Los industriales salvadoreños reclaman que con el veto del presidente Sánchez Cerén a la ley de simplificación administrativa, se pierde una valiosa oportunidad para mejorar las ya deterioradas condiciones que ofrece el país para generar negocios.
EDITORIAL
Con el veto al decreto Ley de Simplificación Administrativa, el gobierno salvadoreño envía un claro mensaje a la comunidad empresarial y a la sociedad en general: No hay interés en allanarle el camino al sector privado para que genere más empleos y, consecuentemente, más riqueza y desarrollo socioeconómico.
En una brillante primavera el jardín floreció glorioso y todos querían flores. Dijo Juan “- Yo merezco 10”, y el jardinero le dio 10. “- Yo quiero llevarme 11” dijo Pedro, y le concedieron 11. “- Exijo 12” protestó Manuel, y le garantizaron 12. “- Quiero 13” gritó José, y obtuvo sus 13. Muchos reclamaron así, y obtuvieron. Al final quedó una flor ya algo mustia que le fue otorgada a un mudo sin nombre. Y el jardinero fue aclamado por su generosidad.
Pero en la siguiente primavera el jardín produjo muchas menos flores, pese a lo cual Juan pretendió llevarse sus 10, Pedro sus 11, Manuel sus 12, y José sus 13 flores. “- Eso es lo que nos corresponde” gritaban. “- Es nuestro derecho” alegaban. Y contrataron un abogado que presentó una demanda para que el jardinero entregara lo que por “derecho adquirido” les pertenecía. Y el juez, que era Manuel, falló a favor de los demandantes.
El empresario que realmente es un empresario, no necesita que un funcionario que nunca lo será, le diga cómo se genera riqueza y cómo se obtienen ingresos.
EDITORIAL
En Costa Rica el gobierno sigue pensando que el funcionario puede enseñar al empresario cómo hacer su trabajo y cómo generar riqueza.
Fracasado en su tarea de propiciar las condiciones favorables en infraestructura, en capacitación y disponibilidad de recursos humanos, en acceso al crédito y en facilidades en los tramites para la creación y crecimiento de empresas privadas, en justicia comercial rápida y cumplida, el paquidérmico aparato estatal costarricense sigue creando organizaciones burocráticas de "fomento a la producción", y haciendo desaparecer otras que -hasta ayer- eran publicitadas como el alimento milagroso para el desarrollo del país. El nuevo invento -esta vez de la administración Solís- es la Agencia de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado -que por supuesto ya tiene el correspondiente y siempre imaginativo nombre corto: FOMPRODUCE.
El tiempo promedio para la región es de 28 días y el costo promedio de 48% del PIB per cápita, lejos de tiempos y costos promedio de la OCDE que son 9 días y 3,4% del PIB per cápita.
Con datos del Informe Económico Regional 2015, en el artículo en Prensa.com se reseña que "... Panamá es el país centroamericano donde abrir una empresa requiere menos trámites, tiempo y costo".
El concurso “GobernArte: El Arte del Buen Gobierno” deja enseñanzas claras sobre cómo la creatividad en la gestión y en el uso de la tecnología puede eliminar la odisea de los trámites públicos.
Del informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
En esta nota técnica se describen tres procesos innovadores conducidos por gobiernos subnacionales para la mejora de la gestión de trámites para ciudadanos y empresas.
Los leguleyos que viven de la tramitología reaccionan alarmados ante la agilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en los permisos para Actividades de Mínimo Impacto Ambiental.
EDITORIAL
El artículo en Plazapública.com.gt reseña que hasta hace muy poco tiempo, "... había únicamente tres formas de clasificar Instrumentos Ambientales.
Lo que pierda el Estado de Costa Rica por el litigio por la fallida concesión de la mina Crucitas, saldrá del bolsillo de los que pagan impuestos.
EDITORIAL
Durante los 20 años que dura esta novela de la mina de oro Crucitas, ninguna de las personas físicas de una u otra manera involucradas, sufrieron perjuicio económico alguno y muchas, por el contrario, vieron aumentados sus ingresos y sus cuentas bancarias.
Los funcionarios públicos no entienden ni quieren entender de innovación, porque sus privilegios anclan en el pasado conocido y nunca en el futuro.
En Costa Rica no se puede registrar un vehículo fabricado en el país porque no existe la Declaración Única Aduanera exigible según las normas.
El artículo en Elfinancierocr.com reseña las vicisitudes de un inventor costarricense que desarrolló un vehículo eléctrico y ahora busca financiación para su fabricación.
La corrupción, la inseguridad y la inestabilidad política son los principales factores que no permiten el avance del país.
Así lo revela el ranking de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), en el que el país retrocedió tres escalones ubicándose en el puesto 111 de 148 naciones evaluadas.
“… Honduras aparece aplazado en los 12 indicadores evaluados por la institución, aunque se destacan factores como la facilidad de financiamiento, estabilidad bancaria, apertura comercial, transferencia tecnológica y una elevada tasa de matrícula en el nivel primario”, reseña el artículo de Laprensa.hn.
Los inversores que piensan abrir una empresa en Latinoamérica deben armarse de mucha paciencia.
En muchos países latinoamericanos lleva veinte veces más tiempo registrar una empresa que en Estados Unidos, Singapur o Nueva Zelanda. Según el nuevo informe de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, varios países siguen entre los campeones mundiales de la burocracia, mientras que en Europa del Este, Asia y Africa están actuando con mayor rapidez para reducir el papeleo gubernamental y facilitar así el establecimiento de nuevas empresas.
Los inversores que piensan abrir una empresa en Latinoamérica deben armarse de mucha paciencia.
En muchos países latinoamericanos lleva veinte veces más tiempo registrar una empresa que en Estados Unidos, Singapur o Nueva Zelanda. Según el nuevo informe de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, varios países siguen entre los campeones mundiales de la burocracia, mientras que en Europa del Este, Asia y Africa están actuando con mayor rapidez para reducir el papeleo gubernamental y facilitar así el establecimiento de nuevas empresas.
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