Fue conformado el panel arbitral que conocerá la demanda en contra del Estado de Guatemala, que fue presentada por la suspensión de las operaciones de la mina El Tambor, ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
Luego que la demanda de arbitraje fuera planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el 11 de diciembre de 2018, el organismo anunció que fue conformado el panel.
Representantes de la mina El Tambor, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, interpusieron una demanda por $300 millones en contra del Estado de Guatemala.
La demanda de arbitraje fue planteada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates, la cual fue registrada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 11 de diciembre.
Argumentando que no se cumplió con los principios básicos de contratación pública, en Panamá declararon inconstitucional el contrato entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.
La disputa legal comenzó en 2009, cuando el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del contrato que otorga una concesión por veinte años para explotar y comercializar los yacimientos de oro, cobre y otros recursos minerales del Cerro Petaquilla.
Un nuevo fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones obliga a la minera OceanaGold a pagar intereses sobre los $8 millones que debe al Estado salvadoreño.
Del comunicado de la Fiscalía General de la República:
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) notificó que la empresa minera Oceana Gold (antes Pacific Rim) debe pagar intereses al Estado de El Salvador sobre las costas procesales adeudadas por mencionada trasnacional.
Empresas mineras y ciudadanos españoles demandaron al Estado panameño argumentando medidas arbitrarias y discriminatorias de la Administración Martinelli en perjuicio de sus inversiones.
Las sociedades Petaquilla Gold, Petaquilla Minerals LTD, y la Corporación de Recursos Iberia, S.A. demandaron al Estado panameño por $2.300 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por perjuicios directos contra la compañía en Panamá y sus accionistas, informó Laestrella.com.pa.
El arbitraje entre el Estado salvadoreño y la minera Pacific Rim está en sus etapas finales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La minera canadiense había sido autorizada a explotar la mina El Dorado en el año 2002, durante la administración del presidente Francisco Flores, pero su sucesor Antonio Saca anunció -y cumplió- que no autorizaría ningún proyecto minero, posición que también mantuvo el actual presidente Mauricio Funes.