Argumentando que el alto déficit fiscal mantiene su tendencia al alza, la calificadora decidió degradar de B1 a B2 la nota de emisor a largo plazo y de bonos senior no garantizados del Gobierno.
Los déficits fiscales que promedian más del 6% del PIB desde 2015 han llevado a la deuda pública/PIB más alto que sus pares con calificación 'B', precisó la calificadora.
Para asegurar el financiamiento de sus funciones a futuro, el gobierno costarricense buscará que el Banco Mundial, el BID, el BCIE y la CAF le concedan préstamos durante 2020, y además planea insistir con la aprobación de $4.500 millones en eurobonos.
Para el año que recién empieza, el gobierno de Costa Rica prevé continuar con la negociación de préstamos para apoyo presupuestario con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericanos de Integración Económica (BCIE) y la Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El 12 de noviembre se vendieron los títulos de deuda en el mercado internacional, y al finalizar la negociación se colocaron bonos por $1.200 millones con vencimiento en 2031 y $300 millones con vencimiento en 2045.
La negociación de la deuda pública que emite el gobierno de Costa Rica en el mercado internacional se cerró al medio día del 12 de noviembre, y el rendimiento para los que vencen en 2031 fue de 6,25% y para los que caducan en 2045 fue de 7,25%.
Standard & Poor's asignó una calificación de B+ a la emisión de deuda por hasta $1.500 millones que Costa Rica prevé colocar en noviembre en el mercado internacional.
"Global Ratings asignó hoy una calificación "B+" a la reapertura prospectiva de Costa Rica de sus notas que tienen una tasa de 7,158% con vencimiento en 2045 y una calificación "B +" en su emisión prevista de notas con vencimiento en 2031, esta última emisión todavía no tiene una tasa de negociación definida", informó el pasado 8 de noviembre la calificadora.
Fitch Ratings mantuvo en B+ con perspectiva negativa, la calificación de deuda soberana, argumentando que "se reflejan las debilidades en las finanzas públicas y el estancamiento político ha impedido la aprobación oportuna de reformas que aborden estos problemas".
La nueva regla fiscal no se ha aprobado, y el requisito de autorización del Congreso de préstamos extranjeros restringe periódicamente la flexibilidad financiera de Costa Rica, es otro de los argumentos de la calificadora de riesgo.
La Asamblea Legislativa aprobó un préstamo por $35 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para "apoyar al país en la implementación de su programa de reformas fiscales".
A inicios de julio, en medio de la polémica que había generado la reciente implementación de la reforma fiscal en Costa Rica, se anunció la aprobación de un crédito para fortalecer la sostenibilidad fiscal.
Autoridades costarricenses informaron que Citi Global Markets y HSBC Global Banking, serán los bancos colocadores y asesores financieros que acompañaran al país en el proceso de emisión de títulos valores y gestión de pasivos en el mercado internacional.
La emisión que se hará a nivel internacional es la que fue aprobada el 16 de julio mediante el proyecto de Ley No.
El Ministerio de Hacienda prevé presentar un nuevo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para colocar $4.500 millones en bonos de deuda externa el próximo año.
El monto que será solicitado es lo que falta para llegar a los $6.000 millones que fueron pedidos este año ante el Congreso, de los cuales sólo $1.500 millones fueron autorizados. Por lo tanto, de avalarse los $4.500 millones, se estaría consiguiendo el monto solicitado inicialmente.
El Banco Central prevé colocar durante el segundo semestre del año Bonos de Estabilización Monetaria, por una suma equivalente a $792 millones.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR)mantendrá la estrategia de colocación efectuada en los últimos años, emitiendo bonos mediante subastas competitivas. Específicamente, se efectuarán subastas mensuales de instrumentos cero cupón a 6 y 12 meses plazo, así como de bonos tasa fija a 2 años plazo, informó la institución.
Aunque la meta para este año era colocar $100 millones en bonos de deuda, durante el primer trimestre el gobierno nicaragüense sólo adjudicó $1,1 millones, poniendo en duda el nivel de confianza de los inversionistas.
De acuerdo al "Informe de Deuda Pública I Trimestre 2019", elaborado por el Banco Central de Nicaragua, de enero a marzo en lo que corresponde a Títulos de Inversión en dólares, se colocó 1,03 millones a una tasa promedio de 5,31% y plazo promedio de 7 meses.
La proporción de la deuda pública sobre el PIB está cerca de llegar a 60%, límite máximo permitido por ley, lo que obligará a restringir el gasto en capital en los próximos años, para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas.
Las autoridades de Hacienda indicaron que al cierre de 2019 la deuda pública del país representará el 59% de la producción, escenario adverso para la inversión, pues según la regla fiscal, en el momento en que la proporción llegue al 60% se afectará el gasto en capital, ya que el gobierno deberá comenzar a contener los egresos.
El objetivo del plan de endeudamiento del gobierno para el segundo semestre es captar en el mercado local hasta $2.430 millones, además de los $1.500 millones que prevé colocar en el mercado internacional.
Como parte de su estrategia para los próximos meses, el Gobierno realizará la gestión de pasivos (canjes y subastas inversas) para las series con vencimiento tanto en colones como en dólares.
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de deuda por $1.500 millones en el mercado internacional, Fitch Ratings considera que en los próximos años podría resurgir la incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento del gobierno costarricense.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley que autoriza al gobierno a emitir hasta $1.500 millones en bonos en el mercado internacional.
El Ministerio de Hacienda (MH) informó que con la aprobación del proyecto de Ley No. 21.201, la cual se hizo el 16 de julio como estaba previsto, se autoriza al Ejecutivo para que administre, emita y gestione operaciones de financiamiento en el mercado internacional hasta por un monto de $1.500 millones (mil quinientos millones de dólares estadounidenses), durante el siguiente año después de aprobada la ley.
Costa Rica "fortalecerá su sostenibilidad fiscal, por medio del control del gasto y la modernización del sistema tributario con un crédito de US$350 millones aprobado por el BID".
En medio de la polémica que ha generado la implementación de la reforma fiscal en Costa Rica, anunciaron la aprobación de un crédito por $350 millones para "apoyar al país en la implementación de su programa de reformas fiscales".