Transparencia Internacional considera que el proyecto de ley actualmente en discusión es insuficiente para impedir la corrupción en el sistema de compras del Estado.
Para el capítulo panameño de la organización Transparencia Internacional, el proyecto de ley sobre contrataciones públicas en el país debería incluir aspectos como hacer público el plan anual de acciones, reducir más la discrecionalidad para contratar de forma directa, eliminar la posibilidad de “adendas lesivas a los intereses del Estado” o mejorar el proceso de pago de las cuentas.
La eliminación de las licitaciones abreviadas forma parte de la búsqueda de mayor transparencia, e implicará mayor tramitología.
La principal gran modificación en la ley es la eliminación de los cambios que se hicieron a la misma durante la administración Martinelli y volver, prácticamente, a la ley con sus características originales. Una de las premisas que la dirección de Contrataciones Públicas asegura estar siguiendo es a favor de la transparencia, de manera que los procesos de contrataciones sean lo más claros y transparentes posible, principalmente en lo que a costos se refiere.
La reforma para regular el proceso de contrataciones que realiza el Gobierno cobra vigencia a partir de hoy, 12 de mayo de 2011.
La Ley número 22, que norma los procesos de contratación en el país, fue reformada y sancionada por el Presidente Martinelli, y comenzará a regir a partir de esta semana.
Como parte de las modificaciones realizadas, el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá potestad para aprobar las contrataciones públicas menores a $300 mil, siguiendo un proceso excepcional.
El proyecto en vía de aprobación en la Asamblea Legislativa pretende agilitar las compras del Estado, reduciendo los plazos en los procesos licitatorios, entre otras reformas.
El ministro de Economía, Alberto Vallarino, explica que la intención del gobierno es hacer más expeditivos y ejecutivos los procesos para la compra de bienes y servicios por parte del Estado panameño, pero los empresarios expresan su preocupación por considerar que se está afectando el principio de selección de ofertas por concurso, y se está fomentando la compra directa.