En la revisión que realiza el gobierno de la reforma tributaria vigente en Nicaragua desde febrero, los empresarios consideran que no se hará ninguna rebaja en los impuestos, pese a que los costos de producción en el país se han elevado considerablemente.
Luego de que el 27 de febrero de 2019 fuera aprobada la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que consiste en subir de 1% a 2% el impuesto sobre la renta para las empresas medianas de mayor renta, y para los grandes contribuyentes de 1% a 3%, el sector productivo ha reportado alzas en sus costos de producción.
Para el FMI el país "podría necesitar medidas fiscales adicionales, concentradas en el corto plazo, para aliviar las presiones de financiamiento y mejorar la dinámica de la deuda".
Luego de analizar la situación actual de la economía de Costa Rica, los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) elogiaron la reciente reforma fiscal, que es importante para restablecer la sostenibilidad fiscal.
La nueva propuesta de reforma fiscal que presentó el ministerio de Hacienda de Costa Rica incluye la creación del sistema de renta global para gravar y cobrar el impuesto a las utilidades de empresas y personas.
Gravar la totalidad de los utilidades de las personas físicas y jurídicas, incluso las que en la actualidad pagan impuesto por aparte bajo la modalidad de renta cedular, es la principal novedad del nuevo plan de reforma fiscal que presentó el ministerio de Hacienda.
El vicepresidente y Ministro de Hacienda insiste a la Asamblea la aprobación de los proyectos de ley para instaurar la renta global y convertir el impuesto a las ventas en impuesto al valor agregado.
Para el diciembre próximo se tiene programado el plan para convertir el tributo a las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) y para el primer trimestre del 2015 el proyecto de ley de renta global.
El gobierno accedió a modificar las condiciones de la reforma impositiva propuesta para tomar en cuenta las críticas formuladas por el sector privado.
La empresa privada salvadoreña ha presentado a los funcionarios responsables los efectos adversos que enfrentaría el país si se aplican las nuevas medidas tributarias pretendidas, recibiendo señales de apertura a una discusión por parte del Gobierno, quien por primera vez desde 2009 y 2010 accede a negociar reformas fiscales con los empresarios.
La oposición en la Asamblea reclama al Gobierno la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad fiscal antes de aprobar emisión de deuda por $1.150 millones y el paquete de impuestos propuesto.
Los congresistas argumentaron que es necesario escudriñar a fondo el texto de las reformas propuestas, que es incierto el destino que hará el gobierno con los fondos obtenidos y que deben buscarse estrategias que reactiven la economía nacional de manera que se asegure la liquidez del estado en lugar de continuar endeudando al país.
Un anteproyecto de ley pretende gravar las propiedades de cualquier valor con o sin construcción que no tengan un uso específico en cualquier lugar del país, declarándolas "bienes suntuosos".
La propuesta de Ley establece que "…Los inmuebles para recreación, esparcimiento o descanso, con construcción o sin ella, o en proceso de construcción, indistintamente de su valor o lugar de ubicación, tales como: casas, lotes, parcelas, quintas ubicadas en playas, lagos, montañas, o la ciudad…” serán gravados con el 1% sobre el valor fiscal fijado para el inmueble.
Advierten que el impuesto en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa generaría más evasión afectando a todos los sectores sociales.
El nuevo impuesto sería del 0,25% sobre las transacciones financieras que superen los $750, aplicándose a los titulares del depósito, personas que ordenan pagos o transferencias y entidades del sistema financiero que realicen desembolsos de préstamos de cualquier naturaleza.
El sector privado rechaza las condiciones del tercer paquete de reformas que pretende implementar el gobierno saliente, reclamando reducir primero los gastos del Estado.
Más control del gasto público y no nuevos impuestos es lo que exigen los empresarios al gobierno, que pretende incrementar los ingresos del fisco con una tercera reforma y con la emisión de $800 millones en bonos.
En Guatemala reducirán de 75 a 25 las causales de sanción y establecerán rebajas de hasta 75% en los montos de las multas aplicables.
El artículo en S21.com.gt reseña que "Una nueva iniciativa de Ley Aduanera Nacional, consensuada entre el Gobierno, empresarios, aduaneros y navieras, reduce a 25 causales de sanción, una lista de 78 que establece la norma que, pese a estar en vigencia desde febrero de 2012, se encuentra en suspenso por decisión gubernamental."
Mediante una nueva reforma tributaria se gravarían transacciones financieras, inmuebles improductivos y periódicos.
El artículo en Elsalvador.com reseña que Carlos Cáceres, titular del Ministerio de Hacienda declaró que "El Presidente (de la República) nos ha encargado al Ministerio que valoremos una propuesta aceptable para él y para la sociedad, que políticamente sea aceptable y que no dañe a los sectores productivos ni a la gente más pobre".
El poder ejecutivo retiró, formalmente, la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como "paque-tito".
Esta iniciativa había sido devuelta al Ministerio de Finanzas por parte de la Comisión de Presupuesto del legislativo, que solicitó que se ampliara en detallar cuales exoneraciones iban a ser eliminadas.
Ya aprobado en primera instancia, el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria implica cambios sustanciales que en general elevan la carga sobre las actividades productivas y comerciales.
El artículo en Elfinanciero.com.cr reseña las principales consecuencias de la aprobación del plan fiscal.
Renta sobre los salarios:
Se plantea un nuevo tramo para gravar los sueldos más altos.
El proyecto de ley recibió la aprobación en primer debate, y la votación definitiva está supeditada a la decisión de la Sala Constitucional sobre un recurso sobre el trámite legislativo.
Tras 15 meses de estar en las gavetas de los diputados de la Asamblea Legislativa, el proyecto de reforma tributaria paso el miércoles por la noche en primer debate con el apoyo de 31 parlamentarios y el voto en contra de 19.
El Pleno del Congreso de la República de Guatemala, aprobó el decreto 10-2012 “Ley de Actualización Tributaria”.
Del comunicado del Congreso de la República de Guatemala:
De urgencia nacional y con el voto de 122 diputados, el Pleno del Congreso de la República, aprobó el decreto 10-2012 “Ley de Actualización Tributaria”, en redacción final con el fondo de revisión incluido, planteado por el Organismo Ejecutivo para aumentar la recaudación Tributaria en al menos 4 mil 500 millones de quetzales en cuatro años.