Luego de que en Guatemala se anunciara la intención de aumentar el impuesto a la distribución de cemento y al de combustibles, empresarios opinan que en este escenario de incipiente recuperación económica no es buena idea incrementar la carga impositiva.
Para hacerle frente a los efectos de la crisis económica que ha generado el brote de covid19, las autoridades guatemaltecas ya comienzan a discutir la política fiscal que aplicarán en 2021.
Un anteproyecto de ley pretende gravar las propiedades de cualquier valor con o sin construcción que no tengan un uso específico en cualquier lugar del país, declarándolas "bienes suntuosos".
La propuesta de Ley establece que "…Los inmuebles para recreación, esparcimiento o descanso, con construcción o sin ella, o en proceso de construcción, indistintamente de su valor o lugar de ubicación, tales como: casas, lotes, parcelas, quintas ubicadas en playas, lagos, montañas, o la ciudad…” serán gravados con el 1% sobre el valor fiscal fijado para el inmueble.
El sector privado rechaza las condiciones del tercer paquete de reformas que pretende implementar el gobierno saliente, reclamando reducir primero los gastos del Estado.
Más control del gasto público y no nuevos impuestos es lo que exigen los empresarios al gobierno, que pretende incrementar los ingresos del fisco con una tercera reforma y con la emisión de $800 millones en bonos.
Ya aprobado en primera instancia, el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria implica cambios sustanciales que en general elevan la carga sobre las actividades productivas y comerciales.
El artículo en Elfinanciero.com.cr reseña las principales consecuencias de la aprobación del plan fiscal.
Renta sobre los salarios:
Se plantea un nuevo tramo para gravar los sueldos más altos.
La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala registró ingresos de Q10 millardos ($1.27 mil millones) en 2011, una cifra récord de la recaudación del impuesto sobre la renta.
“Los buenos resultados obtenidos por las empresas debido a la recuperación de la economía guatemalteca, y las medidas para combatir la evasión implementadas por la SAT ayudaron a que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) superara los Q10 millardos en 2011, un incremento del 30 por ciento en comparación con los Q7.74 millardos de 2010 ($989 millones)”, escribió la web ElPeriodico.com.
Y para las burocracias en general, incluyendo las de los organismos internacionales: Un "experto" del Banco Interamericano de Desarrollo apoya la reforma tributaria en Costa Rica.
Aunque oficialmente el BID "no defiende una carga tributaria o política fiscal específica", uno de sus funcionarios apoya calurosamente el proyecto para aumentar la carga tributaria que soporta la economía costarricense, al punto de sugerir que esa carga fiscal sea similar a la que tiene la Argentina.
El monto de las exenciones impositivas más que duplica la suma que el gobierno pretende ingresar a las arcas fiscales con la reforma tributaria a estudio en el Congreso (2,5 % del PIB).
Entre las exoneraciones de mayor importancia se encuentra el impuesto sobre las ventas (3,68% del PIB) y el impuesto a la renta (1,82% del PIB).
El estudio realizado por el Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional con el apoyo de funcionarios del Ministerio de Hacienda, es el primer trabajo formal sobre gasto tributario que se hace en Costa Rica.
Con los nuevos impuestos el gobierno pretende recaudar entre $200 y $250 millones.
Lo que inició como un impuesto para recaudar fondos para combatir la inseguridad que afecta al país, terminó convertido en una segunda reforma fiscal, un paquete de impuestos que se gravan sobre diversas actividades económicas.
Impuestos sobre la renta, venta, ahorros financieros e ingresos brutos, sobre todo para el sector bancario, son algunos de los nuevos tributos que el gobierno ha decidido implementar, por segunda vez en tan solo dieciocho meses.
El aumento del gasto público en Costa Rica, en especial en pago de salarios, se ha convertido en una amenaza para toda la economía que debe ser corregida mediante recortes, o más impuestos.
El exceso de gasto en el Sector Público y en las instituciones descentralizadas ha motivado que para el presente año 2011 se proyecte un déficit público superior al que se ha dado en los últimos diez años.
Con su publicación en el diario oficial entra en vigencia el aumento del 1% en el impuesto sobre la renta (ISR).
La reforma a la Ley del ISR, aprobada por el Congreso Nacional es aplicable únicamente para las empresas con ingresos superiores a los $529 mil (10 millones de lempiras). El aumento será aplicable para el ejercicio fiscal que inicia en el 2011.
El aumento del 1% al impuesto sobre la renta (ISR), será aplicable a partir del ejercicio fiscal que inicia este año 2011.
La reforma a la Ley del ISR, aprobada por el Congreso Nacional es aplicable únicamente para las empresas con ingresos superiores a los $529 mil (10 millones de lempiras).
El ministro de Finanzas, William Chong explicó a LaPrensa.hn, " que la reforma no abarcará a los asalariados; 'aplica a quienes tengan actividad económica, menos a los asalariados, afecta a quienes evaden el fisco; quienes tienen pérdidas por desastres naturales o alguna situación de mercado no lo pagarían, pero deben justificarlo. En el caso de las gasolineras, farmacias y otras que venden productos a precios fijos se les regulará vía reglamento'."
El incremento en la actividad económica y en los ingresos fiscales permiten vislumbrar un escenario donde aumentar los impuestos sería contraproducente.
Pasó la crisis, cuando la recaudación fiscal disminuyó al compás de la baja del consumo de los guatemaltecos, y de las exportaciones e importaciones. Esto, combinado con la presión para mantener e incluso aumentar el gasto social para evitar mayores consecuencias en la población, dejó exhaustas las arcas del gobierno, que intenta solucionar el problema con una reforma fiscal, que básicamente es un aumento de la carga impositiva sobre la economía guatemalteca.
En El Salvador las urgencias del gobierno para obtener fondos para la aplicación de sus programas encienden el debate sobre ventajas y desventajas de la dolarización.
Mientras el presidente Funes ya se ha lamentado de que la dolarización en El Salvador le ha limitado los márgenes de acción para actuar contra los efectos de la crisis económica, el economista jefe para América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, Augusto De la Torre, insistió en que la dolarización no representa un obstáculo, y que en el caso de las economías de Panamá y El Salvador es determinante para aliviar a esos países de las presiones externas sobre los sistemas monetarios y la estabilidad del tipo de cambio.
Desde FUSADES se insiste en que es el momento propicio para llegar a un pacto fiscal que no implique solamente el aumento de los impuestos.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, a través del Departamento de Estudios Económicos y Sociales, DEES, realizó el conversatorio: “Democracia, transparencia y desarrollo: hacia un pacto fiscal”, en el cual participaron el Lic.
El gobierno analiza aumentar a 6% el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a 2% el Impuesto de Solidaridad (ISO)
La propuesta es analizada por un grupo de asesores presidenciales y el Ministerio de Finanzas Públicas.
"El ISO grava con una tasa del 1 por ciento sobre las ventas brutas o los activos netos de las empresas,...", publica Elperiodico.com.gt, "Otra de las opciones que se evalúa es aumentar la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el régimen general de 5 a 6 por ciento..."