En Panamá han mejorado considerablemente las expectativas de contratación, pues para el primer trimestre de 2021 el 8% de los empleadores tienen previsto aumentar sus planillas, proporción que es mayor al 3% registrado para el cuarto trimestre de 2020.
En comparación trimestral, la confianza de contratación mejora considerablemente en dos regiones, incrementando por 15 puntos porcentuales en Colón y por 14 puntos porcentuales en Ciudad de Panamá.
Modificar el Código de Trabajo para que las empresas puedan implementar la jornada excepcional ampliada de 12 horas al día, es una propuesta que se discute en Costa Rica debido a la necesidad de las industrias que dependen de procesos continuos y encuentran trabas en la ley.
En la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa se encuentra la iniciativa número 21.182, propuesta parlamentaria que pretende modificar el Código de Trabajo y actualizarlo en función de las necesidades presentes.
Enfocar las habilidades de los empleados en función de las nuevas oportunidades y aprobar leyes que permitan suscribir convenios laborales más flexibles, son algunas de las propuestas que se discuten en Guatemala para que las empresas afronten la nueva realidad laboral.
A raíz de la crisis económica que provocó el brote de covid19, la recuperación y generación de plazas de trabajo es uno de los temas que ocupa gran parte de la atención del gobierno en Guatemala.
Como parte del proceso de reapertura de la economía panameña, se estima que en las últimas dos semanas se han reactivado cerca de 90 mil contratos de trabajo, cantidad que representa el 30% de los convenios laborales que se habían suspendido.
A causa del brote de covid19 y las restricciones impuestas por las autoridades de Panamá a la mayoría de actividades económicas, desde marzo a la fecha se suspendieron cerca de 292 mil contratos de trabajo.
En Panamá el Ministerio de Trabajo decidió extender los permisos de trabajo que vencían entre los meses de marzo a septiembre de 2020.
El objetivo de la ampliación es aliviar la situación económica que afronta el país y la población extranjera, a raíz del brote de covid19, informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el covid19.
La iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo recibió varias modificaciones en su contenido original, tanto en el primero como en el segundo debate, dejando la salvedad los diputados de que se trata de normas temporales y no es que se pretenda a un futuro reformas al Código Laboral, informó la Asamblea.
Ante el abrupto cambio que generó en las empresas la nueva normalidad, los colaboradres enfrentan el reto de aumentar sus habilidades para trabajar a distancia, adaptarse a contratos más flexibles y afinar sus destrezas tecnológicas y cualidades cognitivas.
El trabajo a distancia o remoto, se ha vuelto cotidiano entre las compañías de la región, que se han tenido que acomodar a las restricciones impuestas por los gobiernos, a causa del brote de covid19.
Derivado de la crisis sanitaria y económica que ha provocado la propagación del covid19, para el tercer trimestre de 2020 el 26% de los empleadores tienen previsto disminuir sus planillas.
El 3% de los empleadores espera un incremento en sus plantillas laborales, el 26% anticipa una disminución y el 68% no prevé cambios, resultando una Tendencia Neta del Empleo de -23%, informó Manpower.
En Panamá el Ministerio de Trabajo ha prorrogado nuevamente por 30 días más, la disposición que permite a las empresas del país suspender los contratos de sus empleados.
Mediante Decreto Ejecutivo No.97 de 29 de mayo de 2020 y en el escenario de la crisis provocada por el covid19, se prorroga por segunda vez la suspensión temporal de los efectos de los contratos laborales.
A raíz del estado de calamidad decretado en el país, el Ministerio de Trabajo creó un procedimiento electrónico, por medio del cual las empresas pueden suspender de forma temporal los contratos de sus trabajadores.
El Acuerdo Ministerial 140-2020, publicado el 7 de abril en el Diario Oficial, explica que la medida gubernamental es temporal y de aplicación exclusiva mientras persistan las circunstancias y efectos que derivan de la pandemia covid19, declarada a nivel mundial y los efectos que tienen en los contratos de trabajo.
Durante el año pasado se registraron 216.198 contratos de trabajo en el país, 16% menos que la cifra reportada en 2018.
Los reportes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral detallan que entre 2018 y 2019, los tipos de contratos indefinidos registraron una disminución, al bajar de 70 mil a 54 mil.
Explican los reportes ministeriales que los contratos laborales de tipo definido también registraron una disminución para los períodos en cuestión, al descender de 112.824 a 101.443, y en el caso de los de obra determinada cayeron de 74.505 y 60.564, respectivamente.
En un contexto de fuerte caída de la actividad económica, el gobierno decidió que a partir del 1 de marzo aumente en 2,63% en el salario mínimo.
El alza que fue acordada por el Ministerio del Trabajo y que afectará a diez actividades económicas, recibió el aval de las autoridades el 6 de febrero. Los trabajadores en zonas francas serán los únicos que no serán objeto de este incremento, pues en este sector se elevaron las remuneraciones a inicios de año.
El alza promedio es de 3,3%, variando desde 1% hasta 8% según la actividad económica, y regirá a partir del 15 de enero de 2020.
En el caso del sector educación, zonas francas, hotelería, agricultura y suministro de agua el incremento será de 1%, mientras que en el área de Bocas del Toro donde operan empresas bananeras el ajuste será del 8%.
De enero a octubre de este año se registraron 188.015 contratos de trabajo en el país, 15% menos que la cifra reportada en igual período de 2018.
Los reportes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral detallan que entre los primeros diez meses de 2018 y el mismo período de 2019, los tipos de contratos indefinidos registraron una disminución, al bajar de 62.635 a 47.234.
El gobierno de Costa Rica firmó un decreto para que el sector agropecuario pueda contratar formalmente a personas migrantes que se encuentren en el país.
El decreto aporta seguridad jurídica a las empresas agrícolas, porque podrán contratar mano de obra regularizada para actividades agropecuarias, dentro del marco de garantías sociales, explicó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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