Un nuevo fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones obliga a la minera OceanaGold a pagar intereses sobre los $8 millones que debe al Estado salvadoreño.
Del comunicado de la Fiscalía General de la República:
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés) notificó que la empresa minera Oceana Gold (antes Pacific Rim) debe pagar intereses al Estado de El Salvador sobre las costas procesales adeudadas por mencionada trasnacional.
Lego Internacional ganó una demanda contra Multiservicios Lego PZ S.A. de Costa Rica por el uso indebido de la marca del fabricante de juguetes.
Lego Internacional ganó la demanda que interpuso contra la sociedad anónima Multiservicios Lego PZ de Costa Rica por el uso indebido, en su razón social, de la denominación de la marca registrada Lego. El Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional ordenó la inmovilización administrativa de la sociedad anónima.
Infinito Gold reclama $94 millones perdidos por violaciones al acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá.
Industrias Infinito confirmó que su casa matriz, Infinito Gold, presentó una demanda contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en busca de una compensación a raíz de sus inversiones en el cancelado proyecto minero Crucitas.
El consorcio constructor Grupo Unidos por el Canal reclama $1.600 millones por sobrecostos y amenaza paralizar las obras.
Aduciendo la existencia de fallas geológicas no detectadas el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), reclamó a la Autoridad el Canal de Panamá (ACP), el pago de $1.600 millones por sobrecostos causados por alteraciones en las condiciones técnicas originales de la licitación ganada por GUPC.
Para el primer trimestre de 2014 el Centro Internacional de Arbitraje Relativo a las Inversiones podría emitir el fallo sobre la demanda al Estado guatemalteco.
Así lo explicó Silvia Alvarado, directora de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
La empresa “reclamó en 2010 ante el Centro Internacional de Arbitraje Relativo a las Inversiones (CIADI) que el Estado dio un trato injusto e inequitativo al fijar el Valor Agregado de Distribución (VAD) en 2009 en un monto inferior al solicitado por la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), de la cual en ese momento Teco era una de los accionistas junto a la española Iberdrola”, reseña el artículo de Elperiodico.com.gt.
La minera Bellavista acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para que se le permita reactivar la extracción de oro en Puntarenas.
De acuerdo con el gerente general de Metales Procesados MRW S.A., Donald Brown, la demanda contra el Estado costarricense fue puesta desde mayo pasado pero la información no se había dado a conocer hasta ahora. El funcionario afirma que no buscan ningún tipo de indemnización, únicamente pretenden que se les autorice reactivar las operaciones.
El consorcio de origen italiano Enel demándó al Estado salvadoreño ante el ICSID por el diferendo que mantienen sobre la participación accionaria en la geotermal.
La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés).
La demanda, según explica la compañía, se debe a que el Gobierno busca tener una mayor participación en LaGeo, además, consideran que se les ha negado sus derechos legítimos.
Tras la decisión final de la Sala Constitucional descartando sus demandas, Industrias Infinito anunció que continuará el litigio en tribunales internacionales.
“Industrias Infinito elevó a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) desde abril pasado, la firma solicita al Estado el pago de $1.092 millones de indemnización por el freno a la concesión minera”, reseña el artículo de Nacion.com.
Infinito Gold propuso como alternativas al Estado costarricense llegar a un acuerdo para reanudar su proyecto de minería de oro, o enfrentarse a una demanda internacional por $1.092 millones.
La minera canadiense había obtenido inicialmente permisos para la explotación de una mina de oro en el territorio costarricense, y ya había iniciado el proyecto cuando una sentencia judicial anuló la concesión, señalando vicios en el proceso de otorgamiento de los permisos, y daños ambientales.
El arbitraje entre el Estado salvadoreño y la minera Pacific Rim está en sus etapas finales en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La minera canadiense había sido autorizada a explotar la mina El Dorado en el año 2002, durante la administración del presidente Francisco Flores, pero su sucesor Antonio Saca anunció -y cumplió- que no autorizaría ningún proyecto minero, posición que también mantuvo el actual presidente Mauricio Funes.