Después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, el sector privado pide a las autoridades que se inicie lo más pronto posible el proceso de consulta comunitaria, de forma objetiva y transparente.
Las operaciones de la mina ubicada en el departamento de Izabal fueron suspendidas desde julio de 2019 a raíz de un recurso legal que presentó un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se agotó el proceso de consulta comunitaria para la operación del proyecto minero.
La Corte de Constitucionalidad decidió mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, ubicado en el departamento de Izabal, y ordenó realizar dentro del plazo de 18 meses el proceso de consulta comunitaria.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Fallos judiciales adversos a las empresas, conflictos sociales y políticos, y problemas fiscales, son algunos de los factores entorpecen el desarrollo de proyectos productivos en los países de Centroamérica.
Uno de los últimos casos de fallos judiciales que afectan a empresas con inversiones en la región fue el de Minera Petaquilla, en Panamá. La semana pasada fue declarado inconstitucional el contrato que ésta compañía había firmado con el Estado panameño.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
En Guatemala la empresa Minera San Rafael, cuyas operaciones siguen paralizadas a la espera de un fallo definitivo de la Corte de Constitucionalidad, anunció el despido de otros 200 empleados.
La demora de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala sigue pasándole factura a la empresa minera, que ya lleva más de 400 días sin poder operar.
El vicepresidente de la compañía Tahoe Resources y director general de Minera San Rafael, Dave Howe, dijo a Elperiodico.com.gt que " ... 200 trabajadores más han sido despedidos. Con este tercer recorte, dijo, suman ya 703 familias las que han tenido que sufrir las consecuencias de este retardo –judicial en la CC–."
A un año de la suspensión de las operaciones del proyecto minero El Escobal, en Guatemala, la empresa aún sigue a la espera del fallo judicial definitivo de la Corte de Constitucionalidad.
En mayo de 2018 el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
El aporte de la actividad minera al PIB se ha ido reduciendo en los últimos años, y los recientes casos de suspensión de permisos de explotación no ayudan a mejorar la imagen del sector.
En el año 2012 el aporte de la actividad minera representaba el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero esta proporción ha venido reduciéndose en los últimos años, cayendo a 1,1% del PIB en 2015.
Minera San Rafael deberá paralizar sus operaciones luego de que sus dos licencias de operación quedaran suspendidas con el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un grupo ambientalista.
Reseña Prensalibre.com que "... Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.
Los industriales de Guatemala exigen celeridad en la resolución del caso sobre la mina La Puya, de la empresa Exmingua, cuyo permiso de operación fue anulado hace un año por la Corte Suprema de Justicia.
A finales de Junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas. Ahora la gremial minera exige a la Corte de Constitucionalidad que se resuelva con mayor rapidez el problema, siendo consecuentes y consistentes con el fallo emitido hacia OXEC y como muestra de igualdad de derechos y respeto a la certeza jurídica de Guatemala.
En una semana fueron suspendidos siete proyectos y otros diez también podrían correr la misma suerte, mientras 611 solicitudes de licencia se encuentran en trámite.
Diez proyectos ubicados en Santa Rosa, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Baja Verapaz enfrentan procesos de demanda por distintas razones, desde supuestas violaciones al derecho humano al agua hasta incumplimiento de trámites de oposición administrativa.