de 2019 a raíz de un recurso legal que presentó un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se agotó el proceso de consulta comunitaria para la operación del proyecto minero.
La Corte de Constitucionalidad decidió mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, ubicado en el departamento de Izabal, y ordenó realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de consulta comunitaria.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
Pan American Silver llegó a un acuerdo para adquirir las acciones de la canadiense Tahoe Resources, convirtiéndose así en la propietaria del proyecto Mina San Rafael, en Guatemala.
Sin dar detalles sobre el monto de la transacción, se informó que el acuerdo entre ambas empresas fue aprobado el 8 de enero de 2019 y se prevé que se concrete el próximo 26 de febrero.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar la operación de la Mina San Rafael, la empresa ahora reclama que los plazos del proceso no son claros.
Ante las dudas que existen sobre el plazo que tiene el gobierno para completar el proceso de consulta comunitaria, la empresa minera decidió realizar otro recorte de personal, dado que se desconoce cuánto tiempo pasará antes de que puedan reanudar las operaciones de la mina, paralizadas desde el 3 julio de 2017.
Luego de que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades esperan que la sentencia quede en firme para iniciar el proceso de preconsulta.
Después de más de 300 días a la espera de una decisión de las autoridades, derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la semana pasada, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
En Guatemala la empresa Minera San Rafael, cuyas operaciones siguen paralizadas a la espera de un fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, anunció el despido de otros 200 empleados.
La demora de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sigue pasándole factura a la empresa minera, que ya lleva más de 400 días sin poder operar.
El vicepresidente de la compañía Tahoe Resources y director general de Minera San Rafael, Dave Howe, dijo a Elperiodico.com.gt que " ... 200 trabajadores más han sido despedidos. Con este tercer recorte, dijo, suman ya 703 familias las que han tenido que sufrir las consecuencias de este retardo –judicial en la CC–."
A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Según un estudio reciente, las empresas que realizan actividades de minería en el país, operan con un margen de utilidad de 22% antes de pagar impuestos.
El informe elaborado por Central American Business Intelligence (CABI), detalla que las empresas de la industria minera que operan en Guatemala pueden alcanzar costos de extracción de hasta 55%.