En Costa Rica la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto de ley para que durante dos meses no se apliquen multas por errores en la declaración del registro de accionistas.
Se aprobó en su trámite de primer debate el expediente 21.758 Ley de moratoria para la aplicación de sanciones correspondiente a la declaración ordinaria del periodo 2019, relacionadas con el registro de transparencia y beneficiarios finales, dispuesto en la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. La iniciativa da prórroga para que los accionistas de las sociedades anónimas entreguen sus listas, antes de aplicar sanciones, informó la Asamblea Legislativa.
Empresarios piden conferir de inmediato una prórroga en la aplicación de las eventuales multas, pues una gran cantidad de representantes de empresas aun no han gestionado su firma digital y en este momento, no hay capacidad instalada en los puestos autorizados.
A partir del 1 de septiembre cerca de 370 mil personas jurídicas tendrán la obligación de cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, siendo las cédulas jurídicas que terminan en 0 y 1, las que deben hacerlo primero.
No obstante, a partir del 1 setiembre del 2019, las personas jurídicas que así lo prefieran, independientemente del último dígito de su cédula, podrán hacer su declaración y enviarla anticipadamente.
Debido a las dudas que han surgido en el sector empresarial, en Costa Rica se informó que el inicio de registro de accionistas se postergó seis meses, y entrará en vigencia el 1 de septiembre de este año.
El objetivo de este proceso es facilitar el cumplimiento de la obligación que tienen las empresas de informar a Hacienda sobre la composición de su capital social, así como la identificación de los beneficiarios finales, según lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, precisa un comunicado del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Aunque el Banco Central no ha definido aun la fecha en que las empresas deben presentar la información, ya fue publicado el nuevo reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales.
El reglamento fue publicado a finales de abril en el diario oficial La Gaceta, y detalla quienes son las entidades obligadas a suministrar información respecto a las participaciones sustantivas y beneficiarios finales, establecido en la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal.
El bufete de abogados que se vio involucrado en el escándalo de los "Panama Papers", anunció el cierre de sus operaciones.
"...El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país."
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica reconoce los esfuerzos que se están haciendo para tipificar la evasión como delito penal, pero vuelve a señalar como principal amenaza el ingreso de flujos financieros vinculados a actividades ilícitas cometidas en el exterior.
Del informe "Evaluación mutua de Panamá - Enero 2018":
Resumen ejecutivo
Este informe proporciona un resumen de las medidas ALA/CFT existentes en la República de Panamá (en lo sucesivo Panamá) a la fecha de la visita in situ llevada a cabo los días 15 a 26 de mayo de 2017. Analiza el nivel de cumplimiento con la 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Panamá, y ofrece recomendaciones sobre cómo se puede fortalecer el sistema.
Autoridades de gobierno informaron que el país salió de la lista de no cooperantes en materia fiscal, luego de que fuera incluido en diciembre de 2017.
En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, detallan que "...el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, conocido como ECOFIN, decidió excluir a Panamá de la lista de países no cooperadores en materia fiscal, en la que nuestro país fue incluido el pasado 5 de diciembre de 2017."
Tras dos años de negociaciones la Unión Europea llegó a un consenso y definió la lista de las 17 naciones consideradas "paraísos fiscales", entre las que se encuentra Panamá.
Por primera vez las autoridades fiscales de la Unión Europea anunciaron la creación de una lista negra, compuesta por 17 países considerados "jurisdicciones no cooperativas en material fiscal".
Proponen tipificar como delito la evasión tributaria en Panamá, donde, a diferencia de países, solo se considera una falta administrativa.
Para evitar volver a la lista gris y mejorar el cumplimiento de las normas internacionales contra el lavado de dinero y transparencia fiscal, el gobierno panameño presentó un estudio comparativo sobre el delito tributario en Panamá y otros países, para iniciar el debate para tipificar como delito la evasión fiscal en el país.
Con el aval legislativo a la Ley contra el fraude fiscal el Ministerio de Hacienda podrá tener acceso a la lista de accionistas de las sociedades anónimas, y las personas detrás de otros entes jurídicos.
En el proyecto de ley aprobado en segundo debate por la Asamblea Legislativa se estipula la obligación de aceptar como medio de pago, además del efectivo, las tarjetas de crédito y débito; obliga a estar al día con los pagos tributarios para poder contratar o gestionar permisos, concesiones o autorizaciones ante cualquier institución del Estado; introduce sanciones para los asesores tributarios que ejecuten maniobras ilegales para evadir o reducir el monto que deben pagar los contribuyentes; y fortalece los procesos de cobro judicial.
En enero de 2017 comenzará a regir la norma que permite el levantamiento del secreto bancario mediante orden judicial a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria.
El decreto 37-2016 Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y Gobernanza para la SAT fue publicado hoy en el Diario de Centroamérica, donde se establece las fechas en que entran en vigencia cada una de las modificaciones aprobadas en la reforma.
Bancos deberán reportar al Instituto sobre Drogas las operaciones financieras que no se correspondan con la declaración tributaria.
A través de un decreto la administración Solís modificará el reglamento de la Ley 8204 contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.
Por medio de una reforma al artículo 34 del Decreto Ejecutivo N° 36948-MP-SP-JP-H-S: se regula lo siguiente:
En Panamá la ley 31 de 2009 faculta a la Administración Tributaria a pagar una recompensa del 25% de toda suma que el Estado logre recaudar como consecuencia de una denuncia de evasión.
En su artículo de opinión en Prensa.com, Osvaldo Lau señala que el negocio de organizar oficinas que se "....dedican a las denuncias fiscales...han prosperado en otras jurisdicciones, por lo que no le "...asombraría ver a algún creativo organizar una empresa para realizar denuncias sobre evasiones, omisiones, retenciones, apropiaciones, defraudación de impuestos y demás infracciones al Código Fiscal."