La obra en Amador está paralizada desde enero, y la Autoridad de Turismo evalúa rescindir el contrato con HPC-Contrata-P&V, para adjudicárselo a Ingenieros Civiles y Asociados.
El tiempo límite para la reanudación de las obras finalizó el 31 de enero pasado, por lo que HPC-Contrata-P&V, S.A. Actualmente se encuentra negociando con el grupo Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) que manifestó su interés en continuar con los trabajos de construcción.
Carencia de liderazgos claros, caos en la interna de los principales partidos políticos y fragmentación parlamentaria amenazan el clima de negocios costarricense.
Las contradictorias declaraciones sobre la seguridad jurídica del mega proyecto puerto de contenedores en Moin ($1.000 millones), emitidas por el muy probablemente próximo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y el fundador de su partido (Acción Ciudadana) y diputado jefe del grupo legislativo, Ottón Solís, generaron justificada alarma en medios empresariales.
Nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda encuentran irregularidades en las adjudicaciones y cancelaron 42 contratos de obra por un monto de $192 millones.
El nuevo titular de la cartera, Alejandro Sinibalidi, en conferencia de prensa se refirió al desorden administrativo imperante y la falta de control de la deuda contraída.
Las nuevas autoridades evaluarán cada una de las obras para reactivar el plan de reconstrucción.
El Gobierno no podrá usar más del 20% de presupuesto de inversión en proyectos ejecutados bajo esta modalidad.
Cuando los proyectos son ejecutados "llave en mano", son los contratistas los responsables del financiamiento, a quienes el Estado paga una vez completada la obra. El límite actual a este tipo de contrataciones fue introducido a pedido de las agencias calificadoras de riesgo.
El proyecto que será presentado en próximos días busca simplificar y dinamizar los procesos licitatorios y permitir mayor participación a las PyMEs.
Las reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) han sido lideradas por la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco).
El artículo en Elsalvador.com señala, " La tesis de la Cámara es que las reformas al instrumento legal permitirán ajustar los montos para contratos con plazos menores a 12 meses, y facilitar el afianzamiento pare el otorgamiento de garantía de los proyectos."
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