Después que en Costa Rica concluyera el diálogo multisectorial, las principales calificadoras de riesgo coinciden en que debido a que los acuerdos suscritos para reducir el déficit son insuficientes, el gobierno deberá ejecutar de forma oportuna sus políticas fiscales.
Aunque la situación fiscal de Costa Rica ya era precaria desde antes que comenzara la crisis sanitaria y económica que provocó el brote de covid19, el escenario comenzó a empeorar desde marzo de este año.
El gobierno costarricense se enfrenta a un complejo escenario, pues al no lograr consensos para acceder a préstamos internacionales, se verá obligado a buscar fuentes de financiamiento internas, lo que presionaría al alza el tipo de cambio y las tasas de interés.
La crisis económica que atraviesa el país a causa del brote de covid19 terminó por agudizar la situación fiscal del país.
Después de que la administración Alvarado decidiera dar marcha atrás a la propuesta para negociar un préstamo de $1.750 millones con el FMI, se pronostica que el próximo año el gobierno dependerá de la deuda interna para financiar sus gastos.
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por $250 millones que será utilizado por el gobierno para reducir el déficit fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda pública.
En este contexto de propagación del covid19, restricciones a la movilidad y caída de la actividad económica, el gobierno costarricense necesita invertir en políticas contracíclicas para mitigar los efectos económicos.
Argumentando que el déficit de cuenta corriente se ha reducido, y que la inflación se mantiene dentro del rango objetivo, el Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión del acuerdo Stand-By 2019-2021.
Del comunicado del FMI:
El 18 de diciembre de 2019, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) completó las primeras revisiones del desempeño de Honduras bajo un programa económico respaldado por un Acuerdo Stand-By (SBA) de dos años y un acuerdo de dos años bajo el Standby Línea de crédito (SCF). Este programa fue aprobado el 15 de julio de 2019 por un monto de aproximadamente US $ 309.2 millones (DEG 224.8 millones), el equivalente al 90 por ciento de la cuota de Honduras en el FMI (ver Comunicado de prensa 19/285).
Aunque la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de deuda por $1.500 millones en el mercado internacional, Fitch Ratings considera que en los próximos años podría resurgir la incertidumbre sobre las fuentes de financiamiento del gobierno costarricense.
Moody's mantuvo en B1 la calificación de las emisiones de largo plazo y de bonos senior no garantizados, argumentando que existe un "marco fiscal sólido que ha estabilizado la deuda en niveles más bajos comparado con los de sus pares calificados".
El balance fiscal de Honduras se comporta de forma favorable respecto del PIB y ha sido suficiente para estabilizar la deuda del gobierno en general en alrededor del 41% del PIB, explica el reporte de Moody's.
En Costa Rica el déficit financiero del gobierno central al quinto mes del año mantuvo su tendencia al alza como resultado del mayor gasto por intereses, y se ubicó en 2,6% como proporción del PIB.
Si bien el comportamiento del déficit financiero es explicado en buena medida por el pago de intereses, el incremento del gasto de capital muestra también una variación significativa, lo que se traduce en mejores condiciones de infraestructura necesaria para facilitar la movilidad de mercancías y personas, explica un boletín informativo del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
El déficit del Balance Total del Gobierno Central a marzo 2019, es de $1.267 millones, 1,8% del PIB, por encima del 1,4% registrado al cierre del primer trimestre de 2018.
Los ingresos totales con documentos fiscales del Gobierno Central a marzo 2019, ascendieron a $1,618 millones, con una disminución de 7,1% con respecto a marzo 2018, explica un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas.
El déficit financiero del Gobierno Central al final del año pasado fue equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, 1,2% menos que lo proyectado inicialmente.
Según las autoridades, el déficit fiscal según proporción del PIB fue menor al esperado debido a las medidas tomadas en materia de recaudación, contención del gasto y eficiencia, y a la aprobación de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Standard and Poor’s anunció que redujo la calificación de riesgo de los bonos costarricenses desde BB- a B+, sumándose a la rebaja que hizo Moody's a inicios de diciembre.
La calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P) informó que la decisión fue tomada debido a que la situación fiscal del país podría generar un aumento continuo en la carga neta de la deuda del gobierno general.
La calificadora redujo de Ba2 a Ba1 las calificaciones del emisor de bonos a largo plazo y bonos senior no garantizados del Gobierno de Costa Rica, y cambió la perspectiva a negativa.
Según Moody's entre las principales determinantes de la rebaja figura el empeoramiento continuo y proyectado de las métricas de deuda en la parte posterior de grandes déficits a pesar de los esfuerzos de consolidación fiscal.
La administración Alvarado celebra la aprobación de la reforma fiscal en Costa Rica anunciando una serie de iniciativas que contemplan, entre otras cosas, un proyecto de reforma del empleo público.
Luego de un año de trámite en el Congreso y después de haber sido revisado por una Sala Constitucional, finalmente fue aprobado por la Asamblea del país el expediente 20.580.
Entre 2014 y 2017 el déficit fiscal subió a 1,4% del PIB en promedio, y para este año las autoridades prevén cerrar en 1,6% y en 2019 podría subir hasta 2,5%.
Representantes del Ministerio de Finanzas Públicas informaron que parte del incremento del déficit fiscal previsto para el próximo año, será debido a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, que ascenderá a $11.390 millones, permitirá asignar más recursos para el mantenimiento de infraestructura.
Argumentando una contracción económica mayor a la esperada, un creciente déficit fiscal y un mayor riesgo de restricciones financieras internas y externas, la calificadora redujo la nota de B a B-.
Esta es la segunda reducción de la calificación por parte de Fitch Ratings en lo que va del año. En el primer trimestre la nota era de B+ con perspectiva estable, en el segundo trimestre la calificadora la bajó a B con perspectiva negativa, y ahora la redujo hasta B-, y mantuvo la perspectiva negativa.
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