La aerolínea anunció que recibió la aprobación por parte del Tribunal de Bancarrotas de EE.UU. en el Distrito Sur de Nueva York de su estructura de financiamiento bajo la figura de Deudor en Posesión por un total de más de $2.000 millones.
En el contexto de la crisis sanitaria y la caída del tráfico aéreo, Latam Airlines Group S.A. y algunas de sus filiales, se han acogido en EE.UU. a una protección voluntaria bajo el proceso de reorganización financiera del Capítulo 11.
Cabe destacar que este proceso es completamente diferente al concepto de quiebra, bancarrota o liquidación. Latam se acoge a la protección especial de este proceso para pagar a sus empleados, cumplir con sus obligaciones, pagar a proveedores críticos y realizar cualquier otra operación habitual de su negocio, informó la aerolínea el 26 de mayo de 2020.
La aerolínea de origen colombiano y que opera en todos los países de Centroamérica, solicitó en EE.UU. acogerse voluntariamente a la ley de bancarrota, a raíz de las pérdidas económicas que ha reportado la empresa por la propagación del covid19 a nivel global.
Acogerse a este proceso fue necesario debido al impacto imprevisible de la pandemia covid19, que ha provocado una disminución del 90% del tráfico mundial de pasajeros y se espera que reduzca los ingresos de la industria en todo el mundo en 314.000 mil millones de dólares, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), informó la empresa.
Un proyecto de ley que se discute en la Asamblea de Costa Rica tiene como propósito acelerar y simplificar los procesos que siguen las empresas cuando solicitan declararse en estado de insolvencia o en quiebra.
Actualmente en el país existen dos procesos liquidatorios, que son la quiebra y la insolvencia, además de otros dos en los cuales "...el deudor realiza propuestas a los acreedores para llegar a una solución, que son la administraicón y reorganización con intervención judicial, exclusivo para empresas, y el convenio preventivo, para empresas y personas."
La cadena Payless ShoeSource se declaró en quiebra y anunció un plan de reestructuración de sus operaciones, que no afectaría las que mantiene en Centroamérica.
La popular cadena de tiendas de calzado de bajo costo anunció el 4 de abril que presentó una petición voluntaria de reorganización de acuerdo con el Capítulo 11 del Código Federal de Bancarrota de Estados Unidos, "para facilitar la reestructuración financiera y operativa necesaria para seguir existiendo."
La ley recientemente aprobada permite reorganizar las finanzas o liquidar de forma eficiente a las empresas que presenten problemas de solvencia.
Del comunicado de la Asamblea Nacional de Panamá:
La creación de un régimen concursal de insolvencia que va dirigido a salvar a las empresas de la quiebra recibió tercer debate en la Asamblea Nacional.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este jueves, en tercer debate, el Proyecto de Ley No.297, del régimen de los procesos concursales de insolvencia que busca salvar empresas eficientes y generadoras de empleos a través de un mecanismo especial.
Un proyecto de ley busca que se pueda reorganizar las finanzas o liquidar de forma eficiente a las empresas que presenten problemas de solvencia.
Del comunicado de Presidencia de Panamá:
El ministro de la Presidencia Álvaro Alemán presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley sobre el régimen de los procesos concursales de insolvencia, con lo que se busca adecuar el Código de Comercio de Panamá que recoge este tema, pero que data de 1916.
La reciente quiebra de R.G. Hotels y su impacto en el mercado vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de disponer de un marco legal que permita la reestructuración o un finiquito ordenado de empresas fallidas.
Un proyecto de ley que brinde un marco legal adecuado para que las empresas que enfrenten dificultades financieras puedan reordenarse sin generar efectos negativos sobre terceras partes es una de las propuestas que la Asociación Bancaria de Panamá ha intentado materializar durante años, sin éxito. Los efectos que aún genera sobre empresas e inversionistas la quiebra de RG Hotels refleja la necesidad de impulsar una legislación, la cual "... sería apoyada por el regulador bancario, Ricardo Fernández, superintendente de Bancos de Panamá, quien también confirmó a ANPanamá el interés por el tema."
Las empresas del Grupo Unidos por el Canal "quisieran que cada uno de los miembros del consorcio pudiera reclamar directamente al Canal y no a través de GUPC, en caso de que se declare en bancarrota".
El anuncio fue hecho por el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, en momentos en que resurge el tema de los reclamos por aumento de costos que motivaron la detención de las obras durante el año pasado.
Cinco filiales de Codere, que opera 11 casinos en Panamá, se declararon en bancarrota un mes después de que lo hiciera la casa matriz.
Cinco filiales de la casa de apuestas Codere se han declarado en bancarrota un mes después de que la casa matriz anunciara que enfrentaba graves problemas financieros que le impedían honrar sus deudas. La filial panameña continua operando normalmente.
Ponen como ejemplo la solicitud de la promotora del Trump Ocean Club de acogerse al capítulo 11 del código de bancarrota de EE.UU., para poder reestructurar su deuda.
“El capítulo 11 es una herramienta vital para que las empresas puedan sobrevivir y continuar adelante. Si hubiese existido en Panamá, lo hubiésemos hecho a la luz de la legislación panameña.
Actualmente no existen normas precisas para el proceso de quiebra, y es corriente que la empresa fallida siga operando con otro nombre.
Un nuevo proyecto de Ley propone que en Guatemala existan procesos claros y ordenados a la hora de enfrentar la quiebra en una empresa con el objetivo de proteger la inversión.
Directivos de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) presentaron este lunes un borrador de anteproyecto de ley de quiebras al Ministerio de Economía, reseña el artículo de Prensalibre.com.
La propuesta busca que empresas en situación de insolvencia puedan acogerse a un plan de pagos acorde con su capacidad financiera.
El proyecto que será presentado al Gabinete, por el Ministerio de Comercio e Industrias, agrupa las propuestas de la Asociación Bancaria de Panamá y de la Cámara de Comercio, "... plantea la creación de una Comisión Nacional de Reestructuración Empresarial, que dependería del Mici y que estaría integrada por tres comisionados y un director ejecutivo", señala Prensa.com.
El sector bancario no está de acuerdo con la aprobación de una propuesta de ley de quiebra que beneficiaría a los deudores en general.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), ha solicitado a la superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que flexibilice la norma de clasificación de las categorías de los deudores.
Laprensagrafica.com recoge declaraciones de Armando Arias, presidente de ABANSA, "Al flexibilizar estas normas, que les estamos pidiendo por el plazo de un año, nos podrá permitir que aquellas personas que deban $100,000 en conjunto o menos les podremos refinanciar o reestructurar el crédito."
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