Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Finalmente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se manifestó sobre la operación de Minera San Rafael, que ha estado paralizada por más de un año, ordenando realizar una consulta comunitaria como requisito para reanudar operaciones.
El proyecto está paralizado desde mediados de 2017, cuando la organización ambientalista Calas presentó una acción de amparo en contra de la mina, argumentando que el Ministerio de Energía y Minas no había realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias de operación.
Los industriales exigen a la Corte de Constitucionalidad que se pronuncie respecto al recurso de amparo que fue otorgado a favor de un grupo ambientalista y que mantiene paralizadas las operaciones de la mina.
El proyecto está paralizado desde que una organización ambientalista presentara una acción de amparo en contra de la mina, con el argumento que que el Ministerio de Energía y Minas no realizó las consultas comunitarias debidas antes de autorizar las licencias.
El aporte de la actividad minera al PIB se ha ido reduciendo en los últimos años, y los recientes casos de suspensión de permisos de explotación no ayudan a mejorar la imagen del sector.
En el año 2012 el aporte de la actividad minera representaba el 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), pero esta proporción ha venido reduciéndose en los últimos años, cayendo a 1,1% del PIB en 2015.
Minera San Rafael deberá paralizar sus operaciones luego de que sus dos licencias de operación quedaran suspendidas con el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a un grupo ambientalista.
Reseña Prensalibre.com que "... Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.
La decisión de la Corte Constitucional de Guatemala de confirmar la suspensión del proyecto minero de La Puya "viola la certeza y seguridad de las inversiones que se realizan en el país".
Del comunicado de la Cámara de Comercio de Guatemala:
Sus Filiales y Gremiales en todo el país; Manifiestan:
1. La Certeza y Seguridad Jurídica, son principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, que garantizan la confianza de los ciudadanos hacia el respeto y cumplimiento de normas válidas y vigentes. Esa confianza se ve menoscabada, cuando las instituciones llamadas a garantizarla, dictan resoluciones adversas que atentan contra los derechos de los ciudadanos y los inversionistas.