Después que en Costa Rica concluyera el diálogo multisectorial, las principales calificadoras de riesgo coinciden en que debido a que los acuerdos suscritos para reducir el déficit son insuficientes, el gobierno deberá ejecutar de forma oportuna sus políticas fiscales.
Aunque la situación fiscal de Costa Rica ya era precaria desde antes que comenzara la crisis sanitaria y económica que provocó el brote de covid19, el escenario comenzó a empeorar desde marzo de este año.
El gobierno costarricense se enfrenta a un complejo escenario, pues al no lograr consensos para acceder a préstamos internacionales, se verá obligado a buscar fuentes de financiamiento internas, lo que presionaría al alza el tipo de cambio y las tasas de interés.
La crisis económica que atraviesa el país a causa del brote de covid19 terminó por agudizar la situación fiscal del país.
Ante el caos que se vive en Costa Rica a causa de las manifestaciones y bloqueos, una parte del sector empresarial decidió, de forma unilateral, sentarse a negociar con representantes del movimiento que incita a protestar, y rechazar la convocatoria oficial planteada por el Presidente de la República.
Después de que la administración Alvarado decidiera dar marcha atrás a la propuesta para negociar un préstamo de $1.750 millones con el FMI, se pronostica que el próximo año el gobierno dependerá de la deuda interna para financiar sus gastos.
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de deuda por $1.500 millones en el mercado internacional, Fitch Ratings considera que en los próximos años podría resurgir la incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento del gobierno costarricense.
Moody's mantuvo en B1 la calificación de las emisiones de largo plazo y de bonos senior no garantizados, argumentando que existe un "marco fiscal sólido que ha estabilizado la deuda en niveles más bajos comparado con los de sus pares calificados".
El balance fiscal de Honduras se comporta de forma favorable respecto del PIB y ha sido suficiente para estabilizar la deuda del gobierno en general en alrededor del 41% del PIB, explica el reporte de Moody's.
El déficit financiero del Gobierno Central al final del año pasado fue equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, 1,2% menos que lo proyectado inicialmente.
Según las autoridades, el déficit fiscal según proporción del PIB fue menor al esperado debido a las medidas tomadas en materia de recaudación, contención del gasto y eficiencia, y a la aprobación de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La calificadora redujo de Ba2 a Ba1 las calificaciones del emisor de bonos a largo plazo y bonos senior no garantizados del Gobierno de Costa Rica, y cambió la perspectiva a negativa.
Según Moody's entre las principales determinantes de la rebaja figura el empeoramiento continuo y proyectado de las métricas de deuda en la parte posterior de grandes déficits a pesar de los esfuerzos de consolidación fiscal.
Entre 2014 y 2017 el déficit fiscal subió a 1,4% del PIB en promedio, y para este año las autoridades prevén cerrar en 1,6% y en 2019 podría subir hasta 2,5%.
Representantes del Ministerio de Finanzas Públicas informaron que parte del incremento del déficit fiscal previsto para el próximo año, será debido a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, que ascenderá a $11.390 millones, permitirá asignar más recursos para el mantenimiento de infraestructura.
Argumentando una contracción económica mayor a la esperada, un creciente déficit fiscal y un mayor riesgo de restricciones financieras internas y externas, la calificadora redujo la nota de B a B-.
Esta es la segunda reducción de la calificación por parte de Fitch Ratings en lo que va del año. En el primer trimestre la nota era de B+ con perspectiva estable, en el segundo trimestre la calificadora la bajó a B con perspectiva negativa, y ahora la redujo hasta B-, y mantuvo la perspectiva negativa.
En Costa Rica la administración Alvarado solicitará a la Asamblea Legislativa la autorización para emitir eurobonos en los mercados internacionales, por al menos $5.000 millones.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, informó el 20 de noviembre que entre los planes de endeudamiento público del país, se contempla la posibilidad de captar más recursos en el mercado internacional.
Fitch Ratings informó que el país está en observación y por ahora mantiene la calificación en BB, a la espera de lo que pase con la reforma fiscal y el pago de la deuda del gobierno a fin de año.
Mediante un comunicado Fitch Ratings, calificadora de riesgo estadounidense, informó el 15 de noviembre que Costa Rica estaría cerca de una rebaja de calificación soberana, debido a la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
La merma en la recaudación de impuestos, los compromisos de corto plazo del gobierno y la posibilidad de una reducción en la calificación de deuda son factores que agravan la situación fiscal de Costa Rica.
Según cifras del Ministerio de Hacienda durante los primeros nueve meses de este año la recaudación de impuestos del gobierno costarricense tuvo un leve aumento de 1% respecto a igual período del año anterior.
El gobierno panameño colocó $550 millones deuda soberana en el mercado internacional, con vencimiento en 2050 y rendimiento promedio de 4,92%.
Según información de las autoridades del país, los recursos captados servirán para financiar parcialmente el plan de inversiones contempladas en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018.
Moody’s colocó en revisión a la baja las calificaciones de emisor a largo plazo y las de los bonos no garantizados del gobierno de Costa Rica.
Ayer la calificadora de riesgo informó que las expectativas de un empeoramiento continuo de los indicadores fiscales y la evidencia de un aumento en las necesidades de financiamiento, son algunas de las razones detrás de la decisión de revisar la calificación de deuda del país.
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