En El Salvador cada semana al menos dos negocios reportan su intención de cerrar debido al impacto de las extorsiones, un problema que, lejos de resolverse, parece empeorar cada año.
Representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), manifestaron que los empresarios del país no perciben ninguna mejora significativa en el clima de seguridad, luego de que en abril pasado se extendiera, por seis meses más, las medidas extraordinarias de la administración Sánchez Cerén para intentar controlar la delincuencia y la inseguridad.
El sector agrícola denuncia que algunas empresas agropecuarias han cerrado sus operaciones debido a la ola de delincuencia que afecta el interior del país.
Del comunicado de la Cámara del Agro:
Ante el incremento de hechos violentos perpetrados en contra de colaboradores e instalaciones privadas de las empresas agrícolas que operan y generan empleo en el interior del país, hacemos saber que:
La empresa de bebidas Industrias La Constancia suspendió temporalmente las operaciones de la marca Agua Cristal por la inseguridad que reina en el país.
Del comunicado de Industrias La Constancia:
Hacemos de conocimiento público que, debido a la escalada de inseguridad que afecta a las comunidades de los alrededores del Mercado "La Tiendona" y con el fin de garantizar la integridad física de nuestros colaboradores y contratistas, nos hemos visto obligados a suspender las operaciones de Agua Cristal temporalmente.
La cadena de restaurantes de comida rápida Hooters anunció el cierre temporal de su local en San Salvador debido al clima de inseguridad y violencia en el país.
Del comunicado publicado por la empresa:
"Por este medio informamos a la comunidad Salvadoreña que por motivos de fuerza mayor, consecuencia de la situación de inseguridad y violencia actual en el país, se nos ha solicitado el cierre temporal de las operaciones de Hooters El Salvador.
Las extorsiones y los robos a tiendas y a los camiones que transportan mercadería provocan el cierre de las pequeñas empresas.
De acuerdo con Howard Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio filial San Miguel, la delincuencia está imparable y las autoridades no dan abasto para detener el delito. Solo en esa filial se reporta el cierre de 15 negocios.
Compañías constructoras víctimas de las extorsiones han tenido que cerrar operaciones dejando sin empleo a unas tres mil personas.
De acuerdo con Silvio Larios, gerente general de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), los empresarios han buscado manejar ese tema con discreción, pero ya no pueden pagar siquiera las cuotas de la Cámara de la Construcción, y han cesado operaciones dejando sin empleo a miles de personas.
El estudio realizado por gremiales de los micro y pequeños empresarios revela que el 70% son víctimas de extorsiones, de los cuales un 65% no presenta denuncia por temor a represalias.
El estudio que contó con la participación de más de 425 representantes de MyPEs fue realizado de forma conjunta entre el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), Unión MiyPEs y la Sociedad de Comerciantes e Industriales de El Salvador (SCIS).
La intimidación empieza con una llamada telefónica exigiendo una "colaboración" de $25, cifra que puede aumentar hasta $250 si el comerciante extorsionado se resiste.
Para quienes se niegan a la extorsión, la única solución es cerrar su negocio, y cambiar su número de teléfono.
El artículo en Laprensa.hn reseña que "Antes de cumplir un año de estar funcionando, decenas de microempresas se ven obligadas a cerrar operaciones porque no pueden pagar los montos exigidos por los extorsionadores. Lejos de menguar, este flagelo golpea a más familias hondureñas, quienes ante el temor de perder sus vidas ceden a las exigencias de estos grupos criminales."
El estudio realizado en el mes de julio por la Cámara de Comercio de Honduras revela que las extorsiones han causado el cierre unas 1,600 empresas.
La delincuencia que afecta al país detiene el desarrollo económico, ahuyenta la inversión y genera pérdida de empleos, señaló Mario Bustillo, presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa.
"El resultado es alarmante, 1,600 empresas en su mayoría pertenecientes al sector comercial, han sido víctima de extorsionadores que comenzaron con cantidades pequeñas, luego aumentaron la cuantía y después de cobrar semanalmente el impuesto de guerra, exigieron el pago diario.", reseña el artículo de Laprensa.hn
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