En la revisión que realiza el gobierno de la reforma tributaria vigente en Nicaragua desde febrero, los empresarios consideran que no se hará ninguna rebaja en los impuestos, pese a que los costos de producción en el país se han elevado considerablemente.
Luego de que el 27 de febrero de 2019 fuera aprobada la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consiste en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%, el sector productivo ha reportado alzas en sus costos de producción.
Empresarios del sector industrial en Nicaragua aseguran que desde que se implementó la reforma tributaria en el primer trimestre del año, el empleo ha caído entre 30% y 35%.
El 27 de febrero de 2019 fue aprobada la reforma a Ley de Concertación Tributaria, que consiste en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta.
En medio de la crisis política y económica en que se encuentra Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó una reforma tributaria que eleva de 1% a 3% el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes.
La mañana del 27 de febrero fue aprobada la reforma a Ley de Concertación Tributaria, que también contempla subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta.
El Poder Ejecutivo propone reformar el alcance de la ley y cobrar una tasa de "registro a la producción de café" de $0,50 por quintal.
A pesar del rebrote de roya en el café, la deuda de $200 millones y la crisis de financiamiento que enfrenta el sector cafetalero, el gobierno salvadoreño propone cobrar más impuestos. Actualmente el anteproyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo está siendo analizado por la comisión legislativa agropecuaria.
El gobierno accedió a modificar las condiciones de la reforma impositiva propuesta para tomar en cuenta las críticas formuladas por el sector privado.
La empresa privada salvadoreña ha presentado a los funcionarios responsables los efectos adversos que enfrentaría el país si se aplican las nuevas medidas tributarias pretendidas, recibiendo señales de apertura a una discusión por parte del Gobierno, quien por primera vez desde 2009 y 2010 accede a negociar reformas fiscales con los empresarios.
La oposición en la Asamblea reclama al Gobierno la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad fiscal antes de aprobar emisión de deuda por $1.150 millones y el paquete de impuestos propuesto.
Los congresistas argumentaron que es necesario escudriñar a fondo el texto de las reformas propuestas, que es incierto el destino que hará el gobierno con los fondos obtenidos y que deben buscarse estrategias que reactiven la economía nacional de manera que se asegure la liquidez del estado en lugar de continuar endeudando al país.
El sector privado rechaza las condiciones del tercer paquete de reformas que pretende implementar el gobierno saliente, reclamando reducir primero los gastos del Estado.
Más control del gasto público y no nuevos impuestos es lo que exigen los empresarios al gobierno, que pretende incrementar los ingresos del fisco con una tercera reforma y con la emisión de $800 millones en bonos.
Mediante una nueva reforma tributaria se gravarían transacciones financieras, inmuebles improductivos y periódicos.
El artículo en Elsalvador.com reseña que Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda declaró que "El Presidente (de la República) nos ha encargado al Ministerio que valoremos una propuesta aceptable para él y para la sociedad, que políticamente sea aceptable y que no dañe a los sectores productivos ni a la gente más pobre".
El poder ejecutivo retiró, formalmente, la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como "paque-tito".
Esta iniciativa había sido devuelta al Ministerio de Finanzas por parte de la Comisión de Presupuesto del legislativo, que solicitó que se ampliara en detallar cuales exoneraciones iban a ser eliminadas.
Ya aprobado en primera instancia, el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria implica cambios sustanciales que en general elevan la carga sobre las actividades productivas y comerciales.
El artículo en Elfinanciero.com.cr reseña las principales consecuencias de la aprobación del plan fiscal.
Renta sobre los salarios:
Se plantea un nuevo tramo para gravar los sueldos más altos.
El proyecto de ley recibió la aprobación en primer debate, y la votación definitiva está supeditada a la decisión de la Sala Constitucional sobre un recurso sobre el trámite legislativo.
Tras 15 meses de estar en las gavetas de los diputados de la Asamblea Legislativa, el proyecto de reforma tributaria paso el miércoles por la noche en primer debate con el apoyo de 31 parlamentarios y el voto en contra de 19.
El Pleno del Congreso de la República de Guatemala, aprobó el decreto 10-2012 “Ley de Actualización Tributaria”.
Del comunicado del Congreso de la República de Guatemala:
De urgencia nacional y con el voto de 122 diputados, el Pleno del Congreso de la República, aprobó el decreto 10-2012 “Ley de Actualización Tributaria”, en redacción final con el fondo de revisión incluido, planteado por el Organismo Ejecutivo para aumentar la recaudación Tributaria en al menos 4 mil 500 millones de quetzales en cuatro años.
El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala aceptó la demanda de la Gremial de Importadores de Vehículos Usados, y anunció modificaciones en el proyecto de Actualización Tributaria.
El gobierno dio marcha atrás en sus planes de reforma fiscal ante la fuerte reacción de los importadores de vehículos usados. A éstos se les seguirá calculando del mismo modo el impuesto de introducción, se permitirá la entrada de carros usados de hasta 15 años de antigüedad y no se la limitará a vehículos de menos de 7 años, como pretendía el Ministerio de Finanzas.
Cacif, cúpula del sector privado guatemalteco, manifestó que “todos debemos poner un grano de arena” y prometió un consenso con el gobierno.
Los presidentes de las cámaras empresariales de Guatemala se reunieron el miércoles con el presidente Otto Pérez y el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, escucharon la propuesta de ley de reforma fiscal, y adoptaron una postura positiva ante los cambios venideros.
La iniciativa de ley prevé que no podrán deducirse montos del IVA por compras, y aumenta la base fiscal para el pago del impuesto sobre la renta.
El gobierno de Guatemala tiene listo el proyecto de ley de reforma fiscal, el cual trae varias nuevos puntos: suprimir la posibilidad de un empleado de deducir el IVA por las compras anuales del pago de impuestos; aumento de la base de contribuyentes; y un aumento del doble del impuesto de circulación de vehículos.