Después que se ordenara realizar una consulta comunitaria como requisito para la reanudación de operaciones de la Mina San Rafael, en Guatemala, las autoridades convocaron a nueve instituciones para que participen en la primera reunión de la mesa de pre consulta.
Derivado de una acción de amparo interpuesta por la organización ambientalista Calas, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en septiembre de 2018, realizar por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), una consulta comunitaria en el área de operaciones de la mina, en El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa.
Después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera mantener suspendido el proyecto "Extracción Minera Fénix”, el sector privado pide a las autoridades que se inicie lo más pronto posible el proceso de consulta comunitaria, de forma objetiva y transparente.
Las operaciones de la mina ubicada en el departamento de Izabal fueron suspendidas desde julio de 2019 a raíz de un recurso legal que presentó un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se agotó el proceso de consulta comunitaria para la operación del proyecto minero.
La Compañía Guatemalteca de Níquel anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para pedir medidas cautelares en respuesta a la decisión de las autoridades locales de suspender las operaciones de la mina Fénix, en Izabal.
Reportan la suspensión temporal de la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel, en el departamento de Izabal.
Luego de que un grupo de vecinos reclamara ante la Corte Suprema de Justicia que para el proyecto minero en cuestión, no se agotó el proceso de consulta comunitaria, en febrero de este año se otorgó un amparo a favor de los demandantes, pero no se suspendió las operaciones de la empresa.
Pese a que en Guatemala el derecho de operación de la mina El Escobal fue otorgado en ley, el proyecto cumple dos años de estar paralizado, situación que hace inviable futuras inversiones en el país.
Los inconvenientes para las operaciones de Minera San Rafael datan de 2017, cuando en mayo de ese año el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) presentó una acción de amparo, en la que argumentaban que el Ministerio de Energía y Minas no había realizado las consultas comunitarias necesarias antes de autorizar las licencias.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
En medio de bloqueos de residentes de la zona, la empresa que opera la mina Escobal en Guatemala intenta normalizar su actividad, luego de haber obtenido el aval legal para hacerlo.
Los industriales de Guatemala exigen celeridad en la resolución del caso sobre la mina La Puya, de la empresa Exmingua, cuyo permiso de operación fue anulado hace un año por la Corte Suprema de Justicia.
A finales de Junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas. Ahora la gremial minera exige a la Corte de Constitucionalidad que se resuelva con mayor rapidez el problema, siendo consecuentes y consistentes con el fallo emitido hacia OXEC y como muestra de igualdad de derechos y respeto a la certeza jurídica de Guatemala.
La venta de la mina forma parte de un plan de comercialización de parte de los activos propiedad de la concesionaria canadiense GoldCorp.
Además de la operación en la mina Marlin, GoldCorp puso a la venta su mina de oro y plata Los Filos, en México, y además se encuentra estudiando alternativas para deshacerse de la mina Alumbrera en Argentina.
David Garofalo, director ejecutivo de la empresa, explicó a Elperiodico.com.gt que "...
La Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma "definitiva" el permiso de operación de la mina La Puya, otorgado a la empresa Progreso VII Derivadas.
Poniendo fin jurídico a la polémica surgida tres meses atrás por la diferencia de criterios legales con el Ministerio de Energía y Minas, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender de forma definitiva el permiso, luego de que se presentaran diferencias de criterio entre el Ministerio de Energía y Minas y la Corte.
El Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montufar II, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, y el denominado Tajmulco II, de Montana Exploradora de Guatemala, fueron suspendidos por el gobierno.
El comunicado del Ministerio de Energía y Minas indica que "... Atendiendo el amparo otorgado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituido en Tribunal de Amparo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), notificó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), suspender la autorización de licencia de explotación del Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montufar II."
El 16 y 17 de agosto representantes de la industria a nivel global participarán en ruedas de negocios y conferencias sobre el rol de los recursos minerales y el impacto de la actividad en la economía.
El II Congreso Internacional de Minería es organizado por la Cámara Minera de Nicaragua y se llevará a cabo el 16 y 17 de agosto en Managua.
El congreso incluye ruedas de negocios, paneles y conferencias magistrales sobre el impacto económico y social de la minería en las comunidades; el rol de los recursos minerales metálicos y no metálicos
En Guatemala académicos pretenden detener la industria minera mientras se estudian nuevas normas para el sector, en lugar de hacer propuestas concretas para corregir lo que hubiera que corregir.
EDITORIAL
Un consorcio académico propone que el Estado de Guatemala dé la espalda a una industria que genera empleo e ingresos y suspenda el otorgamiento de concesiones mineras en el país.
La Suprema Corte falló a favor del amparo contra la operación en la mina Progreso VII, Derivada, pero el criterio legal del Ministerio de Energía y Minas es que el proyecto puede continuar operando.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala había otorgado un amparo provisional a la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas) para suspender la licencia del proyecto minero Progreso VII, Derivada, ubicado en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.