Por factores como el cierre de empresas y falta de oportunidades, se estima que a Honduras y El Salvador la actividad delictiva les representa un costo de 16% del PIB, y en el caso de Guatemala, sus pérdidas podrían ascender a 7% de su producción.
En América Central, los costos humanos de la delincuencia siguen siendo de los más elevados del mundo. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el denominado Triángulo Norte, se registran alrededor del 4,5% de los homicidios en todo el mundo a pesar de tener solamente alrededor del 0,4% de la población mundial, precisa un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Luego de que tres militares fueran asesinados en Izabal, el sector empresarial guatemalteco pide al gobierno que recupere el control de los territorios en donde dominan grupos criminales.
En varias ocasiones las cámaras empresariales han denunciado que en el área que va desde el Valle del Polochic hasta Izabal, operan grupos del crimen organizado, afectando así la actividad productiva en el área.
El Departamento de Estado de EE.UU. renueva sus advertencias a los viajeros señalando el aumento en el crimen y la violencia en El Salvador.
El Departamento de Estado de Estados Unidos continúa advirtiendo del peligro inminente que significa para sus ciudadanos viajar al país centroamericano.
La procuradora del Estado señala la penetración de las organizaciones del narcotráfico en la economía y las instituciones políticas panameñas.
De acuerdo con la procuradora, Ana Belfon, durante su primer año de labores percibió como ha incrementado la penetración de la delincuencia organizada en la economía y las instituciones del Estado panameño.
“No es extraño que el narcotráfico pueda penetrar las instituciones, ya que ha logrado crear prácticamente una economía paralela”, explicó Belfon.
Los empresarios agrícolas guatemaltecos gastan $300 millones en seguridad privada lo que representa entre 12% y el 16% de sus presupuestos.
Prensalibre.com reseña que “la Cámara del Agro (Camagro) denunció que durante el 2013 se incrementaron los hechos delictivos como secuestros, amenazas y retenciones contra sus trabajadores, así como el robo y la destrucción de la propiedad privada…”.
Algunos fiscales en el interior del país prefieren no conocer sobre casos de alto impacto, e incluso hay magistrados que tampoco desean juzgar en ellos por temor a represalias.
A este se suman otros problemas a los que se deben enfrentar las fiscalías del Ministerio Público (MP) al interior del país como la falta de seguridad, de espacio físico y la acumulación de expedientes.
El presidente Pérez Molina apuesta a la tecnología de punta en el control migratorio y del movimiento de mercaderías para prevenir y combatir el delito.
De la nota de prensa del Gobierno de Guatemala:
El presidente Otto Pérez Molina se refirió al papel clave de la tecnología en la seguridad y la lucha contra la delincuencia y ratificó el compromiso del gobierno de modernizar las instituciones de persecución del crimen y fortalecimiento del sistema de justicia del país.
Aunque Nicaragua tiene uno de los niveles de criminalidad más bajos de Centroamérica, en San Juan del Sur los robos a los turistas comienzan a afectar al sector.
Los dueños de los negocios y los extranjeros residentes de la zona han denunciado los constantes robos, sin embargo, hasta el momento no hay acciones ni respuestas al problema. Estimaciones de la Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana industria Turística (Cantur) revelan que por semana ocurren 11 asaltos a turistas en este lugar.
El fenómeno afecta a gran parte de América Latina, cuyos países destinan en promedio el 8% de su producto bruto a costos de seguridad.
Esa fue la conclusión a la que se llegó durante el foro “Conectando las empresas como socios para la prosperidad con seguridad en las Américas”, organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el sector privado, en el marco del Guatemala Investment Summit.
Una encuesta entre empresarios salvadoreños revela que durante 2012 el 66% de sus empresas o su personal fueron afectadas hasta en dos veces por extorsiones, secuestros o asesinatos.
La Encuesta ENADE 2013 evaluó la percepción empresarial sobre el desempeño de funcionarios de gobierno, la seguridad pública, la política fiscal y la institucionalidad democrática.
En El Salvador el presupuesto estatal destinado a Seguridad es de $500 millones anuales, mientras que en su conjunto la empresa privada invierte $600 para autoprotegerse.
“Los presupuestos sumados (Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Fuerza Armada de El Salvador) llegan alrededor de $500 millones y el sector privado invierte arriba de $600 millones anuales en el tema de seguridad”, dijo Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Empresarios señalan que el costo por pagar las cuotas de extorsión para poder realizar actividades productivas o comerciales, puede llegar hasta el 1% de las ventas.
El artículo en S21.com.gt reseña que "Los empresarios industriales del país hicieron ver su preocupación al Ministro de Gobernación por las extorsiones y robos de los cuales, dijeron, son víctimas así como de la ola de asesinatos que mantiene 'el clima de zozobra' en el país, expresó Javier Zepeda, presidente de la Cámara de Industria (CIG)."
Mientras otros países centroamericanos preparan impuestos para combatir la inseguridad, en Nicaragua afirman que no es conveniente.
El presidente de Guatemala, Alvaro Colom, propuso a sus pares del istmo la creación de un impuesto regional específico para combatir el crimen organizado y la violencia que genera.
Aunque la propuesta no prosperó en la reunión del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, tanto Costa Rica, El Salvador y Honduras están trabajando en la implementación de tributos nacionales para sus propios planes de seguridad.
La empresa privada participará en el monitoreo de los resultados del plan.
Siguiendo el ejemplo de Colombia, donde el monitoreo del sector empresarial privado fue clave en la implementación de las medidas de seguridad propuestas por el gobierno, empresarios de El Salvador darán seguimiento al plan de seguridad y el impuesto a los grandes capitales.